Solbes pone freno a la alegría presupuestaria de Camps

La Generalitat Valenciana liquidó las cuentas de 2006 con un astronómico superávit de 821 millones de euros y las de 2007 con otro de 338 millones. Pero técnicos de la consejería y del Ministerio de Hacienda llevan diez meses intentando acordar el volumen de la deuda que podría haber emitido el Instituto Valenciano de Finanzas el año pasado. La clave del litigio reside en el desfase de la deuda emitida por el Instituto Valenciano de Finanzas a lo largo de 2006, que según el equipo de Pedro Solbes duplica los 302 millones de euros que la Generalitat asumió como tope con el Gobierno y todos los consejeros de Hacienda en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Consell sólo podía endeudarse si los fondos iban a inversiones

"¿Si cierran el presupuesto de 2007 con un superávit de 338 millones de euros, para qué piden que se les autorice a emitir deuda?", se pregunta una portavoz oficial del ministerio. La liquidación del presupuesto de 2007 recoge una variación cero de los pasivos financieros. Formalmente, la Generalitat no emitió deuda a lo largo de 2007. No puede, no está autorizada.

El Consell que preside Francisco Camps está obligado a difundir cada mes el estado de tesorería. El pasado diciembre publicó el estado de tesorería a 30 de noviembre y tampoco apuntó ingresos por emisión de deuda, pasivos financieros. Desde entonces, no ha vuelto a publicar ningún estadillo.

Ante la imposibilidad de trasladar a deudas a largo plazo los problemas de caja, una práctica que introdujo José Luis Olivas, primer consejero de Hacienda de Eduardo Zaplana en 1996, "la tesorería sufre unas tensiones terribles", confiesa un alto cargo de la Consejería de Hacienda. La tesorería a 30 de noviembre refleja, en efecto, que la mitad de los fondos que Hacienda había movido correspondían a operaciones extrapresupuestarias, un capítulo en el que caben anticipos, fianzas, depósitos temporales de fondos europeos o, sobre todo, deudas a corto plazo. Y la pelota no deja de crecer.

El origen del problema reside en la obligación que adquirió la Generalitat de someterse a un plan de saneamiento presupuestario ante el Gobierno y el resto de comunidades autónomas cuando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reveló que el supuesto superávit de cuatro millones de euros que el Consell aprobó al liquidar sus cuentas de 2003 escondía en realidad un déficit de 700 millones de euros.

Cuando la demagógica consigna del déficit cero que impusieron los gobiernos de José María Aznar saltó por los aires en territorio valenciano, la Generalitat asumió un plan de equilibrio que afectaría a sus cuentas entre 2005 y 2007. El Consell solo podría endeudarse si justificaba que los fondos se destinarían a inversiones. Para el año 2006, el límite de aumento de la deuda acordado en el CPFF era de 302 millones de euros. Pero al cierre de 2006, la deuda pública de la Generalitat sumaba 10.931 millones de euros, 700 millones más que un año antes, según datos del Banco de España. Cada valenciano debía 2.264, mientras que la media de deuda por habitante del resto de las comunidades autónomas era de 1.343. En Navarra y el País Vasco, con régimen foral, la media de la deuda por habitante era de 577 euros.

El incumplimiento del plan de endeudamiento en 2006 es una de las claves que esgrimen los técnicos del Ministerio de Hacienda para rechazar las expectativas de aumento de la deuda el año pasado. Y a lo largo de todo 2007, la Generalitat no ha hecho otra cosa que marear la perdiz. Mandó el primer plan de inversiones en junio, con tres meses de retraso. Ante la contrapropuesta de los técnicos de Solbes, la Generalitat guardó silencio. Pero a mediados de noviembre remitió otro plan de inversiones que modificaba los criterios aplicados en la primera propuesta para intentar salvar la cara.Un alto cargo de la Consejería de Hacienda defiende que "cuando se pactó el plan de estabilidad presupuestaria se aplicaban las normas contables que la Unión Europea aprobó en 1995 y, a medio partido, el ministerio cambia las normas y empieza a aplicar las nuevas normas contables que la Unión Europea aprobó en 2000". Según la misma fuente, de acuerdo a las normas de 1995 se estimaba la deuda de determinadas empresas y entidades públicas y desde que se aplican las normas de 2000, se estiman otras, así, el desfase entre la propuesta de deuda para 2007 que plantea la Generalitat y la que ofrece el ministerio "es de unos cien millones de euros".

El cargo autonómico pone en cuestión los criterios que utiliza la Intervención General de la Administración del Estado para estimar las obligaciones de gasto que contrae la Generalitat: "Computan el coste de un colegio cuando se saca a licitación, pero sólo deberían considerarlo en el momento de pagarlo, dos años después".

El ministerio, según una fuente próxima a la negociación, sostiene que los planes de saneamiento se pactaron en su día; que los planes de endeudamiento anual son otra cosa, prácticamente una vía de alivio; recuerda que la primera propuesta de plan de inversiones para 2007 que remitió la Generalitat en junio sí se ajustaba a la norma común y, finalmente, que la norma es la misma para todas las comunidades autónomas.

También alude a los escritos remitidos desde la Generalitat en los que se denuncia un "trato desleal y discriminatorio", una fórmula acorde con el victimismo que predica Francisco Camps. Pero ofrece otro argumento que desarma cualquier demagogia contable. Si sólo se considerara la deuda de las entidades públicas que se computaron cuando se pactó el plan de saneamiento financiero, "todos los entes de su sector de administración pública distintos de los que figurasen en el plan de saneamiento aprobado dejarían de tener, sobrevenidamente, reglas de endeudamiento aplicables, por lo que podría endeudarse cuanto y como quisiera". El comentario del técnico ilustra las razones que explicarían la proliferación de fundaciones públicas o conciertos con entidades privadas que ha impulsado la Generalitat los últimos años.

De hecho, una de las claves de la disputa que intenta mantener viva la Generalitat es el calibre de "los préstamos imputados por los contratos de asociación público-privada"

Una portavoz oficial del Ministerio evita cifrar el volumen del desfase de la deuda valenciana en 2006 o el calibre del desacuerdo entre el CPFF y la Generalitat en torno a las emisiones de deuda de 2007. Pero afirma rotunda: "Lo que sí puedo asegurar es que la Intervención General aplica los mismos criterios a todas las administraciones".

Con permiso o sin permiso, la deuda pública de la Generalitat Valenciana a finales de 2007 era de 11.550 millones de euros según datos del Banco de España, 620 millones de euros más que el año anterior.