Las comunidades se abren a familiares y allegados pero seis exigen justificante

Primero la discusión versó sobre si se debía permitir la visita a familiares y allegados en Navidad a quienes viven en una comunidad autónoma distinta. Ahora, cuando empieza el periodo en el que muchas autonomías permiten cruzar las fronteras solo en estos casos, llega la consecuencia inevitable de hacerlo: ¿cómo se demuestra que efectivamente el desplazamiento se produce con este fin? Y no hay una respuesta clara ni única. Seis comunidades autónomas pedirán una declaración responsable de la persona en la que debe indicar adónde se desplaza y para qué. Otras lo dejan en la responsabilidad indi...

Primero la discusión versó sobre si se debía permitir la visita a familiares y allegados en Navidad a quienes viven en una comunidad autónoma distinta. Ahora, cuando empieza el periodo en el que muchas autonomías permiten cruzar las fronteras solo en estos casos, llega la consecuencia inevitable de hacerlo: ¿cómo se demuestra que efectivamente el desplazamiento se produce con este fin? Y no hay una respuesta clara ni única. Seis comunidades autónomas pedirán una declaración responsable de la persona en la que debe indicar adónde se desplaza y para qué. Otras lo dejan en la responsabilidad individual y en manos de los agentes de policía y Guardia Civil que realicen los controles.

Han habilitado formularios de declaración responsable Madrid, Cataluña —también mediante una aplicación de móvil—, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. En Valencia y Canarias no aplica, ya que la primera no permite la entrada a familiares y allegados (solo a quien resida en la comunidad) y la segunda permanece abierta sin este veto, excepto en Tenerife, que permanecerá cerrada en las fechas señaladas por su situación epidemiológica. Aunque de facto, como no se puede salir de ninguna comunidad autónoma en Navidad si no es para pasarlas con los más cercanos, tampoco nadie puede ir a Canarias con otro fin que no sea este. En Baleares no hay una declaración responsable como tal, pero sí un formulario que tiene que cumplimentar todo el que llegue a las islas en el que, entre otras cosas, debe señalar el motivo de su viaje.

El Ministerio de Sanidad no ha articulado ningún tipo de documento común, como tampoco lo hizo en el primer estado de alarma que comenzó en marzo. La diferencia, es que las razones que entonces permitían moverse entre comunidades eran más fácilmente justificables. Citas médicas, exámenes o motivos de trabajo se podían acreditar mediante una cita, un documento de empresa o de la universidad correspondiente.

¿Pero quién acredita una visita a un familiar o allegado? O, lo que es más: ¿quién determina qué es un familiar o allegado? Algunas comunidades, como Castilla y León, Extremadura o Aragón, han eliminado el término allegados de las excepciones a las restricciones de movilidad alegando que generaban confusión. Pero lo cierto es que ninguna ha definido qué es familiar: ¿solo de primera línea de consanguinidad, primos, tíos, cuñados? Esto no está determinado. Asturias sí ha definido en su orden lo que considera allegado: “Las [personas] que, sin estar relacionadas por vínculo familiar de consanguineidad o afinidad, se hallen unidas por vínculo afectivo de relación de pareja o análoga relación de afectividad.”

Manuel Moreno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, explica que ante la dificultad que entraña comprobar que los viajes entre comunidades están justificados, algunas han optado por exigir que el viajero realice una declaración responsable en la que exponga los datos básicos del viaje. “A mi juicio, esa exigencia tiene varios objetivos: el primero, disuadir de realizar viajes totalmente injustificados mediante la imposición de la carga (tampoco muy intensa) de cumplimentar el modelo de declaración para justificar el desplazamiento. Y, segundo, habilitar el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración por infracción del régimen de limitaciones a los desplazamientos establecido en las normas autonómicas”, señala.

Pero lo cierto es que esta declaración no es una prueba determinante para poder cambiar de comunidad. Es decir: no llevarla conlleva a priori sanción, pero llevarla no es garantía de librarse de ella. En última instancia, la decisión de hacer o no una denuncia estará en manos de los agentes de la policía o la Guardia Civil que realicen los controles. No existen instrucciones concretas del Ministerio del Interior sobre cómo actuar. Un portavoz del departamento explica que se trata de un trabajo policial básico: “Los funcionarios tienen potestad para hacer las preguntas o averiguaciones que consideren pertinentes para hacer cumplir las limitaciones que ha ordenado cada comunidad autónoma. No hay una documentación obligatoria [más allá de las declaraciones en las comunidades que las piden], pero sí bienvenida para facilitar la labor de los agentes. En cualquier caso, si determinan que se dan las circunstancias para la denuncia, el ciudadano posteriormente podrá alegar y aportar las pruebas que considere necesarias”. El agente, añade, no determina la cuantía, que dependerá de si se tramita por la Ley de Salud Pública o de Seguridad Ciudadana, con un mínimo de 3.001 euros, igual que sucede por ejemplo con quien llega a España sin PCR de un país con alta incidencia del virus.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles recomienda para estos desplazamientos cierta documentación para, como explica el portavoz de Interior, facilitar el trabajo. Un portavoz asegura que incluso en las comunidades que no lo han impuesto, es aconsejable una declaración responsable que diga dónde se va y por qué, así como un documento de empadronamiento de la propia residencia y una copia o foto en el móvil de la persona a la que se va a visitar. “También que haya coherencia entre lo que el ciudadano dice y lo que hace: si en su declaración dice que va a ver a sus padres a Huelva desde Madrid, que no vaya por la carretera de La Coruña”, señala.

En última instancia, como viene sucediendo durante toda la crisis sanitaria, todo dependerá de la responsabilidad personal, ya que el número de controles es ínfimo en comparación con los desplazamientos que se van a producir. Como también es imposible que los agentes vayan casa por casa contando si se cumple el número de comensales y burbujas que ha impuesto cada comunidad autónoma.

Aunque se permiten los desplazamientos en los casos tasados (ver tabla), la recomendación es no moverse de casa y pasar las Navidades con los convivientes, algo que tenían intención de hacer ocho de cada 10 españoles, según una encuesta de YouGov para la alianza de medios LENA, de la que forma parte EL PAÍS.

Esta recomendación se hace todavía más imperiosa desde que se ha descubierto que circula una nueva variante del coronavirus más contagiosa. Aunque de momento no se ha detectado en España, los expertos no descartan que ya haya llegado, habida cuenta de ya ha sido localizada en Dinamarca, Holanda, Australia y Gibraltar. El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) emitió el domingo un informe en el que llamaba a limitar al máximo todo viaje o reunión social que no fuera imprescindible. A pesar de esta advertencia, ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han hecho cambios sustanciales en el plan de flexibilización de medidas de cara a las navidades, que rige desde este miércoles hasta el 6 de enero.

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