Segunda versión, a la baja, del modelo Alzira

La Generalitat estrenó en 1997 un modelo de contrato de concesión administrativa de los servicios sanitarios públicos diseñado para aliviar los costes de la atención médica a los ciudadanos. La novedosa apuesta, "pionera", en la jerga oficial del PP, o "valiente", en palabras de un alto ejecutivo alemán, provocó gran polémica y llegó a los tribunales. La gestión de la salud no compara con la distribución del agua potable, paradigma de la concesión administrativa. Pero el empeño de Eduardo Zaplana por experimentar nuevos modelos de gestión se impuso.

Una sociedad encabezada por la aseguradora Adeslas, vinculada al grupo Aguas de Barcelona; financiada por tres cajas de ahorro, Bancaixa, CAM y Caixa Carlet; y participada por dos constructoras, Dragados y Lubasa, levantó el hospital de La Ribera, en Alzira, y asumió la gestión de los servicios médicos de atención especializada en la comarca durante diez años a cambio de una compensación tasada en 204 euros por vecino y año que debía soportar el coste ordinario del hospital, amortizar los costes de su construcción y dotación y, naturalmente, generar algún beneficio. El contrato estimaba que poner en marcha el hospital exigiría una inversión de 32,4 millones de euros. Y fijaba un plazo de seis meses para establecer el coste real adelantado por los concesionarios.

La Generalitat insistió en ocultar el coste del experimento

¿Quién ejercerá el control de la gestión sanitaria del futuro hospital?

Nunca se aclaró el detalle de las partidas de gasto consideradas para establecer la compensación que la Generalitat se comprometió a pagar a cambio de la prestación de la atención sanitaria especializada a los vecinos de La Ribera. El diputado socialista José Camarasa aventura que la factura se cifró con criterios "cabalísticos" y sugiere que, tal vez, se consideró el gasto público medio anual por área de salud, se dividió por el número de habitantes y se recortó un 20% el resultado.

El hospital de La Ribera ha servido a los vecinos desde entonces. Adeslas, que se garantizó la dirección médica y financiera, ha recibido varios premios y reconocimientos por su capacidad para establecer al detalle y maximizar los costes de varios procesos clínicos habituales. Y la Generalitat ha hecho lo posible por ocultar el coste real del experimento para las arcas públicas.

La oposición ha denunciado varias triquiñuelas autorizadas por la Generalitat para engordar la factura, entre ellas el traslado de pacientes de otras áreas de salud al hospital de La Ribera o los cargos por prestaciones médicas comunes o servicios farmacéuticos que consideraba recogidos en el contrato original. El coste real de la construcción del hospital y su dotación se estableció en febrero de 2002, años después de lo acordado, y se cifró en 63,4 millones de euros, el doble de lo previsto en el contrato original.

Los números nunca se hicieron públicos. La Generalitat insistió en ocultar el coste del experimento. Y optó por ampliar el objeto de la concesión de servicios para incorporar la sanidad primaria, cuya prestación es mucho más barata. También revisó la compensación por la prestación del servicio para fijarla en 379 euros por habitante y año, prácticamente el doble de lo establecido en el experimento original. También elevó a 15 años el plazo de la concesión administrativa.

Para vestir la modificación del contrato tuvo que convocar un nuevo concurso y, por lo tanto, pagar el rescate de la concesión a la sociedad que gestionaba el hospital de Alzira a la que había cedido la gestión de la sanidad especializada durante diez años. El rescate se elevó a 43,9 millones de euros, una factura que pagaría el nuevo adjudicatario. Si lo hubiera. Pero que no cubría el coste de construcción y dotación del hospital que había anticipado la sociedad encabezada por Adeslas.

Para culminar el traje, al concurso para renovar la concesión de los servicios sanitarios en La Ribera se sumó otro para gestionar las mismas prestaciones, de atención primaria y especializada, en una zona de la Vega Baja que incluía la construcción de un hospital en Torrevieja.

Las condiciones revisadas del nuevo contrato despertaron el interés de empresas como la aseguradora alemana DKV, propietaria de Previasa, y vinculada al mayor grupo europeo de seguros de salud, o la estadounidense United Surgical Partners (USP), titular de ocho hospitales privados en España, que siempre limitaron su interés a la zona de la Vega Baja.

La recomposición del accionariado de la sociedad adjudicataria del hospital de La Ribera, debido a la desaparición de Caixa Carlet y la asociación de las dos grandes cajas de ahorro asentadas en la Comunidad Valenciana a través de una Cartera de Participaciones Empresariales (CPE) compartida a partes iguales, ha sido un factor clave en la composición de alianzas para optar a la versión revisada del experimento original.

CPE ha afrontado el concurso desde la posición de socio necesario. Sus dirigentes se han permitido cargar contra Adeslas, su socio en La Ribera, alegando que la aseguradora, desde su posición mayoritaria, nunca ha compartido los negocios paralelos a la estricta gestión médica del centro como las compras de material, provisiones o mantenimiento.

Un portavoz de Adeslas se limitó a expresar "extrañeza" ante el volumen del ruido generado por sus socios. Porque el ruido, extraño, era un mensaje dirigido a DKV, el socio tecnológico que había sido bendecido por el poder para gestionar los servicios sanitarios en la Vega Baja.

Tres altos ejecutivos de DKV llegaron a convocar a un grupo de periodistas para compartir el interés de la empresa por levantar y gestionar un hospital en Torrevieja una semana antes de que vencieran los plazos para optar al concurso. Los directivos de la empresa apuntaron los estudios sobre los servicios de salud elaborados en la zona, avanzaron su vocación de levantar un auténtico escaparate para sus procedimientos clínicos y deslizaron su disposición a renunciar al concurso si no quedaba clara su posición dominante en la gestión sanitaria.

Pero tropezaron con la valencianización del proyecto que impusieron sus interlocutores de CPE. Altos ejecutivos de las dos cajas celebraron en privado la solvencia del socio tecnológico dispuesto en la letra pequeña y no escrita del concurso y reiteraron que su único interés era compartir los beneficios de la concesión. Pero otros representantes en las cajas de ahorro apostaron por dominar todos los extremos de la gestión privatizada del servicio público.

DKV renunció a levantar el nuevo hospital de Torrevieja apenas 48 horas antes de que venciera el plazo. La presión adjetiva sobre la filial del gigantesco grupo de seguros y reaseguros Ergo, sociedad madre de DKV, fue excesiva.

Pero el plante de DKV amenazaba la reedición del experimento. Si el concurso hubiera quedado desierto habría quedado en entredicho la credibilidad del modelo auspiciado en su día por el presidente regional del PP. ¿Resultado?

La sociedad que venía gestionando el hospital de La Ribera, que aceptó un rescate de la concesión original inferior a la inversión que había asumido y, naturalmente, controlada por Adeslas, opta en solitario a gestionar la atención sanitaria de los vecinos de la comarca.

Otra sociedad, controlada por las cajas (40%), soportada tecnológicamente sobre la aseguradora Asisa (25%), la Clínica Benidorm (10%), el Hospital San Jaime de Torrevieja (10%), y apoyada por las constructora Necso (10%) y Enrique Ortíz e Hijos (5%), formuló apresuradamente la única oferta de última de hora para optar a la gestión del servicio sanitario público en la Vega Baja.

Todo indica que Adeslas y sus socios obtendrán mejores resultados en el futuro inmediato en La Ribera. Pero respecto al futuro sanitario de la Vega Baja sólo surgen interrogantes. La Clínica Benidorm ha sido señalada durante años por ser el único centro médico capaz de ofrecer ciertas prestaciones sanitarias en la capital de la Marina Baixa y por disfrutar de una posición exclusiva, aparentemente amparada por la Generalitat, según han denunciado los promotores de otros hospitales privados en la localidad. La oposición ha acuñado el término benidormización como caricatura de la valencianización para ubicar el caso.

Y, más allá de las sospechas, algunas preguntas: ¿Quién ejercerá el control de la gestión sanitaria del futuro hospital? ¿Acaso las cajas de ahorro? ¿Se ampliará el hospital San Jaime de Torrevieja, aval de uno de los socios tecnológicos minoritarios, o se construirá un nuevo centro público para hacerle la competencia?

Y, por encima de todo, ¿alguien recuerda, más allá de porcentajes, que el objeto del concurso es la salud de los vecinos?