Un centenar de rumanos, a la calle

Cunas, mantas, maletas, cacharros de cocina, biberones, pañales, los perros, los gatos y algún pájaro, todos los enseres de una vida cotidiana de más de un centenar de personas, unas 30 familias, acabaron ayer esparcidos por la acera de la calle de Martínez Aloy de Valencia, cerca de la conocida Finca Roja.

Algunos se trasladaron a casas de familiares en otras localidades

Una orden judicial movilizó a seis unidades de la Policía Local que sobre las ocho de la mañana levantaron de la cama a pequeños y mayores para echarlos de los pisos ocupados de una finca de cinco alturas con tres portales, los números 9, 11 y 13. Nadie de servicios sociales acompañó a la policía. Sí lo hizo el administrador de la finca, en representación de los propietarios, que se negó a hacer declaraciones y se limitó a señalar a la mercantil Verdolaga, SA, como dueña de ese inmueble.

"Estoy embarazada de tres meses, no tengo trabajo, mi marido tampoco. Lo buscamos cada día, no queremos caridad. Estamos inscritos en el registro de personas rumanas que están en España, pero no sirve para nada", explica Stefan, que dejó a tres hijos en su país de origen.

Mientras, los operarios movilizados por la propiedad de la finca ponían rejas a las puertas de acceso al edificio y la policía recorría las escaleras para asegurarse de que no quedaba nadie, los afectados amontonaban sus cosas preguntándose dónde iban a ir. Algunos han conseguido que otros familiares les hagan un hueco, que saben transitorio. Tudor, su marido Emil y sus tres hijos aceptaron la cortesía de unos primos en Alfafar. "Pero tengo que vivir en una habitación, todos en una habitación, pagar 200 euros, llevar a mis hijos de siete y once años al colegio del distrito de Malilla en el que tienen plaza, ¿cómo lo hago? ¿quién me ayuda? Sólo queremos una casa, una oportunidad, me da igual que esté vieja, ya la arreglaremos", decía ayer mientras pensaba de qué cosas se desprendía para acomodarse en Alfafar.No es la primera vez que se quedan en la calle. Nadia, Tudor, Stefan, Emil y Dan, como la mayoría de los que ayer fueron desalojados, se conocen desde niños. Huyeron de Constanta, una localidad al este de Rumanía, después de las graves inundaciones sufridas a finales de 2005. "Nos quedamos sin nada. Solo agua. Perdimos todo. Y salimos como pudimos, unos antes que otros. Llegamos aquí, sin nada. Hemos dormido en la calle, en parques, con nuestros hijos. Limpiamos casas, vamos a la chatarra, pero no podemos trabajar porque no tenemos papeles, todo es siempre en negro". Muchos de ellos vivieron una experiencia similar muy reciente: el pasado verano fueron desalojados del edificio de la antigua Macosa, en la calle de San Vicente de Valencia.

Nadia y Tudor, con sus respectivas familias, estuvieron en las que fueron instalaciones de Macosa. Después de eso, Nadia llegó al número 11 de Martínez Aloy. En la primera planta, en un piso con cuatro habitaciones, le pagó, explicó, 650 euros a un español que le dijo que podía quedarse ahí. "Pero no me quiso dar ningún papel. Me he querido empadronar aquí y no he podido, llevo a mi hijo al colegio Santo Ángel, he buscado un alquiler y no puedo pagarlo, ni tengo papeles, ni nómina, ni nada". Cuando llegaron, tenían luz y agua. "Desde hace cuatro meses no", añadía. Es justo el tiempo que hace que la policía desalojó el número siete de la misma calle de Martínez Aloy, un edificio de una sola escalera que también amenazaba ruina, pero en cuyo bajo se mantiene abierta una frutería. Tudor, su marido y sus tres hijos vivieron primero en el número siete, donde pagó 700 euros nada más llegar. Desde Navidad, compartía con otras tres familias uno de los pisos que ayer fueron desalojados. En esa finca llegaron a vivir hasta 400 personas, más de 150 menores. Cuando cortaron la luz y el agua, la mayoría se marchó.

Ayer, el desalojo fue caótico, tenso en un primer momento porque los afectados aseguraban que no les habían advertido, que habían intentado negociar con el administrador sin éxito, extremo que éste no comentó.

Por otra parte, la Plataforma Salvem El Cabanyal denunció ayer que el pasado lunes la sociedad Cabanyal 2010, que convenió con población marginal la ocupación de infraviviendas ya abandonadas por sus propietarios, los ha empezado a expulsar del barrio.