El asedio de Texas al registro de votantes continúa con demandas a dos bastiones demócratas

La cruzada contra los esfuerzos de registrar nuevos votantes en Texas tiene un nuevo capítulo. Tras anunciar investigaciones e inspeccionar los domicilios de organizaciones latinas, activistas demócratas y hasta un candidato hace unas semanas, el fiscal general, Ken Paxton, ha demandado en los últimos días a los condados de Travis y Bexar; donde se encuentran dos bastiones progresistas urbanos con alta población, las ciudades de Austin, la capital, y San Antonio, respectivamente. Las acusaciones alegan que funcionarios condales sobrepasaron su autoridad al contratar a una empresa externa, supuestamente “partidista” para que contactara ciudadanos residentes y los invitara a registrarse para votar. También amenazó al condado de Harris, el más poblado del Estado y donde se encuentra Houston, de acciones legales si procedían con un programa similar.

En un comunicado que acompañó la demanda contra Travis, Paxton añadió, sin pruebas, que estos programas pueden terminar en el registro de individuos sin derecho a voto, repitiendo la alarma infundada que los Republicanos han aireado desde hace semanas de que los demócratas están inscribiendo a miles de migrantes sin papeles para votar y así “robar” las elecciones. “Programas como este invitan al fraude y reducen la confianza pública en nuestras elecciones. Detendremos a este y cualquier otro condado considerando programas similares”, decía el comunicado. Los expertos en materia electoral coinciden que son las acciones y comentarios de Paxton y otros oficiales estatales —incluyendo el gobernador, Greg Abbott, que hace unas semanas anunció que se habían borrado un millón de electores de las listas del Estado aunque solo 6.000 no eran ciudadanos— las que están minando la confianza en el proceso electoral en Texas.

El principal argumento legal de Paxton es que, de acuerdo a las leyes del Estado, los condados no tienen mayor autoridad para enviar formularios de registros que para distribuir papeletas por correo; algo que está muy restringido y es ampliamente considerado parte de la estrategia histórica para suprimir el voto de minorías, especialmente de los latinos. Paxton ya usó este mismo razonamiento en 2020 para desafiar al condado de Harris, en una acción que él mismo ha dicho fue crucial para que Donald Trump se quedara con el Estado hace cuatro años. El argumento dice que los condados solo pueden hacer lo que Estado les permite expresamente, y donde ese permiso no está dado claramente, se debe asumir que no tienen autoridad. “No hay ningún estatuto que faculte a los demandados a identificar y dirigirse a individuos potencialmente no registrados que puedan o no ser elegibles para registrarse [para] votar”. En cambio, se argumenta en el texto de la demanda, los funcionarios del Condado de Travis habrían “socavado la ley de Texas” porque sus acciones podrían causar que “individuos que no son elegibles para votar crean que pueden registrarse”.

En esta ocasión, sin embargo, Travis y Bexar han seguido adelante con su esfuerzo por registrar nuevos votantes con la confianza de que las leyes estatales son más permisivas cuando se trata de registro de votantes que del voto por correo. Ante esta eventualidad, la demanda incluye una petición para una orden de detención temporal para parar los esfuerzos antes de que concluyan, pues la fecha límite para inscribirse como votante es el 7 de octubre. Hasta el momento nadie ha sido detenido.

Un portavoz de Travis defendió las acciones del condado en respuesta a la demanda interpuesta por Paxton. “El Condado de Travis se ha comprometido a fomentar la participación de los votantes y estamos orgullosos de nuestros esfuerzos de alcance que logran mayores números de registro de votantes. Nos mantenemos firmes en nuestra responsabilidad de mantener la integridad del proceso de registro de votantes, asegurando al mismo tiempo que cada persona elegible tenga la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Es decepcionante que cualquier funcionario electo a nivel estatal prefiera sembrar la desconfianza y desalentar la participación en el proceso electoral”.

La demanda de Paxton también alega que, además de iniciar una acción para la cual no tienen autorización, Civic Government Solutions (CGS), la empresa contratada por ambos condados para proporcionar la base de datos de ciudadanos residentes que no están registrados todavía, es pro-Demócrata y abiertamente progresista. CGS afirma tener una “amplia experiencia, incluidos científicos de datos, expertos en legislación electoral y experiencia en logística postal” que le permite “ofrecer las soluciones de registro de votantes más fiables y eficaces del mercado”. Según la empresa, ha registrado a aproximadamente dos millones de personas desde 2018. De todas maneras, la demanda también admite que el contrato encarga a CGS la identificación de cualquier residente actual “que tenga al menos 18 años de edad, sea ciudadano estadounidense y no esté ya inscrito para votar”.

El CEO de la empresa, Jeremy Smith, ha negado categóricamente a través de declaraciones al Texas Tribune que CGS sea una empresa con un sesgo ideológico. “La empresa no es partidista en absoluto, sus estatutos, su misión y sus responsabilidades fiduciarias son expresamente no partidistas. Todos nuestros contratos, el 100% de ellos, son apartidistas. Está escrito. Tenemos la obligación de demostrarlo, mantenerlo y proporcionar esos datos a todos nuestros clientes para que rindan cuentas”. Los argumentos de la demanda apuntan, en cambio, a que, en calidad de CEO de otra empresa suya llamada Civitech, Smith se ha declarado abiertamente progresista y ha hablado de cómo usar datos y otras herramientas para avanzar políticas progresistas.

Hablando en el Festival The Texas Tribune hace unos días, los jefes ejecutivos de los condados defendieron sus acciones. “Paxton hace esto cada vez”, dijo el juez del condado de Travis, Andy Brown, y agregó que los funcionarios deben hacer todo lo posible para registrar a los votantes, especialmente en un Estado donde la gente no puede registrarse para votar en línea; otra de las estrategias señaladas como parte del esfuerzo de supresión del voto. El juez del condado de Bexar, Peter Sakai, por su parte, dijo que decidió implementar el programa de registro de votantes porque la participación en su localidad ha sido baja. “Quiero dejar claro que este esfuerzo no está tocando la papeleta de votación. No estamos tocando el proceso electoral. Lo único que queremos es registrar a los votantes”, afirmó.

La persecución judicial a funcionarios por sus acciones en estas elecciones ha encendido alarmas a nivel nacional desde que Donald Trump publicara el fin de semana pasado en Truth, su red social, una amenaza abierta: “CUANDO GANE, las personas que HICIERON TRAMPA serán procesadas con todo el peso de la Ley, lo que incluirá largas penas de prisión.... Por favor, sepan que esta exposición legal se extiende a Abogados, Operativos Políticos, Donantes, Votantes Ilegales y Funcionarios Electorales Corruptos. Los implicados en comportamientos inescrupulosos serán buscados, atrapados y procesados a niveles, lamentablemente, nunca vistos en nuestro país”.