Fenoll obtuvo la contrata de Calp sin tener vertedero legal

Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dos de los principales empresarios implicados en el caso Brugal, en el que también está involucrado el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, extendieron durante la última década sus negocios a dos poblaciones de La Marina Alta, Benissa y Calp, después de haber mantenido vinculaciones precisamente con los actuales diputados provinciales que el PP tiene por esta comarca, el alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, y el edil de Calp Juan Roselló.

Ángel Fenoll, cuya estructura empresarial mantenía en Calp contactos con el concejal Juan Roselló y con el cuñado de este último, Francisco Artacho, obtuvo la contrata de la basura en condiciones presuntamente irregulares en ese municipio en febrero de 1998, cuando el PP del entonces alcalde Javier Morató gobernaba con mayoría absoluta. El Consistorio le adjudicó el servicio sin que el industrial contara con un vertedero legal autorizado.

Mientras, Enrique Ortiz logró entre 2001 y 2002 adjudicaciones de obra pública por valor de 3 millones de euros cuando Juan Bautista Roselló aún figuraba como administrador mancomunado oficial de una de las mercantiles del empresario alicantino.Colsur, una de las empresas de Fenoll, comenzó a gestionar la basura de Calp cuando aún no disponía de ningún vertedero autorizado en La Vega Baja, por lo que abocaba los residuos en el vertedero de Los Vives, en la pedanía de La Murada de Orihuela, que carecía de autorización y de estudios medioambientales. En realidad, la mercantil de Fenoll no dispuso de un vertedero en condiciones hasta 1999. No obstante, el expediente de contratación fue aprobado por un pleno en noviembre de 1997 y la adjudicación del contrato en otro pleno de febrero de 1998.

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas en enero de 1999 por el concejal de Orihuela Miguel Ángel Robles, que unos meses antes había sido expulsado por sus diferencias junto con otros cuatro ediles enfrentados con el entonces alcalde, José Manuel Medina. Robles vinculó las anomalías de la contrata de Calp "a una trama de alcaldes del PP".

Robles obtuvo la razón de sus argumentaciones en los juzgados cuando Fenoll lo denunció por injurias y calumnias. Una sentencia del juzgado de Orihuela absolvía en junio de 2001 a Robles al considerar probado que el empresario no dispuso de un vertedero en condiciones para depositar los residuos de Calp hasta 1999.

Por su parte, el alcalde de Benissa, el popular Juan Bautista Roselló, no le importó mantenerse como administrador mancomunado de Predios Urbanos, una de las empresas de las que Enrique Ortiz es accionista mayoritario, cuando fue designado alcalde de ese municipio en 1999. En enero de 2002, Roselló aún detentaba oficialmente ese cargo cuando la comisión de gobierno adjudicó a Ortiz e Hijos la restauración de un seminario franciscano por valor de 726.000 euros después de una comisión de gobierno presidida por el propio alcalde, quien también era concejal de Planificación Urbanística. El coste final de estas obras se elevó hasta 1,3 millones de euros después de algunas modificaciones de mejora en el proyecto.

No era el primer negocio importante que obtenía en esta localidad el empresario alicantino: muy poco antes, en diciembre de 2001, también había recibido el encargo del Ministerio de Medio Ambiente, gestionado por el PP, de ejecutar el paseo litoral de Benissa por un importe de 2,28 millones de euros.