Las patronales de residencias piden que la vacunación sea obligatoria para sus trabajadores

La pandemia golpea de nuevo las residencias de mayores. Otra vez los positivos vuelven a aumentar semana a semana. Otra vez los aislamientos, la angustia para frenar los contagios, plantillas tensionadas tras las bajas de compañeros infectados. Otra vez la convivencia con el riesgo. Desde el inicio de la epidemia, cerca de 30.000 mayores que vivían en estos centros han muerto, son la población más vulnerable al virus. Las vacunas han cambiado radicalmente el escenario respecto a oleadas pasadas, ...

La pandemia golpea de nuevo las residencias de mayores. Otra vez los positivos vuelven a aumentar semana a semana. Otra vez los aislamientos, la angustia para frenar los contagios, plantillas tensionadas tras las bajas de compañeros infectados. Otra vez la convivencia con el riesgo. Desde el inicio de la epidemia, cerca de 30.000 mayores que vivían en estos centros han muerto, son la población más vulnerable al virus. Las vacunas han cambiado radicalmente el escenario respecto a oleadas pasadas, han logrado que la mortalidad descienda drásticamente. La acogida ha sido mayoritaria, pero un pequeño porcentaje de trabajadores se niega al pinchazo. Por ello un debate comienza a abrirse paso en el sector. ¿La vacunación debería ser un requisito indispensable para poder trabajar en estos centros? Las cuatro grandes patronales de residencias lo piden y otros países, como Francia e Italia, ya lo han aprobado.

No hay una cifra a nivel nacional de cuántos empleados han rechazado la vacuna, el Ministerio de Sanidad no tiene datos. Ni siquiera todas las comunidades disponen de esa cifra. El panorama es muy cambiante en función de la autonomía, algunas informan sobre todos los centros sociosanitarios (no solo de mayores, también de discapacidad, etcétera), otras, como Castilla y León, no registran el número. En regiones como La Rioja o Madrid aseguran que son minoritarios, pero no precisan cuánto. En Murcia y Cataluña, el 5,8% y el 7,8% de los trabajadores, respectivamente, no tienen la primera dosis puesta. En Valencia, el dato de los no vacunados es del 4,7%. En Andalucía, del 2,7%. Ni en Galicia ni en Extremadura llegan al 1%. El mayor porcentaje se registra en Aragón, donde el 10,4% de los empleados de residencias de mayores han rechazado el pinchazo, lo que equivale a unas 1.300 personas. Se trata de una cifra de abril que el Gobierno está actualizando y fuentes del departamento de Ciudadanía aseguran que ha descendido.

Sara da un nombre ficticio. Tiene 36 años y trabaja desde hace dos en una residencia de Guadalajara. De diciembre a febrero lidiaron con un brote en el centro. Cuando le ofrecieron la vacuna la rechazó: “No me fiaba nada. Nos pusieron a nosotros los primeros, como conejillos de indias”. Dice que, “aunque suene mal”, pesó más su miedo que la preocupación por el riesgo que podía suponer para los mayores. “Hay que mirar por uno mismo, si no estoy bien, no puedo trabajar. Primero pensé en mi cuerpo y luego pensé en mi futuro. Terminé poniéndomela porque si quiero trabajar en esto me la van a acabar exigiendo”, prosigue. Justamente ahora está contagiada, aunque se encuentra bien y no ha contagiado el virus a nadie en la residencia. Asegura que en el centro la presionaron “mucho”. Lo mismo cuenta Fátima, que trabaja en Cataluña y tampoco se ha vacunado: “Te preguntan desde la dirección, desde prevención de riesgos laborales…”. Esta joven de 27 años está embarazada de su segundo hijo y, hasta que no dé a luz, no quiere ponérsela. “Al principio éramos reticentes la mitad de las trabajadoras, ahora solo quedo yo”.

Hay tres vectores de contagio en las residencias: las visitas, las salidas y los empleados. No hay datos para saber cuántos de los brotes se originan por estos últimos ni cuántos por trabajadores sin vacunar. Lo que es indudable es que en el último mes la situación de los centros ha vuelto a empeorar. Del 26 de julio al 1 de agosto, 71 mayores murieron tras haberse contagiado, el doble que los 36 de la semana anterior, según datos del Imserso. Los positivos se han multiplicado en el último mes. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto se contabilizaron 1.150 nuevos casos. Sin embargo, el ritmo del aumento de los contagios se ha frenado respecto a semanas anteriores. Y la letalidad en los centros ha bajado respecto a oleadas anteriores (es del 6% entre el 8 de marzo y el 1 de agosto, frente al 20% entre el 4 de enero y el 1 de agosto).

Los expertos discrepan sobre la medida. En el escenario actual, los rechazos a estos fármacos “no suponen un problema de salud pública”, aseguran, tajantes, José Martínez Olmos y Alberto Infante, dos expertos en la materia. Ambos recalcan que la aceptación en España es muy elevada. El primero, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, sostiene que “en estos centros prácticamente el 100% de los mayores está vacunado, así como la gran mayoría del personal, y la vacuna no garantiza que no se infecten”. “Convendría que todo el mundo se vacunase, pero no soy partidario de obligar, focalizar en los profesionales sería incorrecto. La clave está en que todos tengan la cautela necesaria y adopten las medidas preventivas”, opina.

Jaime Jesús Pérez, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Vacunología, replica que, por pocos que sean, suponen un riesgo. “Alguien vacunado tiene menos posibilidades de infectarse y, por tanto, de transmitir la enfermedad”, dice. “Las residencias son sitios muy especiales, donde hemos prohibido visitas durante meses, salidas… Para proteger un bien supremo, su salud, hemos tenido que condicionar de forma muy dura su vida. No me parece ni profesional ni ética ni moralmente aceptable. Creo que debería ser un requisito en instituciones sociosanitarias”, añade. “Son muy pocos, ¿pero aceptaríamos que uno de cada 100 cirujanos no se lavase las manos, por pocos que sean?”, plantea.

Las cuatro grandes patronales de residencias están de acuerdo en que las vacunas deben ser obligatorias. Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, explica: “Es una cuestión de ética asistencial. Prevalece el derecho de la parte más débil a proteger su salud”. Juan Vela, presidente del Grupo Social Lares, que agrupa a residencias gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, considera que “solamente con la vacuna y con las medidas de prevención se puede luchar contra esta enfermedad: vacuna, mascarillas, higiene personal y distanciamiento”.

El ministerio es reacio

El Ministerio de Sanidad se ha mostrado desde el inicio de la pandemia reacio a imponer la vacunación de la población, pero seis comunidades sí son favorables a convertirla en un requisito para los trabajadores sanitarios y de residencias, como Murcia o Andalucía. En Murcia, de hecho, el Gobierno autónomo ha identificado brotes que se han iniciado por trabajadores no vacunados. En Álava, donde entre el 5% y el 6% del personal ha rechazado el pinchazo, el diputado general, Ramiro González, ha preguntado a sus servicios jurídicos si hay amparo legal para hacer la vacuna obligatoria. Ante el aumento de contagios, las autonomías han ido imponiendo medidas en estos centros. En Aragón, por ejemplo, los empleados no inoculados tienen que pagar de su bolsillo un test cada tres días. En Cataluña hay tres cribados a la semana frente a uno solo para quienes se inoculan. En Andalucía han instaurado una prueba semanal para quienes no han aceptado el pinchazo.

El departamento que dirige Carolina Darias, preocupado por el alza en los contagios, se plantea adoptar medidas para todo el territorio. La ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo técnico que reúne al ministerio y las comunidades y asesora en materia de salud pública, está estudiando hacer dos pruebas PCR o de antígenos semanales a trabajadores sin vacunar o trasladarlos de puesto para que no estén en contacto con los mayores.

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, otra de las patronales, opina que cualquier medida de prevención les parece “totalmente necesaria”. Ignacio Fernández, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, sostiene que “derivar a los gerocultores no vacunados a actividades sin contacto con los ancianos no es una actividad viable ni sostenible”. Su trabajo es, precisamente, atenderles en el día a día. Ambos afirman que se tiene en cuenta la vacunación en las nuevas contrataciones.

