El Consell desafía al Gobierno y 'legaliza' el derribo de El Cabanyal

El Consell pretende ejecutar a toda costa el plan urbanístico que parte en dos El Cabanyal y no tiene intención de respetar la orden de suspensión emitida el lunes por el Ministerio de Cultura, que dictaminó que el proyecto supone un expolio del patrimonio histórico del barrio marinero de Valencia. El Gobierno valenciano aprobó por la vía de la urgencia un decreto ley que declara "expresamente" que el plan de El Cabanyal aprobado en 2001 por el Ayuntamiento de Valencia y la propia Generalitat "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico" del que forma parte el barrio y que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993.

En ese decreto ley, que el Consell sostiene que "prevalece" sobre la orden ministerial, se deroga la declaración del BIC en aquellos aspectos que entren en contradicción con el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La Generalitat consagra así la destrucción del núcleo del patrimonio protegido del barrio. La prolongación afectará en total a unos 450 inmuebles y arrasará un centenar de ellos en la zona central del BIC y lo partirá en dos, lo que pretende evitar el Ministerio de Cultura porque, en su opinión, alteraría el conjunto protegido "hasta el punto" de que perdería su razón de ser, "su propio carácter".

Sánchez de León dice que compete al Consell definir lo que se protege

El Consell planteó su desafío al Gobierno como un acto de "defensa de los intereses valencianos" frente a una "nueva agresión" y un "brutal ataque" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según lo expresó la consejera portavoz, Paula Sánchez de León.

En la conferencia de prensa posterior al Consell extraordinario convocado por Francisco Camps para subrayar el rechazo a la decisión de suspender el plan, la consejera compartió protagonismo con el vicepresidente y titular de Medio Ambiente, Juan Cotino. "Ya basta. No vamos a tolerar la intromisión del Gobierno, para eso tenemos un Estatuto. Somos un pueblo con leyes y el Gobierno no les da valor", aseguró Cotino. El consejero llegó a situar en un mismo plano la orden ministerial de suspensión del plan de El Cabanyal y la dictadura de Franco o la abolición de los fueros valencianos por Felipe V. Cotino, que fue elevando el tono a medida que ahondaba en la "habitual" actitud de Zapatero de "perjudicar" a la Comunidad Valenciana, sentenció: "No vamos a parar el plan de El Cabanyal".

El Ministerio de Cultura, que no se pronunció ayer sobre la decisión del Consell, tiene la opción de impugnar el decreto ley aprobado por la Generalitat para sortear la paralización del plan. Según fuentes jurídicas, en principio, se plantearía entonces un conflicto de competencias entre ambas administraciones que deberá dirimirse en el Tribunal Constitucional, informa Lydia Garrido.

El decreto ley se aprobó con urgencia para evitar la orden de suspensión del ministerio. Ésta prevé que el Gobierno pueda tomar medidas si no se ejecuta a las 48 horas de su "recepción". La resolución de expolio se conoció el lunes, aunque llegó al Ayuntamiento y la Generalitat el 5 de enero. La oposición calificó el decreto de "despropósito" jurídico.

La portavoz del Consell insistió en que el decreto ley "revalida" e incluso reforzará la protección del conjunto histórico de El Cabanyal con la ejecución del plan del Ayuntamiento. El decreto ley, sin embargo, sitúa la prolongación de Blasco Ibáñez claramente por encima de la estructura original de la zona al afirmar que "la peculiar trama" del barrio "y la arquitectura de raigambre eclecticista del mismo no son valores lo suficientemente trascendentes como para prevalecer, de un modo absoluto, sobre actuaciones urbanísticas que producen una mejora de la relación del barrio con su entorno territorial o urbano".El decreto ley se acoge a las sentencias favorables al plan del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y del Supremo, que dieron vía libre al proyecto a pesar del BIC. Y se apoya especialmente en la polémica modificación de la ley autonómica de patrimonio en 2004, que fue denunciada por la oposición por considerarla una excusa para legalizar la intervención en la zona protegida de El Cabanyal porque abrió la puerta a que se modifique la estructura urbana y arquitectónica de un BIC por el interés general de una mejora urbana.

Por si había dudas, la consejera dejó claro que el decreto señala que es "a la Generalitat a la que le compete definir los valores" a proteger en El Cabanyal, y en consecuencia, lo que se puede derribar. Además, de esta forma, según el decreto, "no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores". Con esta frase, el Consell pretende desactivar las competencias del Estado sobre los casos de expolio. Y lo intenta a pesar de que reconoce esas atribuciones en otro apartado del decreto. Al respecto, la consejera reiteró que el Consell presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la orden de paralización del Gobierno. En su opinión, el Ministerio de Cultura ha entrado en terrenos que no le son propios y se ha excedido.

Por el contrario, el Tribunal Supremo recordó en mayo del año pasado en una sentencia que le corresponde al Estado determinar si se produce un expolio y exigió al ministerio que emitiera un dictamen motivado sobre el caso de El Cabanyal. Así lo recuerda el ministerio en la orden del pasado lunes, en la que destaca también que una declaración por expolio no "contravendría" las sentencias anteriores favorables al plan, ya que éstas bendijeron un plan urbanístico, pero no determinaron si hay expolio o no. Entre los informes analizados ahora por Cultura, destaca el remitido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que considera que el proyecto supone una "amputación" de parte del barrio. Los arquitectos resaltan que la prolongación de Blasco Ibáñez es "incompatible" con la protección de El Cabanyal, por lo que el Gobierno valenciano tendría estas opciones: "Preservar el barrio de El Cabanyal" y desechar el plan actual, o "proceder al levantamiento de la protección, anulando o modificando el BIC".

El ministerio concluye en su orden de suspensión que el plan "ha sido dictado prescindiendo de toda consideración por los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto histórico de El Cabanyal". Añade el ministerio que la prolongación es "incompatible" con el BIC, y rechaza que el plan contribuya a mejorar la conservación del patrimonio del barrio, como sostienen el Ayuntamiento y la Generalitat. Las actuaciones del plan "únicamente están al servicio de la consecución de una determinada solución de política urbanística"; es decir, la prolongación de Blasco Ibáñez. Y se obvian "los principios de proporcionalidad y mínima intervención" en un conjunto histórico, considera el ministerio, que exige la paralización del plan hasta que "garantice la protección de los valores histórico-artísticos".

El Consell, sin embargo, tiene prisa. El consejero Juan Cotino anunció para hoy mismo una reunión de la empresa Cabanyal 2010, con la que la Generalitat y el Ayuntamiento pretenden desarrollar el plan. La sociedad perdió en 2008 el apoyo de las 11 promotoras que participaron en su creación y vendieron sus acciones en una operación que ha sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes.