El PP blinda los datos sobre Orange Market

"Es una persona jurídica no relevante". Ésta es una de las fórmulas que, de forma habitual, utiliza el Gobierno de Francisco Camps para no contestar a las preguntas que formula la oposición sobre determinadas subvenciones, ayudas o contratos. Las relaciones entre los adjudicatarios de servicios o proveedores y la Administración autonómica deberían ser públicas y expeditas pero, en la práctica, el Consell utiliza todas las argucias legales posibles no sólo para poner trabas, sino para impedir que la oposición fiscalice su tarea en este ámbito.

El caso de Orange Market no ha sido distinto. El oscurantismo del PP ha planeado, desde el principio, sobre esta empresa, incluida en el entramado de sociedades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Ni la insistencia ni el interés de la oposición han servido, de momento, para que la Generalitat aporte la información sobre todos los contratos adjudicados a esta empresa. Dos días después de que se conocieran las detenciones y la investigación de la trama, ni el PP de la Comunidad Valenciana ni sus representantes en la Generalitat han ofrecido algún tipo de explicación o aclaración sobre el caso. El silencio, como cuando la oposición ha tratado de obtener información sobre Orange Market, es absoluto. Ni siquiera el secretario regional de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha mentado el nombre de la firma. Aunque ayer a últim hora la dirección de los populares valencianos anunció que rompe con Orange Market.

Las únicas adjudicaciones a Orange Market publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana son las realizadas por la Consejería de Turismo por la creación y montaje del expositor de varias ferias de turismo, entre ellas, Fitur, a partir de 2005. La documentación de la última de ellas, el expediente 33/08 sobre el contrato para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana de este año, fue requisada el pasado viernes, por orden del juez Garzón, cuando la policía judicial acudió a las sedes de la mercantil y de la Agencia Valenciana de Turismo en Valencia.

Los negocios entre el PP valenciano y las firmas investigadas empiezan hace ya una década, en la época de Eduardo Zaplana cuando Orange Market, ahora filial de Special Events, aún no había nacido: era la matriz la que realizaba los servicios.

El bloqueo del PP a ofrecer información sobre la relación de la Generalitat comenzó en 2005. El diputado socialista José Camarasa remitió seis cuestiones al Consell en las que se preguntaba por la relación de Orange Market con la Generalitat. "¿Ha mantenido alguna relación contractual?", pidió saber. En el caso de que la respuesta a esta cuestión fuera positiva, el socialista quería saber qué contratos habían adjudicado la Generalitat, las empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa, desde 1995 hasta 2005, cuál era el objeto de estos contratos y a cuánto ascendía cada uno de ellos.

La información detallada que exigía el parlamentario incluía también las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos y las fechas en las que éstas fueron publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el caso de que se hubieran publicado.

El PP no optó por admitir las preguntas y responder con evasivas o ambigüedades, como en otras ocasiones. En este caso, ni siquiera tramitó las cuestiones. La decisión del PP provocó que Camarasa presentara un recurso, que también fue desestimado. El interés de los socialistas por la firma comenzó después de que el entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, adjudicara a Orange Market la elaboración de la guía de la comunicación, tal como recuerda el propio Camarasa.Desde 1999 la Sindicatura de Comptes incluye los nombres de las sociedades Special Events y Orange Market (desde 2003) en sus informes por incumplir la obligación de comunicar los trabajos realizados en campañas electorales, todos ellos para el PP. Los tres últimos procesos electorales autonómicos, 1999, 2003 y 2007, fueron fiscalizados por la Sindicatura de Comptes, entidad encargada de revisar los ingresos y gastos electorales derivados de la participación de formaciones políticas en las elecciones.

En los tres últimos informes de la Sindicatura aparecen las firmas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ante la posible comisión de presuntos ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. En total, son 375.000 euros los que el PP facturó a estas empresas. Pero las firmas no comunicaron, tal como obliga el Régimen Electoral General, la prestación de los servicios realizados. La fiscalidad sobre los trabajos que el PP contrata a las empresas se limita al proceso electoral. Así, los demás encargos realizados por los populares no están sujetos a ninguna otra condición que las propias de la ley.

La adjudicación directa de la Generalitat y la contratación por el PP no son las únicas vías en la relación de los populares valencianos y las empresas sometidas a investigación. El PP ha utilizado también sociedades públicas para realizar contratos de los que luego, alegando que se trata de firmas que están participadas por otras entidades, no rinde cuentas. Ésa es una de las principales batallas de la oposición a la que, de forma sistemática, se niega cualquier tipo de información sobre los trabajos que contratan sociedades como Cacsa, Ciegsa o la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana (SGIEP). Ésta última fue creada en la época en la que Esteban González Pons era el portavoz del Gobierno valenciano. La Sindicatura de Comptes también fiscaliza su funcionamiento y recoge el objeto de los contratos, pero no tiene acceso a las empresas adjudicatarias de los servicios.

Aún así, el informe del Síndic indica que esta sociedad "no justifica y motiva la determinación del precio contratado". Entre los proyectos de esta sociedad figura la organización del gran premio de España de Hípica, que se celebrará en mayo en Valencia. Orange Market, que participó el pasado verano en los actos de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, opta a organizar el evento.