Revienta la burbuja alicantina

Caía la tarde del 19 de junio de 2010 en el estadio del Real Unión (Irún), cuando el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, levantaban los brazos al cielo. El buque insignia del deporte de Alicante, el Hércules CF, había consumado, después de casi tres lustros de frustraciones, el anhelado ascenso a Primera División. La gesta del Hércules completó el escaparate de oropel con el que el poder alicantino (político, económico y financiero) adornó el periplo hacia su particular Arcadia.

Nada más superada la resaca de los alicantinos por el éxito del Hércules y ahítos de repetir Somos de Primera, el viaje se vio afectado por tres vías de agua. La primera desencajó a los cargos públicos más destacados (líderes del PP locales y provinciales, hegemónicos en el poder desde mediados de los noventa); la segunda fulminó a los empresarios más influyentes y afines a los primeros; y la tercera desorientó al poder financiero.

El 'caso Brugal' ha destapado la confusión entre lo público y privado

Del medio centenar de cargos públicos ante los jueces solo dos han dimitido

Un año después, los tres pilares del poder alicantino arrojan este abrumador y negativo balance: 25 instituciones públicas (entre ellas la Diputación y el Ayuntamiento de la capital) en los juzgados por supuesta corrupción; más de medio centenar de cargos, liderados por el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y la referente del sector opuesto -los campistas- en la ciudad, la alcaldesa Sonia Castedo, imputados o acusados en los distintos sumarios; otra larga lista de empresarios imputados, con el promotor y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, y el industrial Ángel Fenoll a la cabeza; y la primera entidad financiera, la CAM, apelando al Banco de España para estabilizar su futuro, tras el estrepitoso fracaso de fusión fría con otras tres cajas de aparente menor potencial.

El 6 de julio de 2010 afloró la primera causa del estallido de la burbuja alicantina y dejó al descubierto las miserias de su trastienda. El lastre de sus pilotos pesaba como el ladrillo y el aire con el que se había llenado pasó de una ligera contaminación a la descomposición. Ese día, la justicia puso en marcha la segunda fase de la operación del caso Brugal, investigación gestada durante tres años que destapó la promiscuidad, rayana a veces con la obscenidad, entre el poder fáctico y electo de la ciudad. Las bases de esas viciadas relaciones eran las contratas de la basura y el urbanismo. Nada sorprendente. Ambas actividades florecieron en paralelo y sin control a la sombra del fácil y boyante negocio del urbanismo salvaje.

Esa primera semana de julio de 2010 fueron arrestados Ripoll, Ortiz y Fenoll por el caso Brugal. Los tres están imputados por cohecho, fraude y tráfico de influencias derivado de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La policía sostiene que la operación supuso a Ripoll una ganancia, no justificada, de 1,3 millones de euros. La familia Ripoll se ha gastado la calderilla (300.000 euros) en compras abonadas en metálico en tiendas de lujo, y en viajes. Esa vertiginosa carrera consumista la dirigió alegremente la mujer del líder provincial del PP, Margarita de La Vega. Políticos y empresarios solían celebrar el cierre de estos ventajosos pactos, según la investigación policial de Brugal, con paradisíacos cruceros a bordo del yate Helena, propiedad de Ortiz.

El sumario Brugal, la mayor causa sobre corrupción destapada en la historia de Alicante, incluye otra pata no menos capital. Un posible trato de favor al promotor Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Por estos hechos, el fiscal acusa, entre otros, al promotor y a los dos alcaldes del PP de Alicante, Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. El ministerio público les atribuye los supuestos delitos de cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información. Esta pieza de Brugal salpica a dos directivos de la CAM, entre ellos su expresidente Vicente Sala, acusado por el fiscal por supuestas ilegalidades en operaciones de compra de suelo del promotor Ortiz durante el trámite del PGOU de Alicante.

Las primeras diligencias secretas del caso Brugal que trascendieron fueron unas escuchas telefónicas que desvelaron la compra de al menos cinco partidos por parte de Enrique Ortiz para asegurarse el ascenso del Hércules a Primera. La causa se archivó porque esas prácticas no han pasado a ser delito hasta la reforma del Código Penal el pasado mes de diciembre.

El amaño de los partidos del Hércules por parte de su dueño y su arresto e imputación por el cohecho de la basura llevaron al popular empresario a dar un paso atrás. Ortiz, consciente de que su imperio económico estaba tocado, ha mudado su rampante protagonismo en la vida económica y social de Alicante por un discreto segundo plano.

En el mundo político la aguda sospecha de corrupción que envuelve a 25 instituciones de la provincia apenas ha hecho mella entre los cargos públicos. Solo dos dimisiones. Y ambas en el bando socialista: los portavoces del PSPV en la Diputación y en el Ayuntamiento, Antonio Amorós y Roque Moreno, respectivamente, por su implicación en Brugal.

En el tercio popular, que acapara la mayoría de imputaciones y acusaciones, todos siguen aferrados a sus puestos. El paradigma de esta indolencia de los cargos populares implicados en causas de corrupción ha sido la pugna de Ripoll con sus rivales campistas por revalidar la presidencia de la Diputación. Los paganos de las supuestas tramas corruptas que salpican al PP son tres ediles populares de Orihuela, arrestados e imputados en Brugal, que no repetirán en la lista que, en cambio, lidera Mónica Lorente, implicada en Brugal e imputada por otro juez por supuesta prevaricación.

Los políticos populares de Alicante siguen inmersos en la carrera para revalidar sus puestos sin entonar el más mínimo mea culpa y sin hacer gestos de apostar por una ética diferente. En su subconsciente prima el hecho de que hasta ahora el lastre de la corrupción no les ha pasado factura en las urnas y de que la justicia tampoco les ha echado el lazo. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante no ha podido en seis años (por una objetiva y alarmante falta de medios y por la ausencia de juzgados especializados en la materia) llevar al banquillo de los acusados a ninguno de las decenas de cargos públicos que ha imputado.

En el seno de la sociedad alicantina ya surgen voces contra el intento de los políticos de prolongar la idílica imagen de la capital. "Es evidente que algo estamos haciendo mal", comentaba recientemente un destacado empresario alicantino en alusión al estrepitoso desplome del poder alicantino. "Los culpables somos todos. Es el momento de abrir un debate sobre esta cuestión", añadía.

El 22 de mayo los ciudadanos vuelven a tener la palabra.