Cataluña confirma que 24 personas han recibido la eutanasia en la comunidad

Cataluña ha confirmado que, a 30 de noviembre, 24 personas han recibido la eutanasia en la comunidad. En los primeros cinco meses con la ley en vigor, la comunidad ha registrado 53 solicitudes de ayuda para morir, según ha explicado este jueves la secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó. De ellas, 28 han sido aprobadas: 24 se han ejecutado y otras cuatro están pendientes de realizar. Cataluña es una de las comunidades que, en este momento, ha tenido mayor flujo de solicitudes y prestaciones efectuadas, ...

Cataluña ha confirmado que, a 30 de noviembre, 24 personas han recibido la eutanasia en la comunidad. En los primeros cinco meses con la ley en vigor, la comunidad ha registrado 53 solicitudes de ayuda para morir, según ha explicado este jueves la secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó. De ellas, 28 han sido aprobadas: 24 se han ejecutado y otras cuatro están pendientes de realizar. Cataluña es una de las comunidades que, en este momento, ha tenido mayor flujo de solicitudes y prestaciones efectuadas, ha confirmado Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantías autonómica, aunque el experto no ha concretado las cifras de otros territorios.

En una entrevista a EL PAÍS, Tuca, que está al mando del organismo que tiene la última palabra para validar o denegar las solicitudes, ya advertía de que el ritmo de peticiones era “intenso”. Sin dar datos entonces, apuntaba que han sido más de las que él esperaba: “No es exagerado, pero tampoco es poco. Al menos, en Cataluña. No será una situación anecdótica, pero no estamos al nivel de Bélgica o Países Bajos [en este país fueron el 4,1% de las muertes, 7.000 casos]”, dijo.

Los datos publicados por Cataluña —la única comunidad, por ahora, que ha hecho balance de la situación— reflejan que la mayor parte de las solicitudes se han presentado en la atención primaria: 34 se han hecho en los centros de salud y 19 en hospitales. Del total de peticiones recibidas (53), hay 14 que todavía siguen en curso y seis personas fallecieron antes de culminar la tramitación que exige la ley. Según el procedimiento normativo, la persona tiene que solicitar la prestación dos veces con un plazo en medio de 15 días y, luego, pasar tres filtros de control: su petición será valorada por su médico responsable y, si es favorable, también por un facultativo consultor. Si este también la aprueba, la solicitud tendrá que ser validada por la comisión de garantía.

La directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo, ha indicado que, en estos meses, se han denegado tres solicitudes “porque no se ajustaban a la ley” y se han revocado otras dos. Esto significa que dos personas se echaron atrás durante la tramitación y el proceso se paró. “Quiere decir que el paciente cambió de opinión y esto es muy importante porque es una ley garantista. En cualquier momento de los trámites, el paciente puede revocarlo”, ha incidido Carranzo.

A propósito de las peticiones denegadas, los expertos del Departamento de Salud no han querido profundizar en el detalle de los casos para evitar que se identifiquen. Según Tuca, “en todos los casos había autonomía de voluntad”. “Estas tres personas eran competentes, expresaban de forma organizada, consistente y con total competencia su voluntad, pero el problema es que no había la otra variable indispensable de la ley: lo de tener una enfermedad grave, incurable e irreversible o un padecimiento irreversible que condicionase una expectativa de vida corta no se cumplía”, ha indicado.

Para poder acceder a la prestación, la ley exige, además de tener nacionalidad española y ser mayor de edad, “padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico”. En Cataluña, la mayor parte de las solicitudes recibidas estaban vinculadas, según Salud, con casos de enfermedades neurodegenerativas u oncológicas, pero los expertos admiten que siguen en un limbo otras patologías, como los problemas de salud mental, que son más complejos de abordar.

Tuca ha confirmado que, “de las solicitudes aprobadas, no hay ninguna que tenga relación con salud mental”, pero asume las dificultades que presentan este tipo de trastornos: “Es un planteamiento crítico para la comisión porque, a diferencia de otras peticiones, donde hay una enfermedad física que condiciona un sufrimiento, el núcleo de la enfermedad [en el caso de los trastornos mentales] es el sufrimiento y el punto clave es comprobar, no la magnitud, sino si este proceso puede mejorar”. El médico ha asegurado que también en reuniones con el Ministerio de Sanidad esta cuestión era “un dilema y se planteaba hacer una comisión específica sobre ello”.

Objetores

El Departamento de Salud también ha concretado que la cifra de sanitarios objetores a la eutanasia es apenas el 0,1% del total: de los 90.000 profesionales de esta rama que, según Salud, hay en Cataluña, solo 90 se han incorporado al registro de objetores que ha abierto la Generalitat. Cataluña dispone de un registro telemático habilitado para profesionales sanitarios colegiados con titulación en medicina, en enfermería, en psicología o en farmacia: allí pueden solicitar la inscripción en la objeción de conciencia o la revocación. Por profesiones, de los 38.000 médicos que hay en Cataluña, 77 se han declarado objetores (57 en Barcelona, siete en Girona, cuatro en Lleida y nueve en Tarragona); también se han registrado un farmacéutico de Barcelona y 12 enfermeras (11 en Barcelona y una en Tarragona).

Carranzo ha recordado que la objeción institucional está prohibida. Es un derecho individual del profesional sanitario, pero no puede objetar un hospital o un centro de salud en bloque como organización. Si bien el Comité de Bioética de España abrió la puerta a la viabilidad de una objeción institucional, Masó también ha insistido en este punto: “Los centros no pueden ser objetores. No ha pasado, pero tampoco puede ser.”

Tuca ha indicado a este diario que, si en Cataluña se detecta que el 100% de los profesionales de un centro se declaran objetores, se indagará el porqué: “Puede ser fruto de la casualidad, pero sería muy llamativo que en un centro hospitalario el 100% se declarara objetor. Simplemente, la investigación es preguntar, no es una persecución ni tiene una responsabilidad civil”.