Camps cambia el modelo de comedor escolar por el de Aguirre

"La Consejería de Educación asfixia el funcionamiento de los comedores escolares", sentenció ayer la portavoz socialista de Educación, Ana Noguera, en rueda de prensa. El polémico cambio de concurso del servicio de comedor escolar -que funciona en 989 colegios y da de comer a 163.000 niños los 146 días lectivos- dio ayer otra vuelta de tuerca al denunciar Noguera sus sospechas de que "se privatiza el servicio de comedor a grandes empresas para financiar la deuda de la consejería" con los colegios.

Desde que empezó el curso, la consejería adoptó el sistema "no escrito" de pagar a trimestre vencido el capítulo de las ayudas para el funcionamiento del comedor (23 millones cada tres meses) y el de becas, que beneficia a 70.000 alumnos (otros nueve millones). Esto significa que los colegios han tenido que anticipar 32 millones para pagar a proveedores y monitores. Un dinero que ingresan, precisamente, de la mensualidad del comedor que los 93.000 niños sin beca sí pagan, y echando mano de la cuenta de las asociaciones de padres.

El retraso en las becas fuerza a los colegios a poner 32 millones al trimestre

FAPA: "La consejería no puede contratar un servicio que es libre y voluntario"

En conjunto, la factura del comedor escolar asciende este curso a 138 millones de euros (entre la ayuda fija oficial, las becas y el pago mensual de las familias). La "privatización" del servicio, según el PSPV-PSOE, daría un respiro a la consejería, que se vería liberada de esta presión financiera mensual. Al tiempo que supondría un negocio sustancioso para un puñado de grandes empresas que se disputan un bocado que ingresa puntualmente cada mes los 5 millones de euros que pagan a toca teja los niños sin beca.

La Administración, de hecho, ya ha contactado con seis empresas nacionales para implantar el modelo de licitación cuatrianual de Madrid, que está en marcha desde 2009. "Por eso, en Valencia, el concurso es sólo para tres años", advierten fuentes del sector, que subrayan la "coincidencia" entre las adjudicatarias del servicio bajo el gobierno del PP de Esperanza Aguirre, y las empresas en contacto con la Administración de Francisco Camps.

De consumarse los cambios en la adjudicación del servicio de comedor escolar, se desmontará el actual modelo de "gestión personalizada", por otro más industrial que también se hará cargo del servicio de monitores-cuidadores, que ahora contrata cada colegio en función de su presupuesto.

Hasta la fecha, el Consejo Escolar de cada centro (integrado por padres, profesores y la dirección) es el que cada año diseña y aprueba su propio proyecto pedagógico de nutrición. Este sistema ha permitido el acceso a los comedores escolares de pequeñas y medianas empresas valencianas (que son el 95% del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana). Y ha favorecido a proveedores locales que, de otra manera, perderán competitividad frente a las grandes distribuidoras. También se quedarán fuera las cocineras autónomas y las madres del AMPA que han creado su autoempresa.

La consejería insistió ayer, a instancias de este periódico, en que "los colegios públicos no tienen capacidad jurídica como órgano de contratación" con la nueva Ley de Contratos Públicos. Y afirma que será "cada centro quien elija a las empresas homologadas". La consejería omite que en la nueva orden las direcciones territoriales adjudican limitando el concurso "a tres empresas", lo que dará lugar a lotes más grandes que dificultan la participación de las pymes valencianas.

Carmen Rosales, asesora de la federación de padres FAPA-Valencia, considera de dudosa legalidad esta modalidad en el ámbito educativo. "La Administración educativa no puede imponer a los padres usar un servicio que es libre y voluntario, y que ellos pagan". Tampoco entiende que se limite la opción a "sólo tres empresas homologadas por las direcciones territoriales". Todas las que trabajan en el sector ya están homologadas por la Generalitat.