El PSPV exige a Ripoll que explique su gestión sobre basuras o dimita
El juez del 'caso Brugal' notifica a 42 personas que aparecen en las diligencias
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, solicitó ayer al presidente de la institución y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll -imputado en el caso Brugal- que convoque un pleno extraordinario para dar explicaciones o que dimita. Amorós exigió cuentas en el turno de ruegos y preguntas del primer pleno de la Diputación después de que hace dos semanas Ripoll fuera detenido junto con otras 10 personas en el transcurso de la investigación del caso Brugal, que trata de esclarecer una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja.
Amorós recordó que Ripoll ha sido imputado por los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, "relacionados supuestamente" con la ubicación de la planta de residuos en La Vega Baja que, incidió, corresponde al consorcio de la zona XVII, que Ripoll preside.
El presidente de la Diputación mostró sorpresa por la petición y recordó que el caso está bajo secreto de sumario pese a que su voluntad es que se levante el mismo: "Para que cuando se sepa de qué se me acusa me pueda defender", afirmó. Ripoll, con todo, defendió que, por lo que dijo saber a través de los medios de comunicación, ni a la Diputación ni a su presidente se les acusa de nada, sino solo al presidente del consorcio del plan zonal XVII, que es él mismo.
También dejó claro que reclamará de nuevo el levantamiento del secreto de sumario, frente a los recursos presentados contra el auto del 14 de julio del juez instructor del caso, Carlos San Martín, que levantaba parcialmente el secreto de sumario.
El líder del PP aseguró que la adjudicación del plan zonal XVII fue aprobada por unanimidad y aseguró que en ella "no ha habido nada irregular". También agregó que ha facilitado al PSPV todos los datos solicitados.
Por su parte, la diputada socialista Antonia Moreno se dirigió a la vicepresidenta segunda de la Diputación y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, para pedirle explicaciones y criticar las declaraciones en las que advertía que el PSPV igual tiene algo de ocultar. Moreno fue interrumpida por Ripoll, que le remitió al ámbito municipal para tratar este asunto.
Por otro lado, San Martín notificó ayer a 42 personas que aparecen en las diligencias de la primera fase del caso, en la que hubo seis imputados. Las 42 personas son principalmente ex concejales de Orihuela y asesores de la firma de Ángel Fenoll, considerado el cabecilla de la trama.
Quejas de los bomberos de Alicante
Alrededor de medio centenar de bomberos del consorcio provincial se concentraron ayer ante las puertas de la Diputación de Alicante antes de iniciarse el pleno para denunciar la falta de un convenio y la insuficiente plantilla y para reclamar mejoras salariales, entre otras cuestiones. Al inicio del pleno de la institución, los pitidos de los bomberos se dejaron notar.
El diputado responsable del área, Francisco Javier Castañer, recordó que la Diputación es solo una de las partes que forma el consorcio provincial. Un organismo, asegura, que arrastra una deuda de 10,8 millones de euros por los atrasos de la Generalitat (7,8 millones) y de los 61 de los 130 municipios que también forman parte de él (2,8 millones). La Generalitat aún no ha realizado este año la aportación que le corresponde, amplió Castañer, contrariamente a lo que ha sido habitual en otros ejercicios, a lo que se suma algún retraso del año pasado (1,8 millones de euros). Frente a esta situación, apostilló, la Diputación cumple con sus obligaciones hasta el punto de "anticipar" algunas cantidades para poder hacer frente a las nóminas de los bomberos. Sin esta aportación, los bomberos del consorcio provincial no habrían podido cobrar desde el pasado mes de mayo, aseguró.
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