El PSPV se querella con Camps por la financiación irregular del PP

Los socialistas valencianos se han apoyado en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía para anunciar la presentación en breve de una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que se investigue la financiación irregular del PP. La querella va dirigida contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la comisión de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, delito electoral, alteración contable y delito fiscal. El PSPV extiende estas acusaciones al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, al ex secretario general del PP, Ricardo Costa, al vicesecretario general de ese partido, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García.

La Brigada de Blanqueo de la Policía redactó el informe Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y 5 anexos, del que se concluía que la cúpula del PP valenciano amparó y dirigió la financiación de esta formación política durante los últimos años. Este informe fue el que la Sala de Lo Penal del TSJ valenciano, que preside Juan Luis de la Rúa, del que Camps llegó a decir que era más que amigo suyo, se negó a investigar cuando se le remitió desde el Tribunal Superior de Madrid, el 31 de julio pasado. El PSPV tendrá que presentar su querella en esa misma sala, que ya archivó la causa contra Camps por presunto delito de cohecho pasivo impropio.

Jorge Alarte insistió en la voluntad de su partido de que el tribunal investigue "hasta las últimas consecuencias. Nadie debe quedar impune y se ha de salvaguardar la figura institucional de la presidencia de la Generalitat, no la de [Francisco] Camps, que", precisó, "la ha perdido hace tiempo".

El secretario general de los socialistas valencianos criticó el modelo que denominó Gürtel-Camps, subrayando que Álvaro Pérez, El Bigotes, se había convertido en "el gran asesor del presidente", como lo prueba el hecho de que en los últimos años no se ha celebrado ningún gran evento en la Comunidad Valenciana en el que no hayan participado las empresas de la trama Gürtel.

El PP, por su parte, replicó con el anuncio de otra querella contra el PSPV por denuncia falsa si los socialistas seguían adelante con su iniciativa para destapar la financiación del PP y contra Camps.Los socialistas salieron ayer en tromba exigiendo al PP explicaciones por asuntos relacionados con el caso Gürtel en sus múltiples frentes. El vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves advirtió que la trama Gürtel "está enredada en el PP, desde la base hasta la cúpula".

La portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, formulará en el pleno municipal de la semana que viene una serie de preguntas a la alcaldesa, Rita Barberá, para que aclare "si parte de los recursos" aportados a la organización del Encuentro Mundial de la Familia "sirvieron para contratar a empresas relacionadas con la supuesta trama de corrupción Gürtel". Barberá formó parte, junto a la Generalitat, la Diputación y el arzobispado de Valencia, del patronato de la fundación que organizó la visita del Papa en julio de 2006.

El Ayuntamiento, a petición de los socialistas, informó ese mismo mes de que había aportado a la fundación 10.000 euros de forma directa, y que había gastado 1.219.800 euros en el operativo policial y de bomberos desplegado en la ciudad, y 1.140.775 en servicios extraordinarios de las contratas municipales.

Preguntas similares presentará en la Diputación de Valencia el portavoz socialista en esa institución, Rafael Rubio. El organismo que preside el popular Alfonso Rus también aportó a la fundación 10.000 euros, por lo que Rubio pide información sobre otras posibles contribuciones económicas o contratos de servicios y suministros.

En la Diputación de Alicante, el portavoz socialista, Antonio Amorós, instó ayer al presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, a "acabar con esas manzanas podridas que tiene a su alrededor y que están salpicadas por el caso Gürtel". Amorós exigió a Ripoll que "cumpla lo que él mismo le ha exigido a Camps con motivo del escándalo relacionado con la trama corrupta" y pidió que tome medidas con respecto al alcalde de La Nucia y diputado provincial de Deportes, Bernabé Cano, porque "lo que no es de recibo es que Ripoll pida medidas a Camps, pero no haga él lo propio con los dirigentes populares que están a su alrededor y que aparecen en el sumario que se ha levantado de forma parcial", subrayó Amorós.

El Col·lectiu contra la Corrupció anunció ayer que presentará mociones en todos los ayuntamientos valencianos pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "de los cargos bajo sospecha y de los imputados en la trama", dijo una de sus portavoces.