La acumulación de solicitudes de Dependencia sin resolver es "brutal"

Tres años después de que la Sindicatura de Greuges comenzara a recibir quejas por la deficiente aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, este organismo acumula ya 4.000 reclamaciones, una cifra "impensable" en otras materias, como indicó Emilia Caballero, adjunta primera al Síndic.

Caballero explicó que tras la queja de oficio que el Síndic abrió en abril de 2007 para conocer la aplicación de la ley se produjo un "aluvión" de reclamaciones que "decayó en un momento determinado", pero que ha vuelto a crecer en las últimas fechas. Los problemas relacionados con la retroactividad de las prestaciones, los fallecimientos de dependientes a los que no les llegó la ayuda a tiempo o los cursos para los cuidadores son los principales motivos de este incremento de reclamaciones.

Bienestar Social dice que es necesario trabajar "conjuntamente"

La adjunta al Síndic hizo estas manifestaciones antes de la reunión que mantuvo con la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia y Comarcas. También indicó que "todavía existe un stock brutal de solicitudes de 2007 sin resolver, porque [la ley de la Dependencia] se está aplicando de manera muy aleatoria", informa Europa Press. De hecho, mientras estas peticiones se acumulan, existen otras más recientes, de 2008 y 2009, a las que ya se les ha dado curso.

El Síndic siempre está "dispuesto a recibir y tramitar todas las quejas para que esto se resuelva", con el fin de que "las personas perciban lo que tienen que percibir, porque la ley así lo determina", comentó. Para lograrlo, recordó que la institución no tiene poder ejecutivo pero sí "fuerza moral" y que cuenta "no sólo con la voluntad, sino con la obligación de estar ahí". "Porque el ejercicio de los derechos es lo que nos incumbe para conseguir que las administraciones cumplan con las leyes y los derechos humanos", añadió.

El coordinador de la plataforma, Jaime Esteban García, criticó que en los últimos meses, el problema "ya no es el derivado del bloqueo que había hasta diciembre para que la Comunidad Valenciana fuera más despacio que otras autonomías", sino que tiene que ver con "enmarañar los trámites con las solicitudes, las prestaciones o los pagos". García destacó, entre las principales peticiones de los familiares, que se derogue el decreto de incompatibilidades, que se aplique la retroactividad del pago de las prestaciones a la solicitud y que se cumpla con el plazo de seis meses para la resolución de los expedientes, como exige la ley.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, consideró ayer que es "necesario trabajar conjuntamente con los representantes de los afectados para llevar a cabo la mejor aplicación posible de la ley", tras un encuentro con el presidente nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, (Cermi), Luis Cayo y el presidente del Cermi-CV, Joan Planells.