El Gobierno pone patas arriba el gasto municipal

Los ayuntamientos valencianos amanecieron ayer alarmados por el real decreto que les cerraba el grifo del crédito desde hoy mismo y hasta 2012. Los consistorios no convocaron plenos de urgencia para aprobar préstamos y eludir el decreto del Gobierno. La rectificación posterior en el BOE, que retrasa a 2011 la prohibición de endeudarse, permitió a algunos alcaldes respirar de alivio. Pero el enfado por las formas con que el Gobierno sacó el real decreto no se disipó y afectó a la mayoría de consistorios.

Los municipios saneados recurrirán al crédito este año para salvar sus inversiones en 2011 y los que atraviesen una situación difícil se apretarán el cinturón y recortarán el gasto corriente y la inversión. Los alcaldes de las tres capitales de provincia, todos del PP, amenazaron con un recorte de los servicios públicos, pero ninguno apostó por una subida de impuestos. Los socialistas reclamaron a la Generalitat que salde su deuda con los municipios.

Los consistorios del PP amenazan con recortar los servicios públicos

Los socialistas recuerdan el dinero que el Consell debe a los ayuntamientos

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, vaticinó un caos en los consistorios valencianos a raíz de la prohibición del endeudamiento. "Se pondrán en riesgo servicios básicos e inversiones", resumió. Antes de que la normativa entre en vigor, el 1 de enero de 2011, los ayuntamientos "se lanzarán a concentrar operaciones de crédito, ya que luego no podrán". Bastidas calificó de anecdótica la rebaja de sueldos de los alcaldes y cargos de confianza propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y adelantó que este y otros asuntos relacionados con el real decreto se debatirán el próximo lunes en una reunión extraordinaria de la federación. Estas son las opiniones de algunos alcaldes:

- Rita Barberá, alcaldesa de Valencia (PP) anunció que revisará todo el presupuesto de este año para poder hacer frente en 2011 a inversiones plurianuales.

Amenazó con no prestar servicios que son competencias impropias -son obligación del Gobierno y las Generalitat- y recordó que los sueldos de los concejales y altos cargos están congelados y ya han perdido seis puntos de poder adquisitivo. No prevé una reestructuración de concejalías ni subida de impuestos. "Si hay que volver a hacer sacrificios se harán, pero antes Zapatero debe irse de la Moncloa", apostilló tras calificarlo de "miserable", "ignorante" e "inmoral". El concejal socialista Juan Ferrer recordó que Valencia es un Ayuntamiento muy endeudado -con más de 800 millones de euros-, que ha ocultado además un déficit en 2009 del 7,6%.

- Alejandro Soler, alcalde de Elche (PSOE): el consistorio tiene desde 2009 un plan de ajuste para reducir un 10% el gasto. "El real decreto nos obligará a un nuevo ajuste del gasto corriente y de la inversión", dijo. "Todos tendremos que arrimar el hombro", agregó. Soler no escondió su alivio tras conocer que este año no se limitará el crédito "porque hubiera trastocado todo el presupuesto. Habría sido un error", dijo.

- Alberto Fabra, alcalde de Castellón (PP): "No vamos a poder poner ni una farola", aseguró el regidor. Fabra admitió que en la mayor parte de ayuntamientos, las inversiones entran en el capítulo de préstamos, porque "con la crisis los ingresos han descendido de manera importante". El caso es que en el Ayuntamiento de Castellón las previsiones para la financiación de la inversión para este año señalan que los recursos ordinarios para llevarlas a cabo se limitan a 15.000 euros. Por el contrario, el préstamo suscrito ya para la ejecución de proyectos alcanza cerca del 20% de la inversión prevista, mientras que la mayor parte, el 62%, se basa en una supuesta venta de suelo que aún no se ha llevado a cabo.

- José Manuel Orengo, alcalde de Gandia (PSPV-PSOE): "El real decreto provocó sorpresa entre los alcaldes, entre ellos yo mismo", explicó. "De hecho aceleramos la adjudicación de tres créditos que teníamos pendientes por si acaso". El valor de los créditos que contrató ayer Gandia asciende a ocho millones de euros. Orengo aclaró que su destino es pagar infraestructuras y equipamientos. El regidor pedirá otros cuatro millones de euros en préstamos antes de que acabe el año. Pese a estas operaciones financieras, la capital de La Safor no prevé meter la tijera al gasto, ya que "no hace falta, pero sí seremos responsables con nuestros desembolsos". Lo que sí pretende el alcalde es limitar en la medida de lo posible todos los actos protocolarios del consistorio. Orengo aceptará la sugerencia de la FEMP de bajarse los sueldos y calculó que el suyo, de 66.000 euros anuales, podría disminuir hasta un 10%. El sueldo de los cargos políticos del Ayuntamiento de Gandia está congelado desde 2008.

- Agustín Navarro, alcalde de Benidorm (ex socialista), comparte la postura sostenida ayer por la FEMP. El fuerte endeudamiento de Benidorm -130 millones de euros-, heredado del anterior gobierno del PP, mantiene prácticamente cautivas las cuentas municipales. Navarro achaca esta situación al Consell, que no le ha abonado el fondo de compensación municipal ni los 900.000 euros que le adeuda desde 2008 por la ley de municipios turísticos. "El Plan Confianza de la Generalitat tampoco ha llegado aquí", se queja. El pleno del consistorio benidormí tiene aprobado un plan de saneamiento que le obliga a contener los ingresos corrientes. En cuanto a los sueldos, en octubre de 2009 ya se redujeron un 5% y el lunes se llevará a cabo la segunda rebaja salarial en ocho meses. En total, un 10% menos.

- María José Catalá, alcaldesa de Torrent (PP): la localidad valenciana ha reducido su presupuesto este año en 10 millones de euros dejándolo en 60 millones. Además, el consistorio tiene preparado un recorte de 2,5 millones para ahorrar en horas extra, luz y sobre todo en consultorías externas. "El decreto es improvisado", dice la alcaldesa. Torrent, que refinanció su deuda en 2008, no pensaba pedir ningún crédito este año y de momento así seguirá. Los sueldos los tienen congelados desde 2007. "Estudiaremos la petición de la FEMP de reducir los salarios".

- Lorenzo Agustí, alcalde de Paterna (PP): "Cualquier medida cuyo objetivo sea reducir el déficit me parece correcta, pero el Gobierno debería dar las explicaciones pertinentes y planificarse bien. Se pecó de improvisación con el decreto". Paterna, igual que Torrent, tampoco contempla pedir préstamos en 2010. Su alcalde avisa de que "de cara a hacer los presupuestos para el año que viene, las medidas de control del gasto tendrán más importancia". En cuanto a los sueldos, Agustí, que gana 52.000 euros al año, comenta: "Habrá que valorar si los bajamos". Los salarios de políticos y asesores están congelados desde 2007.