Rus emplea de manera arbitraria un fondo de ayuda a municipios

En solo cuatro meses, del pasado 5 de marzo al 6 de julio, Alfonso Rus, presidente de la Diputación provincial de Valencia y alcalde de Xàtiva, concedió subvenciones por valor de 549.500 euros (más de 90 millones de las antiguas pesetas) a 47 ayuntamientos gobernados por el PP. En el mismo periodo, solo cuatro consistorios de la provincia dominados por otras fuerzas políticas lograron el favor del presidente. La cantidad que recibieron asciende a 14.875 euros, 37 veces menos que lo recibido por sus iguales populares.

En Valencia hay 268 municipios. Más de la mitad los controla el PP, alrededor del 30% el PSPV-PSOE y el resto se los reparten EUPV y agrupaciones independientes. Si se echan las cuentas, los consistorios populares salen claramente beneficiados.

Rus, como responsable de la Corporación provincial, gestiona una porción del presupuesto denominada "actuaciones de presidencia para fines de competencia provincial". El montante de esta partida en los presupuestos de este año alcanzaba, a 30 de junio, 4.427.000 euros (más de 736 millones de pesetas). Esta cantidad suele engordar, como lo ha hecho en los últimos dos años, antes de que acabe el ejercicio. El año pasado se superaron los cinco millones y medio de euros y en 2008 la partida se quedó en 3.777.000. Rus distribuye este dinero según las peticiones que recibe. Así, las 47 localidades valencianas gobernadas por el PP y las cuatro de la oposición han mandado sus solicitudes de crédito en las que explican para qué necesitan el dinero: desde instalar el aire acondicionado en una dependencia municipal, a comprar un par de televisores para el hogar del jubilado o pagar parte de los festejos patronales de los meses de verano. Los alcaldes piden y Rus accede.

3Lo más curioso es que en los decretos que firma el presidente, salvoconducto para que el dinero llegue a los pueblos, siempre aparece un párrafo, normalmente el tercero, que dice: "Atendido el interés público o social de la actividad o finalidad cuya subvención se insta, así como la imposibilidad de promover concurrencia, por las características específicas de la finalidad subvencionable...". Es decir, que por algún motivo, las normas que regulan la manera en que se ejecuta el presupuesto de la Diputación de Valencia indican la "imposibilidad" de que se convoque un concurso público. De esta manera, el ayuntamiento que quisiera podría optar al dinero del presidente y no el primero que llegue por lo primero que pida. En la Diputación explican que las ayudas "se conceden a todos los que las piden".

Las cantidades que concede el dirigente popular oscilan normalmente entre los 1.000 y los 60.000 euros. Las peticiones, dependiendo del que demanda, son más o menos exhaustivas. Así, el Ayuntamiento de Guadasequies, cerca de Xàtiva, gobernado por el PP, requirió la ayuda de la Diputación y así construir una pista de pádel para sus 385 habitantes. Rus concedió 30.000 euros. O si no la asignación del presidente a la "decoración de dos rotondas" en Lloc Nou d'En Fenollet, también controlado por el PP: 12.000 euros.

Las diputaciones provinciales permiten estas prácticas. Su naturaleza "medieval", como la describe el ex consejero de Administraciones Públicas, Vicent Soler, admite que su presidente maneje arbitrariamente grandes cantidades de dinero. "De esa manera", explica Soler, "la tentación de hacer un uso clientelar de ese dinero es muy grande: ir por ahí repartiendo dinero como un gran señor...". Soler apunta que ese es el gran poder de las corporaciones provinciales, que "tienen mucho dinero y poco que hacer". "Además, las diputaciones", añade, "siempre han jugado de contrapoder de la Generalitat. Con las subvenciones condicionan a los beneficiarios. Ya se veía venir cuando se pactó". Soler se refiere al inicio de la transición, cuando derecha e izquierda negociaron los rasgos del futuro estado de las autonomías. "Las diputaciones subsistieron", comenta Soler, "y ahora funcionan como una gran red de clientelismo político".

Hace un par de semanas, el grupo socialista en la corporación denunciaba que una de las empresas semipúblicas al amparo de la diputación, Imelsa, había repartido durante el primer semestre del año 2,8 millones de euros en subvenciones a dedo. Entre los beneficiarios destacaban clubes deportivos como el Valencia CF o el Levante UD, equipos y empresas vinculadas al motociclismo o entidades de menor relevancia mediática aficionadas al atletismo o al badminton. El problema, criticaban los socialistas, es que el dinero se reparte arbitrariamente, sin convocatoria pública ni criterios de selección objetivos. Así pues, el "dedo gracioso" de Rus, como apuntaba el socialista Rafael Rubio entonces, trasciende a la partida de presidencia. El presidente toca aquí y allá, como si se tratara de una empresa.

Pero el caso de Rus no es único. Si las diputaciones ejercen de contrapeso al poder del gobierno autonómico, las de Castellón y Alicante funcionan también de ejemplo. En la primera, dominada desde hace más de quince años por el popular Carlos Fabra, el equipo de gobierno tiene la potestad de adjudicar la ejecución de una obra de hasta 600.000 euros sin convocar un concurso público. Esto, según los socialistas, es "excesivo". Su portavoz, Francesc Colomer, asegura que las subvenciones a dedo funcionan de manera "transversal", es decir, que la presidencia aplica esta práctica en todas sus áreas de actuación.

En Alicante, la diputación la domina José Joaquín Ripoll. El mandatario popular sí dispone de una partida de libre disposición al estilo de Alfonso Rus. En los últimos dos años, el presidente alicantino, imputado por presunta corrupción en el caso Brugal, ha repartido así más de cuatro millones de euros. A lo largo de este ejercicio, Ripoll gastará, al menos, 1.815.102 euros más.