Los lloriqueos de los promotores

El último medio de prensa extranjero destacado que se ha hecho eco de la inseguridad jurídica existente en el urbanismo valenciano ha sido el Herald Tribune. En su edición del pasado lunes 5, casi a página completa, relataba la situación en Catral. No es el primero y si no hay cambios inmediatos, legales y no legales, que vayan más allá de lo epidérmico no será el último. En esas condiciones por mucho evento que se organice, por mucho que se invierta en promoción exterior, es imposible que esta comunidad se convierta en el polo de atracción de la inversión extranjera que necesita para mejorar su productividad y en nivel de vida de las generaciones futuras. La obviedad la reitera en el artículo el director general en España de la consultora Pricewaterhouse Coopers.

Miles de viviendas adquiridas de buena fe son ilegales y están amenazadas

Desde hace años, muchos promotores han campado a sus anchas

Lo publicado en la sección europea del New York Times no se aparta de lo ya relatado por otros medios de similar impacto: miles de viviendas adquiridas de buena fe, son ilegales y están amenazadas de derribo. Pero el texto añade algunos detalles todavía más inquietantes. Por un lado, los afectados a los que se menciona como ejemplo consiguieron un crédito hipotecario, con su información registral, y pagaron un informe independiente para evitar errores sin que se advirtiera que la licencia era ilegal. Por otro, recoge afirmaciones, que como poco resultan sorprendentes.

Así, además del consultor mencionado, al que fuera Síndic de Greuges Bernardo del Rosal se le cita entre comillas la aseveración de que aquí cuando promotores, ayuntamientos y administración están haciendo dinero la ley no vale para nada (is worthless). No es lo único llamativo. El nuevo asesor urbanístico de Catral presume de tener la solución para hacer de éste, el primer lugar que resuelva tan extendido problema: que los afectados y principales perjudicados paguen (entre todos unos 15 millones de euros) al ayuntamiento, el mismo que ha incumplido gravemente sus funciones de vigilancia de la legalidad, para evitar el derribo de sus viviendas. Todo, creo que no es exagerar, se parece demasiado al más puro estilo de aquel oeste americano del juez Lynch u otros de su misma condición: la ley no sólo tiene precio sino que sin sonrojo se propone a quien tiene la obligación de hacerla cumplir, que lo fije.

Lo más irritante es que no sorprende. Desde hace años y al amparo de una nefasta legislación y de una deplorable pasividad muchos promotores han campado a sus anchas. Han ninguneado a los compradores cuanto y como han querido. Y han conseguido que municipios y administración autonómica se desentendieran de actuaciones reprobables, cuando no claramente injustas, argumentado que lo que no se les permitía en un lugar, era posible en el de al lado. Y asegurándoles vía impuestos, u otras compensaciones, servicios o prebendas personales, con los que nunca soñaron.

Es esta trayectoria de impunidad en la que se han movido, favorecida además por una lentitud injustificable de la justicia, la que explica la bravuconería de su respuesta a la declaración del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes de que el sector ha de purgar los excesos acumulados. La misma altanería que han venido utilizando para negarse a que se establecieran instituciones, en el sentido al que se refería el Nobel Douglass C. North de reglas de juego, que gobernaran su actuación para impedir el descrédito de todos ellos ante la actuación de algunos. O para presumir de sus pelotazos y acusar a la banca, y en especial a las cajas de ahorro, de ser las causantes de sus problemas como si la crisis crediticia fuera un invento. Es esa falta de instituciones que incentiven no ya la reputación, la seriedad y diligencia del buen padre de familia en el sector inmobiliario sino la igualdad en el trato por parte de la administración o la proporcionalidad entre el delito y la sanción lo que ha fallado, falla y, todo indica que va a seguir fallando. Y mientras las sanciones sean tan inferiores a los beneficios que se obtienen incumpliendo las normas, las pomposas declaraciones acerca de que el peso de la ley caiga sobre los culpables son cínicos meros brindis al sol de los políticos sean del partido que sean.

Ahora cuando el ciclo ha cambiado parece que los promotores pretenden seguir comportándose bajo los mismos parámetros. A algunos, lo que de nuevo nos han traído a la memoria los recientes exabruptos contra el ministro Solbes es lo que le indicaba su madre a Boabdil cuando perdió el reino nazarí: que no fuera con lloriqueos ante una situación para la cual no había sabido -ni querido, podría añadirse en este caso- prepararse.

Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones en la Universidad de Valencia.