El TSJ avala la sostenibilidad del Plan Rabassa en Alicante

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de ratificar la sostenibilidad del plan urbanístico más polémico de la ciudad de Alicante, el Plan Rabassa. El TSJ, en un auto comunicado a las partes el pasado día 4, deniega la medida cautelar solicitada por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de anular el plan que promueve el empresario Enrique Ortiz y que prevé 13.503 casas en la periferia norte de Alicante. La alcaldesa, Sonia Castedo, se mostró muy satisfecha con la decisión.

La PIC presentó la demanda el pasado mes de julio, después de que el TSJ decidiera levantar la suspensión cautelar del PAI de Rabassa a raíz de un recurso de apelación presentado por el Consell y por el promotor del proyecto al veto dictado inicialmente por el mismo tribunal a mediados de diciembre del año 2009.

En su argumentación, la sección 1 de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ considera que no se han planteado argumentos nuevos para analizar, por lo que se ratifica en su decisión de julio. En aquel momento el TSJ estimó que el plan era sostenible y cumplía con los estándares urbanísticos y medioambientales.

El TSJ consideró inicialmente el plan Rabassa como desarrollista, pero ha revisado su decisión para calificarlo de sostenible. El plan, de larga tramitación, fue aprobado definitivamente por el Consell en mayo del año pasado, pero el acuerdo fue recurrido por el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, la PIC y Esquerra Unida. Algo más de medio año después, el TSJ acordó suspender cautelarmente el plan porque no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer a la futura población y porque fue tramitado al margen del Plan General de Ordenación Urbana.

Esta decisión fue recurrida y siete meses después el TSJ decidió levantar la suspensión cautelar al considerar sostenible el plan. El segundo auto dio por bueno el informe de Aguas Municipalizadas de Alicante en el que, a pesar del informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, garantizaba los recursos hídricos. La entidad, además, rebajaba el consumo de agua hasta 1,9 hectómetros cúbicos al año. La mayor parte del caudal preciso para abastecer las necesidades del macroproyecto urbanístico procederá de la futura desaladora de Mutxamel.

Al margen de la polémica sobre su sostenibilidad, el Plan Rabassa también aparece en la investigación del caso Brugal. Entre las conversaciones grabadas por la policía e incluidas en el sumario de esta trama que investiga la corrupción vinculada al negocio de las basuras en La Vega Baja y con el urbanismo de Alicante, se recogen las numerosas gestiones realizadas por el promotor Enrique Ortiz para agilizar la aprobación definitiva del planeamiento. Entre otras, las gestiones se realizaron con el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, siempre según las grabaciones.

Los informes policiales también reflejan el interés del entonces alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Luís Díaz Alperi, del PP, por el plan. En una conversación, de hecho, Alperi asegura al empresario: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios", y le contesta que lo único que está pendiente, para la aprobación definitiva, es un informe del Ministerio de Fomento.