La prohibición no detiene los abortos en Estados Unidos: las intervenciones aumentan ligeramente
Un nuevo informe muestra que los abortos por telemedicina han aumentado un 16% desde que Tribunal Supremo derogó el derecho federal al aborto en 2022
Los 14 Estados que han prohibido las interrupciones voluntarias del embarazo desde que el Tribunal Supremo derogó hace dos años el derecho federal al aborto en Estados Unidos no han podido quebrantar la voluntad de quienes quieren o necesitan este procedimiento. Desde el fallo en 2022, el número medio de abortos practicados cada mes en el país ha ido aumentando, hasta alcanzar una media de 98.990 abortos al mes entre enero y marzo de este año. Esto supone un 14% más que la media del mismo periodo de 2023, es decir, unos 12.000 abortos más al mes, según un informe publicado este miércoles.
Los datos recopilados por #WeCount, un proyecto de investigación de la Sociedad de Planificación Familiar, retratan cómo el país ha cambiado para blindar o restringir los derechos de salud reproductiva de las mujeres 21 meses después de que el máximo tribunal tumbara el precedente Roe contra Wade y devolviera el poder para legislar sobre el aborto a cada Estado. Desde entonces, más de 25 millones de mujeres viven en territorios con restricciones al aborto y enfrentan grandes dificultades para someterse a una intervención. La teleasistencia les permite acceder a consultas médicas online y recibir los medicamentos necesarios.
El informe llega a solo tres meses de las elecciones presidenciales que enfrentarán a Kamala Harris, fiel defensora del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con Donald Trump, quien durante su anterior Administración nombró tres jueces al Supremo con la misión expresa de tumbar Roe, lo cual logró.
Se espera que con Harris como la nueva candidata demócrata tras la retirada de Joe Biden, el aborto movilice al electorado demócrata, quienes ven en la actual vicepresidenta una protectora de este derecho. Y es que más allá del duelo Harris-Trump por la presidencia, el aborto estará en al menos seis papeletas estatales, donde los votantes tendrán la oportunidad consagrar o rechazar la protección del aborto en su Estado. Hasta ahora, en los siete Estados donde se han hecho consultas populares en las urnas, los electores han decidido proteger la libertad de decidir de las mujeres.
#WeCount comenzó a contabilizar el número de abortos practicados a nivel nacional y por Estado después del fallo del Supremo en junio de 2022. Desde entonces, la iniciativa a favor del derecho al aborto publica sus hallazgos en informes trimestrales. Su último reporte, con datos de los primeros tres meses de este año, muestra que solo en enero se practicaron 102.350 abortos en todo el país, la primera vez que se registran más de 100.000 procedimientos en un mes desde la sentencia de la alta corte. Como referencia, son 17.660 abortos más que en abril de 2022 y 18.280 más que en mayo del mismo año, los dos meses previos a la sentencia de la alta corte.
Desde #WeCount señalan que esta tendencia al alta, a pesar de la avalancha de restricciones contra el procedimiento que se produjo en los Estados más conservadores tras la sentencia del tribunal, se debe a que ha habido un notable aumento en el número de abortos practicados de manera telemática, a través de telesalud o telehealth. Esta opción ha pasado de representar solo el 4% de todos los abortos practicados en el país en abril de 2022 al 20% en la actualidad.
Entre enero y marzo de este año, se produjeron unos 19.700 abortos por telesalud al mes, incluidos los practicados en clínicas físicas, clínicas virtuales y bajo las protecciones de las llamadas leyes escudo, o shield laws. Estas leyes protegen a los médicos que ejercen en Estados donde el aborto sigue siendo legal para prescribir fármacos abortivos a través de la telesalud a personas que viven en Estados donde el procedimiento está prohibido o restringido. En total, siete Estados demócratas —Massachusetts, Washington, Colorado, Vermont, Nueva York y California— y solo uno republicano —Maine— han aprobado leyes escudo.
