Barberá y Camps no pagarán sus deudas al consorcio de la Copa

Generalitat y Ayuntamiento de Valencia amenazaron ayer con no pagar sus deudas al consorcio organizador de la Copa del América -competición náutica celebrada en 2007 en aguas valencianas-. Socios junto al Gobierno español del Consorcio Valencia 2007, estas dos Administraciones deben 24 millones de euros en concepto de gastos ordinarios al ente que organizó la regata. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, anunció que los ocho millones de euros que tenía "reservados" en los presupuestos de este año para este fin los destinará "a otras cosas" porque lleva ocho meses detrás de Luis Díez, jefe de gabinete de la vicepresidenta Elena Salgado, y no se ha puesto al teléfono.

Visiblemente molesta por el desaire de Díez, del que responsabilizó directamente a Salgado, Barberá se niega en redondo a convocar al consorcio -que la regidora no reúne desde hace 19 meses (desde marzo de 2009)- porque siempre lleva los temas consensuados antes de la reunión y su urgencia ahora es sacar adelante y cuanto antes un plan para explotar comercialmente la dársena.

Peralta: "El único que ha puesto dinero ha sido el Gobierno"

"Nos van a abocar a convocar un consorcio para aprobar las cuentas de este año", avanzó la alcaldesa. Hasta ahora el único que ha desembolsado 16 millones de euros para financiar a la entidad ha sido el Gobierno español. "El Gobierno no quiere sentarse con nosotros", dijo Barberá para sostener su anuncio de que no pagará. Incluso pidió otro interlocutor dentro del Gobierno que no sea Salgado. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento.

Como defendieron los dos políticos, el uso predominante de la Marina Real Juan Carlos I es el deportivo naval y todo lo que se ubique allí deberá ser compatible. La propuesta que ayer formularon Barberá y el vicepresidente económico Gerardo Camps sale del concurso internacional de ideas convocado por el consorcio para diseñar la dársena.

Barberá calificó de "necesidades inmediatas" para la dársena la creación de un gran varadero para la atención de barcos de 200 metros de eslora y megayates. Esta área se acompañaría de un área comercial, restaurantes, lavandería, tiendas especializadas de accesorios de barcos y escuela de actividades náuticas. De la financiación de esta primera fase de desarrollo del plan se encargarán los propios concesionarios. Y si son necesarios más fondos, Barberá recordó que todavía quedan cerca de 170 millones de euros del crédito de 500 concedido por el ICO que no se han empleado. Camps, por su parte, agregó que la Generalitat ha invertido millones de euros en mejoras en la zona que deben ser tenidas en cuenta.

Ni la alcaldesa ni el vicepresidente se sienten tampoco "obligados" a amortizar su parte en el crédito de 331 millones de euros concedido por el ICO para sufragar las obras de la dársena que hicieron posible la regata. El primer vencimiento, por importe de ocho millones de euros, llegó el pasado junio y ni la Generalitat ni el Consistorio abonaron su parte pese a los requerimientos del Gobierno. Ambos se escudaron en que si la dársena no da ingresos "no podemos afrontar los créditos del ICO" y ambos recordaron también que el ministro Jordi Sevilla se comprometió en 2004 a que si no había retornos por la explotación de la dársena, el Estado se haría cargo de devolver el crédito.

Ricardo Peralta, delegado del Gobierno, replicó al poco tiempo a los dos políticos populares. "Todas las ideas que se aporten serán estudiadas por nuestra parte. Pero, para hacerlas realidad, lo importante es poner dinero y hasta la fecha el único que ha puesto dinero en esa dársena es el Gobierno de España", declaró.

Y fue más allá. "Si tiene el dinero reservado, como dice, que lo entregue al consorcio, en el que ella es una parte y junto a la Generalitat son dos de las tres partes. Que lo haga cuanto antes, que no recurra a argumentos falsos y que no engañe a la opinión pública", afirmó.