La lista de espera de la dependencia aumentó en 20.000 personas en 2019

El año pasado fue el primero desde 2015 en que aumentó la lista de espera de la dependencia. El ejercicio se cerró con casi 20.000 personas más aguardando a recibir una prestación o servicio al que tienen derecho, según los datos oficiales que publica el Imserso y que ha analizado la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, expertos en el sector. A finales de 2018, eran 250.037 personas. Un año después, la cifra ha escalado hasta 269.854, según los datos oficiales que public...

El año pasado fue el primero desde 2015 en que aumentó la lista de espera de la dependencia. El ejercicio se cerró con casi 20.000 personas más aguardando a recibir una prestación o servicio al que tienen derecho, según los datos oficiales que publica el Imserso y que ha analizado la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, expertos en el sector. A finales de 2018, eran 250.037 personas. Un año después, la cifra ha escalado hasta 269.854, según los datos oficiales que publica el Imserso. Además, a ellos es preciso añadir la cifra de quienes aguardan a ser valorados para saber si pueden acceder a una ayuda a través de la ley. El pasado 31 de diciembre eran 159.193 personas: 30.000 más que en 2018. 

"Las prórrogas de los Presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema durante el año 2019 que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras", explica la asociación en un comunicado emitido este martes. A este incremento de personas en espera "hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación: 426 días de media, con grandes variaciones" entre las comunidades autónomas, "lo cual indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión". 

La asociación calcula que, incluso en el supuesto irreal de que no entraran nuevas solicitudes al sistema, se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención. Y recuerda que el compromiso del Gobierno de reducir su lista de espera en un 75% durante estos cuatro años requeriría "una inversión de 1.300 millones de euros", una cantidad que equivale a la actual aportación de la Administración General del Estado al sistema de la dependencia, y "requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas". Reducir las tres cuartas partes de la lista de espera implicaría atender a 200.000 personas. Por ello, en el comunicado instan a las Administraciones a "ponerse manos a la obra cuanto antes".

En el comunicado se apunta que el número de atendidos disminuyó el año pasado en Extremadura y en Asturias (en 966 y 952 personas, respectivamente). Y que la lista de espera ha aumentado en ocho regiones: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Baleares (3,3%); Comunidad Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%). 

La Comunidad Valenciana es la autonomía en que más ha aumentado el número de beneficiarios (14.119). La asociación puntualiza que en esta comunidad sube también la lista de espera debido a que se han incorporado al sistema un gran número de personas. La siguiente comunidad en incremento anual de atendidos es Castilla y León (11.402). 

"Resulta especialmente doloroso que haya personas con algún grado de dependencia reconocido que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. Estimamos que en 2019 la situación ha afectado a cerca de 31.000 personas", se expone en el comunicado. Son unos 85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos. "Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera", lamenta la asociación, que también alude a los "gravísimos trastornos" que la demora en ofrecer servicios supone para las familias. "Muy especialmente a las mujeres, ya que el 75% de quienes prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas". 

Por ello, urgen a acometer una "inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas". Y sostienen: "No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados".