¿Qué hacer con 120 millones de toneladas de residuos tóxicos?

Un paisaje de belleza lunar, tóxico, deslumbrante y apocalíptico bordea Huelva a solo 500 metros de distancia de sus últimos pisos. Desconocidas para la inmensa mayoría de vecinos, cuatro gigantescas balsas con 120 millones de toneladas de residuos vertidos durante décadas por la empresa Fertiberia sobre 1.120 hectáreas, tienen, desde hace una semana, algo más claro su destino. A vista de pájaro, el contraste evocador de verdes intensos y blancos sepultan la peligrosidad del mayor vertedero industrial de Europa, según los expertos. Sobre el terreno, las balsas combinan carreteras transitables de fosfoyesos consolidados y lagos de aguas ácidas letales.

¿Qué hacer con esas montañas de fosfoyesos y otros peligrosos minerales? Enterrarlas es la opción más probable que ha sido avalada por el Gobierno, pero las últimas evidencias científicas revelan que en una lengua de tierra rodeada de marisma y sin impermeabilizar durante décadas, su sellado es muy complejo si no imposible por las mareas. De ahí que los expertos estudien otras alternativas que de paso descarten el riesgo probable de tsunamis o terremotos.

En 1968 comenzaron a acumularse las pirámides de fosfoyesos —derivados de la producción de fertilizantes agrícolas— junto a cenizas de pirita, uranio natural y metales pesados que alcanzaron cumbres de 25 metros. Hasta 1997 y durante tres décadas, gracias a una legislación laxa con los vertidos industriales, Fertiberia produjo 2,5 millones de toneladas de fosfoyesos cada año y el 20% se vertía “directamente sin control ni tratamiento al estuario del río Odiel”, tal y como refleja el primer informe del comité científico que estudia el caso. En las últimas dos décadas se frenaron los vertidos directos a la ría de estos residuos “peligrosos” según la normativa europea, pero los indirectos continuaron hasta 2010, cuando la justicia detuvo la acumulación de residuos por el riesgo evidente de contaminación. Ha pasado más de una década desde la sentencia de la Audiencia Nacional y ahora el Gobierno ha dado una primera autorización —declaración de impacto ambiental favorable— al proyecto de la empresa Fertiberia para cubrirlas con una capa de un metro de tierra y arcilla compacta.

Sin embargo, este comité de 19 expertos científicos explora otras alternativas más eficaces y no descarta la inertización —desactivar la naturaleza química de los residuos— o el traslado mediante buques o miles de camiones durante años. El primer enterramiento de un apilamiento de fosoyesos con ocho metros de altura realizado hace años es hoy un queso gruyere por el que se filtran contaminantes al mar. Por desconocimiento o inconsciencia, muy cerca de las balsas hay pescadores en tierra que cada día lanzan sus cañas.

La balsa número cuatro (125 hectáreas) se tapó hace años, pero la marea ignora las cubiertas vegetales y se cuela hasta el corazón de los fosfoyesos, para regresar al mar con altas concentraciones de arsénico y cadmio, metales pesados que se mantienen en el medio líquido. “Las filtraciones son muchas, poco caudalosas pero constantes, como para llenar 150 piscinas olímpicas al año. Esto pone en jaque la restauración preliminar porque se pensaba que las filtraciones venían del agua de lluvia, pero el origen es el agua mareal que entra a través de los canales, lava en profundidad los fosfoyesos y retorna al estuario”, ilustra Rafael Pérez, investigador en hidrología del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva. El agua del estuario tiene un PH de entre cuatro y ocho, y la que retorna de las balsas presenta un valor de 1, mucho más ácida y cargada de contaminantes, matiza Pérez, que concluyó su informe en 2019. Próximas investigaciones dilucidarán si los metales han pasado al pescado y a las personas.

“Abordamos las balsas como si fuera un paciente, y antes de tratar sus patologías graves, vamos a estabilizarlo, ver si se está hundiendo y si tiene riesgo de colapso. Y aunque esté estable, los geólogos están de acuerdo en que habrá un maremoto, no sabemos si en 10, 50 o 200 años”, alerta Juan Alguacil, hasta el pasado julio presidente del comité de estos 19 investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Geológico y Minero (IGME), el ISGlobal y tres universidades andaluzas, entre otros centros. Los científicos colaboran con Fertiberia y la compañía ya ha asumido algunas propuestas, pero estos quieren explorar todas las alternativas y arrojar luz sobre cualquier área afectada: el impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas, la estabilidad geológica, la radioactividad presente y el coste socioeconómico de cada solución planteada. El objetivo es que nada quede oscuro en una compleja restauración donde se mezclan intereses económicos, la salud de 150.000 personas y el medio ambiente a un paso de Doñana.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico descartó, en su informe favorable que trascendió el pasado martes, la opción del traslado de los 120 millones de toneladas a balsas impermeabilizadas y alejadas del mar y de núcleos de población, pero sin aportar argumentos científicos. La Junta cifró en 2010 esta mudanza en 2.551 millones. Y aunque aún debe pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear —que lo identificó como suelo radioactivo en 2018— y la Junta andaluza sobre aspectos clave de salud pública y estabilidad de las balsas, el enterramiento de los residuos es hoy la opción más probable. El Ministerio alega que su luz verde temporal solo analizaba si los impactos ambientales disminuían con la puesta en marcha del plan, sin considerar otras alternativas, aclara una portavoz. Eso sí, la autorización del Gobierno deja fuera a la zona 4, que incluye el sellado de canales mareales, la construcción del tacón de arcilla y la instalación de una escollera, y aclara a Fertiberia que debe presentar un nuevo plan de actuación para contar con su visto bueno.

Fertiberia —con 1.400 empleados y 570 millones de facturación— asegura que siempre ha colaborado con los científicos, a pesar de que algunos de ellos han sido expulsados mientras tomaban muestras al alegar la empresa la peligrosidad del terreno, y destaca que su plan, con una inversión prevista de 66 millones —que requiere un aval exigido por la Audiencia Nacional desde 2015— es la opción más segura. “El Ministerio nos exigió un estudio de sismo extremo y lo hicimos. No hay balsa más instrumentalizada que la nuestra, es el caso más completo del mundo, y cada día que pasa el yeso está más consolidado y es más seguro”, afirma Juan Ramón Miró, responsable técnico del proyecto. El plan incluye 10 años de ejecución y 30 de vigilancia, periodo tras el que el Estado se haría cargo como propietario de los terrenos, estima Miró.

El geólogo José Borrego, de la Universidad de Huelva, es crítico con la fiabilidad de los estudios aportados por la compañía al Gobierno: “Necesitamos entrar en las balsas para saber qué está pasando debajo de los apilamientos. No sé cómo el ministerio ha aceptado sus cálculos de estabilidad cuando son para embalses o presas, no para apilamientos de residuos (…) Hablamos de un soporte embebido en agua, con presiones de hasta 60 toneladas por metro cuadrado”.

Para combatir los residuos nació en Huelva la Mesa de la Ría, asociación que ha devenido en partido político. “No tener el apoyo de un Gobierno progresista es un varapalo tremendo porque el ministerio se ha saltado su propia ley de Costas. Un chiringuito hay que hacerlo desmontable, pero un vertedero hay que sellarlo y dejarlo en plena marisma”, critica Juan Manuel Buendía, presidente del colectivo. Julio Barea, de Greenpeace, añade: “Es una burla y dejarán una bomba química al amparo de las mareas y del cambio climático, porque eso se lo llevará el mar. Y lo dice la Constitución, quien contamina, paga. Hay dos partes semirestauradas y no valen. ¿Es lo mejor para la empresa? Sí. ¿Lo mejor para Huelva y sus ciudadanos? No”.

La patata caliente está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos), que ahora debe conceder la autorización ambiental integrada al evaluar el impacto ambiental, examinar la estabilidad de las balsas y el impacto en la salud de la población, tres cuestiones muy sensibles para ratificar la luz verde o tumbar el proyecto de Fertiberia. La Junta ha rechazado opinar para este reportaje.

¿Cuándo comenzarán por fin las obras para restaurar las balsas? La respuesta llegará en años y depende del retraso en los análisis de la Junta, que podría (o no) contar con el comité de expertos, creado tras un encargo del Ayuntamiento de Huelva a la Universidad onubense. Y el Consistorio tendrá la última palabra sobre el proyecto al otorgarle la licencia de obras y ratificar que encaja con su plan general urbanístico, pero se puede dar una paradoja: a pesar de que el Ayuntamiento apoye el criterio científico de los expertos basado en la excelencia, estaría atado de pies y manos para modificar el plan previsto, ya que solo podrá esgrimir argumentos urbanísticos.

“La solución común debe salir del comité de expertos. No dudamos de las bondades del proyecto de Fertiberia y la autorización del ministerio es una noticia positiva, pero el comité es el que debe dilucidar cuál es el mejor proyecto científicamente hablando”, opina Francisco Baluffo, portavoz del Ayuntamiento onubense. El trabajo investigador para esclarecer los aspectos más peliagudos de las balsas, de salud pública y radioactividad entre otros, requiere unos 100.000 euros al año, que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades desatascó el pasado viernes ante la universidad onubense, según fuentes de este campus.

Mantener el actual nivel de producción agrícola mundial lleva aparejado la producción de fertilizantes fosfatados. Y estos fertilizantes producen 280 millones de toneladas de fosfoyesos, pero solo el 15% de estos se recicla, el resto se deposita en grandes balsas cercanas a las plantas, según varios estudios. La particularidad de Huelva es que sus residuos peligrosos forman parte del paisaje urbano y el mar penetra las balsas a diario.