Justicia estudia la actuación de la Abogacía del Estado en el 'caso Fabra'

El Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía del Estado, ha iniciado una valoración del trabajo realizado por la abogada del Estado jefe de Castellón, Bárbara Aranda, en el caso Fabra, en el que está imputado el presidente de la Diputación de Castellón por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. El estudio de su trabajo y actuaciones se ha iniciado después de que la Audiencia de Castellón haya rechazado, por solicitarlo fuera de plazo, la posibilidad de que la acusación que representa al Estado presente un recurso contra la prescripción de cuatro de los cinco fraudes fiscales de los que se acusa a Fabra.

De momento, según indicaron fuentes del ministerio, el caso se está estudiando y "en el momento en el que se tome una decisión, se comunicará", tal como indicaron las mismas fuentes.

La imposibilidad de que la Abogacía del Estado recurra la prescripción de dichos delitos supone que esta no puede presentar, ante el Tribunal Supremo, sus propios argumentos y así defender que el enjuiciamiento de Carlos Fabra ha de abarcar los cinco delitos fiscales que se le imputan y por los que, presuntamente, defraudó a las arcas del Estado 1,7 millones de euros durante cinco años y junto a la su entonces esposa, María Amparo Fernández. Todo, pese a que es esta abogada la que representa al Estado y, por tanto, a la Hacienda Pública, máxima afectada por los hechos de los que se acusa al dirigente del PP.

Multa de 2,6 millones

La Abogacía del Estado pidió, en su escrito de acusación, la imposición de una multa de 2,6 millones de euros para Fabra, lo que supone tres veces el dinero presuntamente defraudado, cerca de 900.000 euros, mientras que para su exesposa reclamaba una sanción de 1,6 millones.

La única opción que le queda a la Abogacía del Estado es la de adherirse a los recursos presentados, dentro del plazo previsto, por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular.