Los arquitectos prevén graves daños en el Teatro Romano si se interviene

El Teatro Romano de Sagunto está en conversaciones de calle, en el discurso político, en reflexiones de técnicos. Y no por su belleza, acústica, aforo o programa. El Tribunal Supremo le ha dado presente a una ruina del siglo I al confirmar que las obras de rehabilitación que firmaran en los años noventa Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, deben desaparecer, son ilegales. No ha sido una sorpresa. 17 años en los tribunales y un primer fallo en el mismo sentido en 1993 hacían presagiar este final. Fue el abogado y más tarde diputado autonómico del PP Juan Marco Molines quien llevó a los tribunales la rehabilitación que la Administración socialista avaló en su día para dar utilidad al teatro, propiedad del Estado y de gestión autonómica. Grassi y Portaceli vistieron de vanguardia el objetivo de recuperar la volumetría y la disposición espacial de los teatros propias de la cultura del Imperio Romano. Eso supuso cambios de estética, color y materiales. Tuvieron por igual defensores y detractores.

"Es imposible retornar el teatro a su estado original", afirma Llisterri

Giménez: "Es increíble el apego que tiene a las ruinas la derecha"

La rehabilitación se hizo. Y el teatro tiene, desde hace años, actividad y programa. Pero aquello, dijeron los jueces, no fue una rehabilitación, sino una reconstrucción que modificó el aspecto del monumento. Y esa circunstancia no estaba amparada por la Ley Estatal de Patrimonio Histórico, de 1983. Marco Molines consiguió que los jueces pusieran negro sobre blanco que se ejecutó un proyecto fuera de la ley. No contento con ello, con el PP ya en el Ayuntamiento de Sagunto y en la Generalitat, dio un paso más y pidió en 2003, una vez confirmado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) por el Supremo, la ejecución de la sentencia. El tribunal dio primero seis meses. Pero los recursos ampliaron ese plazo hasta los 18, como quería el Consell. El Consistorio de Sagunto, que volvía en ese momento a ser socialista, recurrió. Y ha perdido. El Supremo ha dicho que las obras deben revertirse en 18 meses. El PP tiene un serio problema con muy difícil escapatoria.

Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, ha anunciado que no se actuará sin consenso entre las administraciones implicadas. Son dos: Ayuntamiento, del PP, y Generalitat, del PP. ¿Consenso? ¿Sobre qué? Los juristas tienen claro que es un callejón sin salida. La ejecución de sentencia es inexcusable. La sala es la responsable de velar que en 18 meses, periodo que puede extenderse por razones técnicas, se cumple lo que dictó.

Profesionales de la arquitectura rechazan una nueva intervención. El arquitecto Vicente Guallart, padre del proyecto Sociópolis, considera que "la actuación que se hizo en el Teatro Romano de Sagunto forma parte ya de la historia". Según él, "las condiciones que tiene ahora son mejores de las que tenía antes". Guallart cree que "ejecutar la sentencia pone en riesgo una estructura que ya estaba seriamente dañada". Y saca una conclusión: "Hay una primera lección que debemos aprender: las leyes son muy importantes. La Ley de Patrimonio que estaba en vigor cuando se planteó este asunto era ultraconservadora. Tenía una visión muy restrictiva. Las leyes no pueden hacerse con visión a corto plazo. Deben hacerse con perspectiva, ser flexibles. Es muy complicado usar criterios jurídicos sobre criterios técnicos. Esperemos que el Colegio de Arquitectos actúe con similar contundencia a como lo ha hecho en materia de urbanismo".

Fabián Llisterri, arquitecto, ex decano del Colegio de Arquitectos valenciano, es tajante: "La reversión no es posible. Es imposible retornar el teatro a su estado original. Estamos en un Estado de Derecho y las sentencias están para cumplirlas. Pero es imposible cumplirla si en la literalidad de la misma dice que se devuelva al estado original". Es consciente de la dificultad que se ha planteado. "¿Qué se puede hacer? No para sortear a la justicia, sino para cumplir con el fallo. La demolición necesita un proyecto. No creo que ningún arquitecto firme que no se producirán daños en la piedra original y asuma las responsabilidades que se deriven si ello es así. Hay que hacer un proyecto realista, no uno en el que se mienta. Y lo tiene que aprobar la comisión de Patrimonio. Devolver la obra a su estado original sólo quitando la obra añadida es imposible. Otra cosa es que se devuelva reconstruyendo después de quitar lo que se añadió. Si lo que se pretende es que el teatro quede como estaba, aunque no con las piedras originales, bueno. Pero eso es otro proceso. Si nos ponemos ortodoxos, no hay quien firme el proyecto. Es necesaria voluntad política. Saldremos perdiendo si se toca. Quedará peor de lo que estaba", afirma.

Emilio Giménez, arquitecto del IVAM, es contundente. "Si se ejecuta la sentencia, será una mierda lo que salga, sobre todo si se la encargan a algunos arquitectos, malísimos, que se oyen por ahí". Entiende que "los jueces se han quitado este asunto de encima diciendo que no entraban a valorar si la rehabilitación era buena o no". Y concluye: "Es increíble el apego que tiene la derecha a las ruinas, se ha burlado de la racionalidad, de la ilustración, para crear ese ambiente de novela gótica". El Colegio Oficial de Arquitectos no ha dicho aún nada. Pero anuncia: "El colegio se inhibirá, hará como los jueces, usará su mismo lenguaje para ser políticamente correcto".

A los técnicos les parece una sentencia que no es ejecutable. Algunos juristas consultados consideran que no hay escapatoria. Así lo expresa el letrado José Luis Martínez Morales: "La ejecución de sentencia no admite márgenes de interpretación. Dice lo que dice, no otra cosa. Yo entiendo que cuando habla de dejarlo en el estado previo incluye que ese trance se reconstruya aquello que por la reversión se vea dañado. Y no hay nada que acordar entre nadie, hay que cumplir lo que dice la sala, que es además quien vela porque se cumpla lo que ha dictado, al margen de que la parte que presentó la demanda pueda comunicar, en el caso de que se produjera, un incumplimiento. Le corresponde a la Generalitat, no hay licencia que dar, hay que cumplir un fallo. Y no vale cumplirlo a medias, eso seguiría siendo un incumplimiento".