Testaferros del caso Aguas de Calp plantan al juez

El juez que instruye el caso Aguas de Calpe ha ordenado a la Guardia Civil que busque a los tres presuntos hombres de paja a los que la empresa adjudicataria de los trabajos de saneamiento de la red, Obras Hidráulicas de Levante, propiedad de Francisco Artacho (cuñado del entonces edil de Aguas, el popular Juan Roselló), desvió más de un millón de euros de dinero público entre 2004 y 2005.

El testimonio de estos testaferros, que ayer no acudieron a declarar ante el tribunal que los había citado, es vital para aclarar un caso que lleva 6 años de instrucción: el juez quiere saber porqué el dinero que la concesionaria municipal de Calp gestionada por Roselló entregó a la mercantil de Artacho acabó en manos de tres particulares que no intervinieron en los trabajos.

El testimonio de los testaferros es vital para aclarar el destino del dinero

"Yo le daba los cheques en blanco y Artacho decidía a quién pagaba"

Los únicos datos de los hombres de paja de Artacho son sus nombres

De ahí que ayer el juez también citara a declarar al administrador de Obras Hidráulicas, Jesús Lara Santamaría, quien apuntó a Artacho, entonces su jefe, como principal cerebro de la trama: "Yo le daba los cheques en blanco y [Artacho] los cumplimentaba y decidía qué cantidades debía pagar y a quien" dijo Lara Santamaría, cuyo testimonio apunta así al entorno de Juan Roselló, que es del sector ripollista, como responsable de los desvíos del dinero en Calp justo cuando su jefe de filas, el presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, atraviesa dificultades por su implicación en el caso Brugal. Roselló sigue siendo en la actualidad diputado provincial y edil en el gobierno de Calp que el PP comparte con Bloc y PSD.

La dificultad en localizar a los tres testaferros estriba en que en el informe pericial sobre los movimientos bancarios de la firma de Artacho solo aparecen sus nombres, pero ningún otro dato más: ni sus direcciones ni sus documentos nacionales de identidad. Y eso que los tres cobraron cantidades importantes: Antonio Ramón Céspedes López, 435.600 euros, Javier Rojo García, 350.312 y Raimundo Lozano Hernández, 273.984.

El informe pericial constata que Obras Hidráulicas de Levante realizó pagos por un total de 3,1 millones de euros, dinero que antes había recibido de Aguas de Calpe. La firma del cuñado de Roselló ni siquiera ejecutó las actuaciones (entonces repartía propaganda) sino que las subcontrató a otra mercantil, Montubo, a la que abonó 1,5 millones. Fue el resto del dinero el que se perdió por el camino y no sólo a manos de los tres testaferros: el propio Artacho se reservó 59.120 euros y cedió otros 187.700 a su empleado Lara Santamaría si es cierta la versión de este último de que era el cuñado de Roselló el que decidía los pagos.

El informe pericial confirma que hubo sobrecostes: frente a los 3,1 millones que manejó Artacho, la Generalitat señaló que el coste de las actuaciones solo era de 2,2 millones y otro dictamen de la Universidad de Valencia lo redujo a 1,7 millones.

Ayer también acudió al juzgado un representante de la asociación de vecinos Penyal d?Ifach para reclamar que se aclare el destino del dinero defraudado.

En el caso están imputados, además de Roselló, Artacho y Lara Santamaría, el propietario de Montubo, Salvador Ibarra, el gerente de Aguas de Calpe, José Alberto Mut, y el gerente de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla. Los supuestos delitos son prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios.