Crisis sin instrumentos financieros propios

Hubo unos años, no hace tantos, en que una pequeña parte de la clase política y empresarial valenciana soñó con disponer de un sistema financiero autóctono -que rompiese con el triángulo formado por Madrid, Bilbao y Barcelona- capaz de potenciar una economía abierta, de carácter exportador y con sólidas raíces en la industria, el turismo y el sector agroalimentario.

En pocos meses, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado al descubierto los pedazos rotos de un sueño que parece desvanecerse para siempre. La CAM está intervenida por el Banco de España y a la espera de un postor que quiera asumir su red de oficinas. Bancaja ha sido subsumida por Caja Madrid en una nueva entidad denominada Bankia, en la que la representación valenciana se ha visto capitidisminuida a medida que avanzaba la formalización del acuerdo.

Y ayer, el Banco de Valencia, la última entidad financiera autóctona -con permiso de Caixa Ontinyent y las entidades cooperativas de crédito- se situó al borde del abismo. Controlado por Bancaja, que tiene el 38% de las acciones, el Banco de Valencia vio como Bankia se desentendía de su futuro.

Las consecuencias de esta decisión no se hicieron esperar: la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió temporalmente la cotización de las acciones del Banco de Valencia y la propia entidad admitió que el Banco de España había echado la sonda en las cuentas de la entidad y todavía no había tocado fondo.

"El consejo de administración del banco tiene la delegación de su junta general de accionistas para poder aumentar el capital social del banco hasta un importe nominal de 60 millones de euros, cifra que pudiera no cubrir las necesidades de capital del Banco de Valencia", indicó en un comunicado el propio interventor general del Banco de Valencia.

¿Por qué lo que, a finales de la década de los noventa, parecía una posibilidad sólida de crear un pequeño sistema financiero propio se ha ido al traste? Las razones, probablemente, son muchas, aunque dos son los argumentos que han pesado como una losa en el resultado final.

Por un lado, la tendencia de las entidades valencianas a convertirse en un apéndice de la banca radicada en Madrid.

Ya en pleno franquismo, como ha escrito el catedrático de Economía Aplicada Vicent Soler, el núcleo autóctono que dirigía el Banco de Valencia se hizo con el control del Banco Central -que tras las fusiones de los ochenta sería Banco Central Hispano, primero, y finalmente BBVA- y prefirió trasladar su centro de operaciones a Madrid. La decisión supuso, por una parte, renunciar al modelo utilizado por los industriales y financieros vascos en Bilbao y, por otra, condenar a una posición subsidiaria al Banco de Valencia.

Una historia de la que no han sacado ninguna conclusión los gestores financieros y políticos que han dirigido en la última década Bancaja y CAM. Lo que se ha traducido en la renuncia de Bancaja a liderar cualquier proceso de fusión con entidades menores y en la predisposición de la CAM a buscar su futuro con cualquier entidad que no tuviese su sede en Valencia. Las consecuencias, que ahora afectan al Banco de Valencia, están a la vista.

Por otro lado, la politización de las cajas de ahorro ha distorsionado la gestión de unas entidades que, solo en etapas muy concretas, ha estado marcada por una gestión profesional.

Pero si en esta materia ha habido un punto de inflexión fue a partir de 1995, con la victoria electoral del popular Eduardo Zaplana, que realizó las modificaciones legislativas que permitieron a los partidos políticos controlar los consejos de administración de las cajas de ahorro.

Prueba de ello, es que José Luis Olivas -que cubrió el puesto de jefe del Consell entre el nombramiento de Zaplana como ministro en 2002 y la elección de Francisco Camps como presidente electo en 2003- pasó de presidir el Gobierno valenciano, sin solución de continuidad, a liderar el consejo de administración de la primera caja valenciana. Un acuerdo que contó con el beneplácito de los socialistas.

En la CAM, aunque no faltaron políticos que aspiraron a liderar la entidad alicantina, la fórmula escogida por el Consell fue la de facilitar el paso a dirigentes empresariales estrechamente vinculados al Partido Popular.

El peso de los intereses políticos y empresariales (particulares en más de una ocasión) llevó a las cajas de ahorro a financiar grandes eventos, obras faraónicas impulsadas por el Consell y, sobre todo, un urbanismo salvaje impulsado con brío desde la Generalitat. Ni el Instituto Valenciano de Finanzas, ni el Banco de España, los dos organismos responsables de fiscalizar la gestión de las entidades financieras valencianas, quisieron o pudieron detener la marcha de unas entidades que caminaban derechas hacia el barrizal.

Ahora queda por discernir quién o quiénes asumen la responsabilidad de lo sucedido. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se mostró días atrás escandalizado por la actuación de los gestores de la CAM, pero en sus manos está también tomar decisiones coherentes con sus declaraciones. De hecho, el PP ha aceptado investigar en las Cortes lo sucedido en la CAM. Pero independientemente de ello, Fabra tendrá que repensar ahora cómo afronta el hecho de haber perdido unos instrumentos financieros próximos para recurrir a otros más lejanos.