El PP se convierte en rehén de la guerra del agua que desató

El PP valenciano empieza a pasar a la defensiva en uno de los terrenos, el de la guerra del agua, del que más rendimiento electoral ha obtenido en sus más de tres lustros en el poder, con una agresiva reivindicación de los trasvases frente al Gobierno socialista y los ejecutivos autonómicos de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. El triunfo de los populares en la mayoría de las comunidades el pasado mes de mayo ha puesto, paradójicamente, a la derecha política valenciana, y también a la murciana, en una posición incómoda, rehén de su propio discurso. Al mismo tiempo, los socialistas valencianos, que han sido la víctima propiciatoria de la permanente campaña del PP, se muestran dispuestos a apretar ahora el clavo de la política del agua, convertida en un tótem ante la opinión pública.

El trasvase del Ebro parece cada vez más descartado por el partido de Rajoy

Los populares valencianos hablan de solidaridad entre cuencas

Ayer mismo, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "que le diga claramente a Cospedal que el trasvase Tajo-Segura es intocable". El líder de los socialistas valencianos hizo estas declaraciones durante una visita a la localidad de Cocentaina tras hacerse público que la presidenta de la Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha pedido que se suspenda la transferencia de 270 hectómetros cúbicos al Segura por "dañar los intereses legítimos de la comunidad en materia de aguas".

Mientras el frente del Ebro, un proyecto de trasvase del que el PP valenciano hizo bandera con Eduardo Zaplana y con Francisco Camps al frente de la Generalitat, que Rodríguez Zapatero derogó y al que siempre se ha opuesto la izquierda valenciana, se esfuma de los programas del partido de Mariano Rajoy gracias a la presión de la popular Luisa Fernanda Rudi, hoy presidenta de Aragón, en el Tajo-Segura se han reabierto las hostilidades. Cospedal no ha olvidado el episodio que obligó en abril de 2010 al socialista José María Barreda, entonces presidente, a retirar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que había pactado con ella y que preveía la caducidad del trasvase en 2015. Los populares valencianos contaron entonces con la ayuda poco deseada de los socialistas, que, con Alarte a la cabeza, se enfrentaron a su correligionario Barreda.Amparado en la legitimidad de haberse mojado en la batalla por el estatuto castellano-manchego, Alarte reclamó ayer a Fabra que "se deje de vaguedades, que haga frente a Cospedal en su nuevo intento de poner fin al trasvase y que le diga que encontrará enfrente al Gobierno valenciano". El líder del PSPV-PSOE dijo que propondrá esta semana un "acuerdo por el agua" en ese sentido y añadió que "el 'agua para todos", en alusión al lema que promovió el PP en reiteradas movilizaciones, "era directamente una 'mentira para todos".

Desde el PP de la Comunidad Valenciana respondió a Alarte la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado, que acusó a los socialistas de haber ido cambiando de criterio y reivindicó para el PP el mérito de que "siempre ha defendido la llegada del agua". Torrado subrayó que "el PP, en materia hídrica, como en todo, apuesta por el diálogo y el consenso, mientras los socialistas han utilizado el agua como un instrumento para dividir y enfrentar regiones".

El argumento del consenso y el diálogo ya surgió en el documento que el Gobierno de Alberto Fabra entregó a la oposición hace dos meses para tratar de llegar a pactos en diversas materias. En él, no se habla explícitamente del trasvase del Ebro y, aunque se propone rescatar el derogado Plan Hidrológico Nacional, se sugiere que hay que recuperar el acuerdo entre "todos los sectores implicados" porque la política hídrica "debe basarse en el espíritu del consenso entre las distintas Administraciones y debe estar liderada por el Gobierno de España".

Tras la bronca que se suscitó entre los populares murcianos y aragoneses al conocerse que Rajoy no incluye en su programa electoral el trasvase del Ebro, el portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, dijo no querer entrar en batallas dialécticas y se limitó a recordar que el PP siempre ha defendido la solidaridad interregional en materia hídrica, especialmente "de aquellas comunidades que tienen cuencas excedentarias hacia aquellas que tienen cuencas deficitarias, como es el caso de la Comunidad Valenciana".

El pasado jueves, el portavoz nacional de Medio Ambiente del PP, Carlos Floriano, reconoció que su partido dio "absoluta prioridad" al trasvase del Ebro mientras estuvo en el Gobierno, con Aznar, pero añadió que, en la actualidad, hay "unas desaladoras que no se van a achatarrar". Unas declaraciones que sentaron fatal en el PP, que trata de evitar alusiones al Ebro para no incomodar a los correligionarios de Aragón pero presenta como cabeza de lista por Valencia al vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, quien, cuando era consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Francisco Camps, paralizó la desaladora que construía el Gobierno central en Torrevieja y llegó a referirse a ese tipo de plantas como las "nucleares del mar". Hoy en día, la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa por su capacidad, ya que puede generar 80 hectómetros cúbicos al año, está acabada pero no ha entrado en funcionamiento por problemas burocráticos planteados por la Generalitat Valenciana, que ha de otorgarle la autorización ambiental, pendiente desde el año 2007.

En el mencionado documento o decálogo presentado a la oposición para buscar acuerdos, el Consell hace explícita mención del "mantenimiento del trasvase Tajo-Segura" y añade el "rechazo a la desalación masiva como solución a los problemas de escasez en la cuenca del Segura", para añadir que sea "en el ámbito del Plan Hidrológico Nacional donde se resuelva este déficit de manera viable ambiental y financieramente". Los socialistas, en la respuesta que Alarte envió a la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, alegan que "existe ya un marco general de consenso que es y ha de ser el artículo 17 del Estatuto de Autonomía", en referencia al "derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal"; un texto que se introdujo en la reforma estatutaria de 2006 y que dio pie, en sentido contrario, a que se tratara de colocar cláusulas de blindaje de los ríos y sobre el derecho preferente al uso de los caudales en otros estatutos de autonomía.

Convertido el trasvase del Ebro casi en una alusión meramente retórica -el PP "no ha abandonado la idea del trasvase", dijo González Pons ante las afirmaciones de los populares aragoneses de que el programa de Rajoy no recogería "ni una coma" sobre el proyecto-, si la presidenta castellano-manchega, que además es secretaria general del PP nacional, está dispuesta a liderar la añeja oposición al trasvase Tajo-Segura, Alberto Fabra va a encontrarse todavía más incómodo en la guerra del agua.