Mariví Nieto, miembro de Marea de Residencias, que agrupa a familiares, residentes y trabajadores, defiende la vacunación, pero cree que debería optarse por hacer pedagogía, que “obligar sería incluso discriminatorio”. En laPlataforma, que aglutina a asociaciones de la mayoría de autonomías, sí creen que debe ser un requisito imprescindible. “Hay residencias con un 30% de trabajadores sin vacunar, así no hay manera de adoptar medidas organizativas, y los brotes acaban con restricciones salvajes para los residentes”, dice María José Carcelén, de la Coordinadora 5+1, que forma parte de laPlataforma. Otro miembro, Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, zanja: “Se habla de una colisión de derechos fundamentales. Pero, ¿cuál es el derecho de un empleado cuyo trabajo es cuidar de la salud de los mayores en las residencias? ¿Qué se pone por delante? Es un tema complejo, pero después de todo lo que ha pasado, la obligatoriedad no debería ser cuestionada por nadie. Que se respete su derecho, pero entonces no pueden trabajar en una residencia”.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lamenta que “se siga abandonando a las residencias”. “Hay que estudiar jurídicamente la obligatoriedad de la vacuna”, reclama. Él defiende que sea un requisito para trabajar en estos centros. “Pero además pedimos cribados periódicos a todos los trabajadores, no solo a los que no están vacunados, y que se exija el certificado covid o al menos un test de antígenos a las visitas”. “También solicitamos un estudio de inmunidad de los mayores vacunados, no entendemos cómo Salud Pública no lo ha puesto en marcha a nivel nacional”, expone.

En España la vacunación es voluntaria. Por lo tanto, no puede imponerse a los trabajadores. Los centros no tienen margen para exigirlo. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, sostiene: “Es una cuestión de salud pública y no de prevención de riesgos laborales. El Gobierno tendría que hacer un cambio legislativo para poder exigirlo. Actualmente ni se puede despedir a alguien por no tener la vacuna ni se puede publicar en un anuncio de trabajo, por ejemplo, porque sería considerado discriminatorio en un juzgado”. Una guía técnica de hace unos años para la prevención de riesgos biológicos en el trabajo, que no es vinculante, especifica que la vacunación es voluntaria, pero que la no aceptación en ciertos tipos de empleo y para ciertas enfermedades puede conllevar la consideración de “no apto”, basándose en la necesidad de la protección de terceros. Cruz Villalón precisa que a día de hoy no existe una norma que especifique qué puestos son los no aptos para quienes no estén inmunizados contra la covid.

Hay comunidades que empiezan a mover ficha. El Consejo de Gobierno de Baleares aprobó en mayo un decreto para modificar la Ley Balear de Salud Pública que permite la opción de “someter a medidas profilácticas” de prevención del coronavirus, incluida la vacunación obligatoria para colectivos que no especifica. La Consejería de Salud insiste, sin embargo, en que por el momento no se plantean la posibilidad de inmunizar a trabajadores sanitarios o sociosanitarios, pero tiene esa vía abierta. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III Elviro Aranda cree que, dado que las comunidades autónomas son competentes en servicios sociales, “tienen que regular cómo se presta el servicio y las condiciones en las que se hace”.

Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, expone que “muy probablemente el Gobierno recurriría” las leyes autonómicas al Tribunal Constitucional, como ya sucedió en el caso de Galicia. “Podrían pedir autorización a los tribunales, en casos específicos, en un ámbito circunscrito y limitado, por razones de salud pública, como ocurre con el toque de queda”, añade. No cree que estemos en el escenario de que el Gobierno saque una norma para todo el Estado, “lo que tendría que ocurrir para instaurar la vacunación obligatoria”, y apunta que, de ocurrir, es probable que acabara recurrida al Constitucional. Él no está de acuerdo en imponer la vacuna, sino en convencer de que es la mejor herramienta de protección, así como las medidas no farmacológicas (como limitar visitas y hacerlas con distancia y al aire libre, pruebas diarias al personal, etcétera).

Con información de Pedro Gorospe, Juan Navarro, Sonia Vizoso, Ferran Bono, Eva Saiz y Lucía Bohórquez.