El Consell pagó 2,7 millones por un proyecto de Calatrava en Castellón
EU denuncia que el arquitecto facturó en Suiza para eludir impuestos
La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), que depende de la Consejería de Economía, pagó 2,7 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto y el proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón, que no se ha iniciado y no tiene plazo para su construcción.
La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, que ha consultado esta semana el expediente tras obtener el visto bueno de la Consejería de Economía, denunció ayer que el arquitecto valenciano factura desde su despacho en Zurich (Suiza) para "no pagar impuestos ni seguridad social por los proyectos de la Generalitat".
Albiol explicó que las reuniones técnicas para preparar el proyecto del centro de convenciones de Castellón, según la documentación analizada, tuvieron lugar en Valencia. "Solo aparece la referencia Zurich en las facturas, lo que permite a Calatrava eludir las obligaciones fiscales y de seguridad social que marcan las leyes españolas". "Es lamentable que con dinero público de la Generalitat se realicen estas martingalas", añadió.
Para Esquerra Unida es escandalosa la cantidad abonada al arquitecto por un proyecto de centro de convenciones básico, sobre todo si se tiene en cuenta "que es muy posible que esta construcción nunca llegue a término -la aprobación del plan urbanístico está paralizada por el Tribunal Superior de Justicia y pendiente de sentencia del Tribunal Supremo- por lo que estaríamos delante de un nuevo caso de malbaratamiento de dinero público a escala masiva". "Habríamos pagado 450 millones de las antiguas pesetas, por nada", indicó Albiol.
Por contra, para la diputada de Esquerra Unida, si el proyecto sigue adelante, el despacho de Santiago Calatrava cobrará un mínimo de 7,5 millones de euros, "una cantidad desorbitada que prodría incrementarse con los habituales sobrecostes de las obras del arquitecto valenciano".
Marina Albiol reclama que se paralice cualquier pago al arquitecto valenciano y que la Generalitat estudie una "fórmula para recuperar el dinero invertido en un proyecto fastuoso" que no responde a las necesidades y posibilidades de la sociedad valenciana en estos momentos.
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