13.000 dependientes no reciben ayuda, pese a tenerla reconocida

Veinte meses después de la entrada en vigor de la ley, hay 13.331 valencianos que, a pesar de haber sido valorados y de tener reconocida su condición de dependientes, carecen de prestación y, por ello, siguen a la espera de que se les asignen ayudas para hacer frente a su situación. Los últimos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, del 1 de diciembre, además, indican que el porcentaje de personas que han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia en la Comunidad Valenciana es ínfimo: apenas un 0,7% de la población, la tasa más baja excepción hecha de Madrid (0,4%)

Emilio Guillén, de 57 años y con distrofia muscular, pone rostro a la cifra mareante de dependientes que claman por una efectiva aplicación de una ley que, sobre el papel, dulcificaría la situación que sufren ellos y sus familias. Esta norma, aprobada en vísperas de las pasadas elecciones por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce a las personas en situación de dependencia y les asigna diferentes tipos de prestaciones. Pero estas ayudas parecen tardar en llegar a la Comunidad Valenciana. Durante meses, Emilio, con escasa movilidad dado lo avanzado de su enfermedad, solicitó su reconocimiento. Hace tres fue examinado pero todavía ignora cuál ha sido la resolución y, por tanto, si tiene derecho a algún tipo de ayuda.

Sólo el 0,7% de los valencianos con derecho a prestación la han solicitado

La consejería de Bienestar Social, que dirige Juan Cotino, declinó valorar los datos manejados por el Ministerio de Educación y Política Social que retratan la escasa aplicación de esta ley. Según estos indicadores, hay 12.115 personas a las que se ha reconocido que su grado y nivel de dependencia está amparado por la ley y se les ha concedido la prestación que les corresponde (ya sea en una residencia, ayuda a cuidadores familiares o centros de día, entre otras). Sin embargo, hay otras 13.331 personas a quienes, pese a reconocérseles también su situación como dependientes, aún no se les ha elaborado el correspondiente plan individual de atención (PIA) en el que se fijan las ayudas. Además, hay 5.165 expedientes no resueltos entre los que hay personas que ya deberían recibir ayudas.

La demora, explica Salvador Roig, portavoz de CC OO en la comarca de L'Alacantí, se debe, en parte, a la falta de personal para realizar las baremaciones. El retraso en la tramitación de los expedientes ha sido denunciado por los dos últimos titulares de la Sindicatura de Greuges, Emilia Caballero y Carlos Morenilla. Los afectados reclaman la urgencia de estas valoraciones con el fin de que los grandes dependientes y los dependientes severos puedan disfrutar de estas ayudas. De no ser así, muchas llegarán tarde. CC OO alerta también de que los colectivos más gravemente afectados y con una situación de dependencia severa "no están siendo, en su mayoría, objeto de prestación de servicios". El sindicato denuncia que el Consell no está desarrollando el catálogo de servicios. El único que ha crecido espectacularmente (de una persona a 1 de octubre a 3.489, a 1 de diciembre) son las prestaciones al cuidador familiar, es decir, las menos dotadas económicamente y las menos profesionalizadas, según CC OO. Otro de los servicios que tampoco está prescribiendo Bienestar Social es el recurso de ayuda a domicilio y el del asistente personal, el más demandado por la población. La organización hace hincapié en que la configuración de una red de dispositivos para la atención a la dependencia no solamente es beneficiosa para este específico colectivo sino que resulta un sector estratégico por su potencialidad para crear empleo e infraestructuras. Esta red de servicios generaría, según el sindicato, un formidable número de puestos de trabajo.

Otro de los aspectos que muestran las estadísticas del Gobierno estatal es que la Comunidad Valenciana sigue a la cola entre los solicitantes de ayudas a la dependencia. El Ministerio que dirige Mercedes Cabrera, estima que el 11% de la población valenciana es dependiente pero sólo 34.145 personas (el 0,7% de los cinco millones de valencianos) han cursado su solicitud. Los teóricos beneficios de esta ley, por tanto, apenas tienen incidencia en la Comunidad Valenciana porque el grueso de los dependientes ni siquiera ha solicitado sus prestaciones. Salvador Roig atribuye el bajo porcentaje de solicitudes de los afectados a la desinformación y a la nefasta gestión que ha hecho el ejecutivo de Camps.

Primero fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien acusó a la Comunidad de Madrid de boicotear la ley, extremo que posteriormente han denunciado también los trabajadores sociales de la Comunidad Valenciana. Los últimos en echarse a la calle han sido los propios afectados para exigir la aplicación de la norma.