La CEOE pide aumentar los conciertos con la Administración en Dependencia
Los empresarios del sector presentan un informe en el que abogan por fomentar la coordinación sociosanitaria
Los empresarios de servicios para personas dependientes solicitan que se aumenten las subvenciones de la Administración en materia de Dependencia, es decir, que se concierten más plazas en geriátricos y otros centros privados y que se les pague más por ellas —que se adapten "al coste real"—. Un informe presentado este viernes en Madrid propone un nuevo modelo de financiación y aboga por que se desarrolle un sistema de acreditación de residencias en función de la cualificación, el personal y la calidad que ofrezcan al usuario. Además, plantea la necesidad de crear una única historia clínica, qu...
Los empresarios de servicios para personas dependientes solicitan que se aumenten las subvenciones de la Administración en materia de Dependencia, es decir, que se concierten más plazas en geriátricos y otros centros privados y que se les pague más por ellas —que se adapten "al coste real"—. Un informe presentado este viernes en Madrid propone un nuevo modelo de financiación y aboga por que se desarrolle un sistema de acreditación de residencias en función de la cualificación, el personal y la calidad que ofrezcan al usuario. Además, plantea la necesidad de crear una única historia clínica, que combine la información sanitaria con la de servicios sociales.
"La ley nació en 2006 llena de contenido y de optimismo, pero lamentablemente vacía de recursos", ha afirmado Cristina Contel, presidenta de la comisión de sanidad y asuntos sociales de la CEOE, que ha elaborado el informe. "Uno de los problemas básicos que ha tenido es que la financiación está sujeta a los ciclos económicos. También, que la norma regula la participación del usuario en la prestación que recibe, aunque no fija el porcentaje", ha apuntado Carlos González Bosch, predecesor de Contel en la citada comisión.
Los empresarios proponen que se prime la prestación vinculada al servicio, es decir, una ayuda económica que se otorga al dependiente para que contrate con ese dinero el servicio que quiera y luego aporte el resto de lo que cueste de su bolsillo. Ignacio Vivas, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), considera que esta opción potencia "la capacidad de elección del usuario". "Además de que mejora la calidad del sistema en su conjunto. Si las residencias tienen que atraer a la gente, se esforzarán por prestar mejores servicios", ha añadido. Y ha precisado que la Administración debe garantizar un servicio de calidad a todos los ciudadanos, independientemente de su renta, pero que los usuarios con más capacidad económica "deben tener una aportación". Los críticos con esta iniciativa recuerdan que eso puede abrir una vía de asistencia para los que tienen recursos y otra asistencial para los que no los tienen.
En España hay unas 366.000 plazas en 5.375 residencias, según cifras de la AESTE, de las cuales 99.000 son públicas y 267.000, de gestión privada con independencia de su titularidad. Según datos de esta asociación, en las 400 residencias que agrupan, el 30% de las plazas son concertadas y el resto, privadas. En el informe se insta a fomentar la colaboración público-privada, es decir, a incrementar los conciertos con la Administración, "fomentando el papel de las empresas y servicios de carácter privado en la prestación de servicios".
Carlos González Bosch también ha apuntado que el porcentaje que asume el usuario a través del copago se desconoce debido a las diferencias entre comunidades. Los empresarios abogan por abrir un "debate" sobre el mismo, "debiendo instrumentarse un ejercicio real y responsable" en función de la renta y patrimonio de la persona, aunque no han concretado cifras, sino que han remitido a un estudio a realizar en el futuro.
La CEOE aboga, además, por que los cuidados en el entorno familiar sean excepcionales, como marca la ley, y por profesionalizar los servicios. También solicita que se cobre el mismo IVA a las residencias, independientemente de si son públicas o privadas. Según explican desde AESTE, actualmente el gravamen aplicado a los usuarios de centros privados es del 21%, en los centros de titularidad pública, del 4%, y en los gestionados por instituciones sin ánimo de lucro no se aplica IVA. Los empresarios solicitan que el tipo se homogeinice al hiperreducido, es decir, el 4%. Y piden mejoras en los seguros de la dependencia, que el cálculo de la capacidad económica personal del beneficiario no se compute como patrimonio a la hora de determinar su aportación al servicio o prestación a percibir.
El informe insta además a fomentar la coordinación sociosanitaria y a crear una única historia para los usuarios, "facilitando a todos los agentes la información de salud y social del mayor, a través de la integración informática".