El Consell se enfrenta a la primera huelga de la enseñanza pública

No hay vuelta atrás. La Generalitat de Francisco Camps se enfrenta a la primera huelga general de la enseñanza pública no universitaria de la era popular, cuando se dirige hacia el ecuador de su cuarta legislatura autonómica en franco desgaste político por los escándalos de corrupción del PP y las implicaciones del presidente en el caso Gürtel, que instruye el juez Baltasar Garzón. Si el pasado 15 diciembre, la comunidad educativa dio un plácet de gracia al Gobierno valenciano y decidió "aplazar" la huelga convocada para el 17 y abrir un proceso de negociación para mejorar la enseñanza pública, esta vez no hay marcha atrás.

Rotas las negociaciones entre la Administración educativa y todos los agentes del sector público (CC OO, STEPV, UGT, confederaciones de padres y alumnos, asociaciones profesionales de directores, inspectores de Adide y la entidad cultural Escola Valenciana), mañana profesores y alumnos de 1.500 colegios e institutos públicos de toda la Comunidad Valenciana están convocados a la huelga.

Con una novedad sobre otras movilizaciones educativas. En esta ocasión, las dos asociaciones profesionales de directores de Primaria y de Secundaria -que son la piedra angular de la Administración educativa y se someten al Estatuto del Empleado Público- son una parte activa de la huelga y han hecho sendos llamados a la sociedad para que se "vacíen" los colegios. Con el dinero que la Administración se va a ahorrar -tras el descuento proporcional en la nómina de un día salario- pide que se reinvierta en la red pública. No en más conciertos.

Bajo el lema Font de Mora dimissió, la Plataforma per l'Ensenyament Públic pide un "giro en la gestión educativa". Algo que, según su portavoz, Gemma Piqué, pasa primero por "la dimisión del actual equipo directivo de la consejería", que dirige el popular Alejandro Font de Mora.

El 15 de diciembre de 2008, Educación se comprometió a negociar el documento 13 puntos para mejorar la enseñanza pública, tras un trimestre plagado de encierros en las aulas y movilizaciones en las calles, a raíz de la ocurrencia de Camps y Font de Mora de traducir al inglés las clases de Educación para la Ciudadanía, pese a las reservas del Tribunal Superior de Justicia.

El documento nació como un "pacto de mínimos" por parte de la Plataforma para aplazar la huelga y retomar la senda del "diálogo" y la "normalidad" en materia educativa, tras las maltrechas relaciones con el consejero. El diálogo funcionó durante tres meses, en forma de múltiples reuniones bilaterales, pero se rompió el 15 de marzo, tras la respuesta "definitiva" oficial leída en persona por el consejero Alejandro Font de Mora, que no concretaba prácticamente ninguno de los puntos.

La dimisión de Font de Mora se ha convertido, en este momento, en el catalizador social de una marea "amarilla" (el color de las protesas) tras meses de desencuentros y ocurrencias, como implantar chino y uniformes en la escuela pública.