Gracias a estas shield laws, entre enero y marzo, 27.660 abortos —9% del total— fueron realizados a través de telesalud. Y desde que estas leyes empezaron a entrar en vigor durante el verano del año pasado, más de 65.000 personas han podido acceder al procedimiento a pesar de residir en Estados donde el aborto está totalmente prohibido o restringido a partir de la sexta semana de embarazo —cuando la mayoría de personas no saben que están embarazadas— y en Estados donde se limita al acceso a la telemedicina.
“El aborto por telesalud está marcando una diferencia decisiva para las personas que buscan servicios de aborto en este entorno cada vez más restrictivo”, indicó en un comunicado este miércoles la doctora Ushma Upadhyay, copresidenta de #WeCount y profesora de salud reproductiva en la Universidad de California en San Francisco.
Repuntes en Estados limítrofes con otros que lo prohíben
El informe revela que el número de abortos aumentó en Estados limítrofes con otros que lo prohíben o restringen. En parte, este aumento se debe a que una mayor cantidad de personas está desplazándose desde Estados donde no pueden abortar a territorios donde sí es legal, según #WeCount. Este es el caso de Illinois, el cual está completamente rodeado de Estados que han restringido el acceso al aborto, incluyendo tres que lo han prohibido por completo: Misuri, Indiana y Kentucky. Entre enero y marzo de este año, Illinois fue el tercer Estado con mayor promedio de abortos.
“Aunque el volumen de abortos ha aumentado, sabemos que esta no es la historia completa”, dijo la doctora Alison Norris, copresidenta de #WeCount y profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio. “Incluso mientras vemos el aumento en el volumen de abortos a nivel nacional, la carga para un individuo que vive en un Estado con una prohibición del aborto es enorme, especialmente si necesitan atención de aborto en persona”.
Los abortos prácticamente han cesado en los 14 Estados que han promulgado prohibiciones desde el fallo que anuló Roe contra Wade. #WeCount calcula que, si estas prohibiciones no existieran, en esos 14 Estados se habrían producido 208.040 abortos en los 21 meses transcurridos desde el fallo del Supremo. Es decir, dichas prohibiciones están impidiendo que se produzcan cerca de 10.000 abortos en persona en esos Estados cada mes.
Los Estados con los mayores descensos acumulados en el volumen de abortos desde la sentencia del Supremo son Texas (64.710), Georgia (39.245), Tennessee (24.775), Luisiana (16.175) y Alabama (13.335). En cuatro de los cinco el aborto está prohibido, salvo en Georgia, donde se prohíbe a partir de la sexta semana.
El caso de Florida y el sureste del país
Los investigadores de #WeCount destacan el caso de Florida, donde hasta el pasado marzo la cantidad de abortos realizados estaba al alza. Sin embargo, los datos que maneja la entidad aún no reflejan el cambio en la legislación estatal: desde el 1 de mayo, el Estado prohíbe el aborto después de la sexta semana de embarazo. La llamada “ley del latido” equivale prácticamente a una prohibición total, al igual que leyes similares en vigor en Georgia, Iowa y Carolina del Sur.
Para #WeCount, la ley de Florida tendrá repercusiones más allá del Estado, “dado el número relativamente alto de abortos” que se realizaban antes de la entrada en vigor de la nueva norma. Desde el fallo del Supremo, Florida se había convertido en receptor de pacientes de otras partes del sureste del país, donde hay siete Estados que han prohibido el procedimiento. Hasta marzo de este año, el total mensual de abortos en Florida iba desde los 6.000 hasta los 8.000.
El futuro del derecho al aborto en Florida y en la región sureste del país en general se decidirá en noviembre. El 5 de noviembre, día de las elecciones generales, los habitantes del Estado también votarán una enmienda constitucional que, de ser aprobada, legalizaría el aborto hasta la viabilidad, que generalmente se considera en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo. Al menos un 60% debe votar a favor para añadir esta medida a la Constitución estatal.
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