El Consell deja el pulso con el Gobierno sobre Ciudadanía en manos del juzgado

El Consell no dará ni un paso atrás en su pretensión de regular la asignatura Educación para la Ciudadanía en inglés y como si fuese una maría -la orden de la Generalitat permite una opción B que consiste en aprobar la asignatura con un trabajo trimestral sin asistir a clase-. "El Consell sigue adelante y serán los tribunales los que tendrán que determinar", sentenció ayer el vicepresidente político y portavoz del Consell, Vicente Rambla. El Consell se pronunció con esta contundencia después de que el Gobierno optase por presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al considerar que la orden de la Generalitat incumple la ley estatal y asume competencias de organización que son exclusivas de los centros. El Gobierno ha solicitado, además, la suspensión cautelar de la orden de consejería.

CC OO lamenta que el ministerio no recurra contra la obligación del inglés

El STEPV estudia recurrir la lista de personas habilitadas en Ciudadanía

Rambla acusó al Gobierno central de cargar "por acción o por omisión" contra todas las iniciativas del Consell. "Educación para la Ciudadanía es una asignatura impuesta por el Gobierno y la Generalitat la asume y, además, intenta, que sirva de vehículo para la práctica del inglés", remachó el vicepresidente político del Consell, que indicó que el consejero de Educación "asegura que hay profesorado suficiente [de inglés] para impartir esa clase".

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, apuntó que el Ejecutivo central estaría dispuesto a retirar el recurso interpuesto contra la orden de la Generalitat si el Consell cede en sus pretensiones. "Se ha intentado conseguir que la normativa autonómica se ajustara a la estatal", prosiguió Peralta, "pero tras constatar que esta voluntad no tiene acogida por parte de la Consejería de Educación, no nos queda otra solución que plantear el recurso con el objetivo de que se aclare que dicha normativa autonómica no se ajusta a la estatal".

Peralta recalcó que el Gobierno concede "la máxima importancia" a una asignatura recomendada por la UE.El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, justificó también la petición al TSJ de que declare la suspensión cautelar de la orden del Consell. "El recurso se interpone en atención a los muy importantes perjuicios que podrían derivarse para los alumnos si se les aplicara una normativa autonómica que finalmente fuera derogada", continuó Peralta, que lamentó que sea "precisamente la Comunidad Valenciana y como consecuencia de una normativa autonómica donde se ha planteado un problema que, inmediatamente, ha sido asumido en los distintos centros educativos por las organizaciones de padres y los propios alumnos".

El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, convirtió la polémica en un conflicto entre el Gobierno y los alumnos que no quieren cursar la asignatura. "Con la cantidad de objetores a esta asignatura, el Gobierno debería buscar una solución para esas personas en lugar de perseguirlas", dijo González Pons, que añadió: "Eso hace tiempo ya que no lo hacen los Gobiernos españoles".

El también diputado por Valencia reconoció desconocer los términos en los que el Gobierno ha planteado el recurso contra la orden de la Generalitat, pero indicó que "no será" porque la asignatura se imparta en inglés, ni porque a la ministra de Educación no le pareciese "muy bien la idea".

En la polémica también intervino la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano que valoró positivamente la decisión del Gobierno de recurrir la orden de la Consejería, pero que tachó de incompresible que el ministerio excluya de su recurso al TSJ la obligación de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía exclusivamente en inglés, ya que esta obligación "contraviene la normativa propia" de la Comunidad Valenciana.

La federación de CC OO también lamentó que el ministerio, en su momento, no recurriese el decreto sobre las enseñanzas de Secundaria, con el que el Consell alteró sustancialmente los contenidos de Ciudadanía obligados para toda España.

Por su parte el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) alertó ayer de que la Consejería de Educación ha hecho pública una lista de 70 personas habilitadas para impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía que no es real. En esta lista, según el STEPV, se mezcla profesorado interino con servicios prestados con profesorado de las bolsas de trabajo que no han prestado servicios. Y estos últimos no podrán estar en los actos de adjudicación de los puestos porque la bolsa que les permitió obtener la habilitación para impartir la asignatura ha desaparecido con la convocatoria de las oposiciones. Una situación que el sindicato de enseñantes estudia recurrir. "Los errores se acumulan uno detrás de otro, y todo por no hacer marcha atrás y reconocer que la orden del consejero, además de ilegal es imposible de cumplir", indica el STEPV.