Disputas hernandianas

Cada cierto tiempo, las discusiones por el legado de Miguel Hernández -sus papeles y diferentes objetos personales- vuelven a la actualidad. En esta ocasión, la disputa amenaza con ensombrecer los actos del centenario del nacimiento del poeta previstos para el próximo año. El litigio se produce, además, cuando las diferentes instituciones que intervendrán en la celebración habían logrado ponerse de acuerdo, lo que no resultaba sencillo por cuestiones ideológicas que todo el mundo entenderá. Desde el reestablecimiento de la democracia, la figura de Hernández en la Comunidad Valenciana ha estado sometida a los vaivenes de la política. Eduardo Zaplana utilizó durante un tiempo, y con indudable éxito, la imagen del poeta. Incluso se habló de trasladar sus archivos a la Biblioteca Valenciana. Cuando Zaplana consideró que ya no le hacía falta el barniz democrático que Hernández podía prestarle, se desentendió de él; sólo reaccionó -tarde- cuando el Ayuntamiento de Elche llegó a un acuerdo con la familia del poeta para depositar el legado.

Ahora, el Partido Popular podría darle la vuelta al asunto y hacerse con los archivos del poeta. La operación vendría de la mano de José Joaquín Ripoll, el presidente de la Diputación de Alicante. Desde que la aparición del caso Gürtel convirtió a Ripoll en un barón provincial, vive una segunda juventud política y ha multiplicado frenéticamente su actividad. Si el dinero se lo permite, nadie sabe a dónde llegará este hombre: no pasa día sin que emprenda uno u otro negocio. En esta conducta de hacerse notar, Ripoll estaría en tratos con los herederos de Hernández, una vez vencido el contrato que estos firmaron con el Ayuntamiento de Elche. A lo que se sabe, el asunto se reduce a ver quien pone más dinero encima de la mesa.

De fructificar la jugada, Ripoll obtendría un éxito completo. De un lado, debilitaría al socialista Alejandro Soler, el alcalde de Elche, que aparecería como el hombre que no logró mantener en la ciudad el legado de Hernández. De otro, beneficiaria a una de sus fieles, Mónica Lorente, la alcaldesa de Orihuela, cuya población recibiría los papeles. No hay que hacer demasiado caso al ripollista Pedro Romero, diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, cuando declara que éste no es el mejor momento para abrir debate. Al contrario, el momento es excelente. Las vísperas del centenario le otorgan al asunto un plus de publicidad que ningún político puede despreciar.

En el centro de la polémica se encuentra, como siempre, Lucía Izquierdo, la nuera del poeta. Desde un principio, Izquierdo ha tratado de que el legado de Miguel Hernández asegurase holgadamente su porvenir y el de sus herederos. Enjuiciar la ética de su actuación podría llevarnos a una discusión interminable que no lograría ningún resultado práctico. Mi opinión es que los herederos de un artista deben tener los mismos derechos que los de un fabricante de géneros de punto. El esfuerzo intelectual necesario para crear una fábrica de tejidos y una obra poética no son muy diferentes. En este asunto, pues, mi identificación con la señora Izquierdo es absoluta; considero que está en su derecho de hacer cuanto estime necesario para obtener la mejor oferta económica. En todo caso, si hay una actitud indecente en este asunto será la de los políticos: son ellos los que, sin ningún derecho, pretenden beneficiarse de la figura del poeta. Y, además, lo hacen con un dinero que no les pertenece.