La Comisión Europea quiere blindar en una ley el fin de los combustibles fósiles

La Comisión Europea quiere blindar a través de una ley la erradicación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía del viejo continente. El objetivo que ya han consensuado los Veintisiete y el resto de instituciones es el fin de esas emisiones ―cuya principal fuente son los combustibles fósiles― en 2050. Y, par...

La Comisión Europea quiere blindar a través de una ley la erradicación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía del viejo continente. El objetivo que ya han consensuado los Veintisiete y el resto de instituciones es el fin de esas emisiones ―cuya principal fuente son los combustibles fósiles― en 2050. Y, para alcanzar esa meta, la Comisión lanzará el miércoles una propuesta de regulación que le permitiría analizar cada cinco años la senda de descarbonización de la UE y verificar si las medidas adoptadas por los Veintisiete son suficientes. Además, en el borrador de la Ley Europea del Clima, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen se compromete en septiembre a aumentar los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030. Doce países, entre ellos España y Francia, han pedido adelantar esa fecha a junio.

La Comisión Europea quiere blindar 2050 como el año para alcanzar la neutralidad climática en el continente. El vicepresidente ejecutivo, Frans Timmermans, mañana dará el pistoletazo de salida la consagración de esa fecha en una propuesta de regulación que señala que ese objetivo debe ser alcanzado “de forma colectiva” mediante la adopción de las “medidas necesarias” por parte de las instituciones europeas. Ese borrador de ley deberá ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, donde hay sectores que ya ven con recelos algunos aspectos de la propuesta.

La UE logró salvar los muebles el pasado mes de diciembre después de que los jefes de Estado y Gobierno pactaran la meta de cero emisiones de dióxido de carbono en 2050. Esa fue, sin embargo, una amarga victoria para el bloque comunitario por la salvedad que obligó a introducir Varsovia. Polonia, una de las mayores economías del continente y de las más dependientes del carbón, decía no estar en disposición de cumplir esos objetivos. Por ahora, el bloque comunitario está usando la zanahoria para convencer al Gobierno de Kaczynski: con dinero y buscando flexibilidad asumiendo que unos Estados harán más que otros.

Pero si la negociación para fijar la meta de la neutralidad climática ―que las emisiones de efecto invernadero sean cero o que se compensen con las absorciones, por ejemplo, a través de nuevos bosques― para dentro de 30 años fue complicada, podría serlo aún más establecer nuevos objetivos más ambiciosos para dentro de solo una década. En 2014 la UE se comprometió a reducirlas un 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Ese fue el plan que puso sobre la mesa Europa cuando firmó el Acuerdo de París en 2015 ―todos los países firmantes deben presentar planes de recorte con metas concretas cuando se suman al pacto climático―. Pero la UE sabía que debía revisarlo al alza, como el resto de firmantes, en 2020.

La ley que Timmermans presentará mañana no solo es la pieza clave del Nuevo Pacto Verde. También es la fórmula con la que Bruselas quiere atar a los países a descarbonizar la economía europea en las próximas tres décadas. Para ello, la Comisión Europea quiere elevar el listón y “revisar el objetivo climático de la Unión para 2030 y explorar nuevas opciones para una nueva meta en 2030 para una reducción del 50% al 55% en las reducciones de emisiones en comparación con los niveles de 1990”, según el borrador. Bruselas se compromete a tener preparada para junio de 2021 una evaluación de todo cuanto debe retocar para llegar a esa aspiración. La Comisión propone en el borrador fijar la trayectoria a partir de 2030 teniendo en cuenta criterios como la competitividad de la economía, la mejor tecnología disponible, la eficiencia energética, la justicia y solidaridad entre países miembros y en las transiciones y las pruebas científicas que vayan publicándose.

Un grupo de 12 países, no obstante, han enviado una carta a Timmermans reclamándole que actualice lo antes posible sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. España, Francia, Italia y Holanda, entre otros, quieren llegar a la Cumbre del Clima de Glasgow, que se celebra en noviembre, con los deberes hechos y piden más ambición a la Comisión Europea. Alemania, que no firma esa carta, se ha comprometido para 2050, pero titubea en cuanto a aumentar los recortes para 2030. Y en el otro extremo, el llamado Eje de Visegrado —Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia— arrastra los pies al considerar que una mayor ambición puede suponer un frenazo a sus economías.

Esta década será clave en la lucha contra el calentamiento global, según se desprende de los informes elaborados por el IPCC, el grupo de científicos que asesora a la ONU. El Acuerdo de París establece una meta: que el incremento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, los 1,5 grados. Las emisiones de gases de efecto invernadero que el ser humano ha emitido desde la Revolución Industrial han llevado ya ese incremento de la temperatura a 1 grado. Y los planes que los países firmantes del Acuerdo de París han puesto hasta ahora sobre la mesa harán, según los análisis de la ONU, que aumente entre tres y cuatro grados a final de siglo.

Por eso el Acuerdo de París fijaba un sistema de revisión al alza de los planes de recorte de emisiones de los Estados, que deben actualizarse cada cinco años. La propuesta de la Comisión hace suyo también ese sistema al instaurar revisiones cada cinco años de la senda hacia la descarbonización de Europa. Propone ir comprobando cada paso que se da y adoptando nuevas medidas mediante “actos delegados”. Esa figura permite sortear las complejas y largas negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo, que simplemente deberían decir si están o no de acuerdo con las propuestas que les lleve el Ejecutivo. Los sectores más conservadores de ambas instituciones, sin embargo, recelan de esa posibilidad.

Para asegurar que Europa no se desvía de esa senda, a partir de 2023 Bruselas cada cinco años hará una evaluación del progreso en el conjunto de la Unión y de las medidas adoptadas por los países. En caso de que el Ejecutivo comunitario vea que el conjunto de los Veintisiete pierde el ritmo, podrá tomar “las medidas necesarias” para enderezar la situación. En el caso de los países, podrá formular recomendaciones y hacerlas públicas. Los países las “deberán tener en cuenta” en un “espíritu de solidaridad” entre Estados y, en caso de ignorarlas, deberán explicar a la Comisión las razones de ese rechazo. La transparencia y la rendición de cuentas públicas es también otro de los ejes del Acuerdo de París, que, a diferencia de otros tratados, no contempla sanciones por los incumplimientos. Bruselas, con su propuesta, asume esa misma filosofía y apuesta por hacer públicos los análisis de los incumplimientos de los Estados como herramienta de presión.

La propuesta de ley, además, reafirma la vocación de la UE a ejercer un “liderazgo global” en la transición hacia la neutralidad climática. Se trata de la “diplomacia climática” que Bruselas quiere desplegar con instrumentos como los tratados comerciales, en los que quiere incluir cláusulas para que sus socios asuman los Acuerdos de París. Ello no solo tiene un objetivo de arrastrar a otros Estados hacia sus objetivos, sino también de asegurar que otras regiones no ejercen una competencia desleal y evitar lo que se conoce como fuga de carbono (el traslado de una empresa debido a la aplicación de unas políticas climáticas solo en un determinado territorio).