Los Franco se revuelven contra las visitas a Meirás

Las grietas abiertas en los muros del pazo de Meirás por la demanda civil que presentó en julio el Gobierno para que la propiedad pase a manos públicas no han logrado que los Franco depongan los obstáculos con los que, según denuncian Administraciones, partidos políticos y grupos de memoria histórica, intentan burlar las visitas de los ciudadanos a la finca en periodos vacacionales. La familia del dictador...

Las grietas abiertas en los muros del pazo de Meirás por la demanda civil que presentó en julio el Gobierno para que la propiedad pase a manos públicas no han logrado que los Franco depongan los obstáculos con los que, según denuncian Administraciones, partidos políticos y grupos de memoria histórica, intentan burlar las visitas de los ciudadanos a la finca en periodos vacacionales. La familia del dictador lleva años entorpeciendo la apertura de la fortaleza a la que le obliga la ley por tratarse de un bien de interés cultural (BIC) y, aunque en 2017 fue sancionada por ello, nunca pagó la multa. La Xunta, como Administración encargada de vigilar que estos monumentos puedan ser visitados cuatro días al mes durante al menos cuatro horas, ha vuelto a abrirle otro expediente informativo a los herederos de Francisco Franco ante las quejas de vecinos y turistas.

El modus operandi de los Franco se repite. Cuando llega un periodo de vacaciones susceptible de ser elegido por la familia para instalarse en la mansión, sea Semana Santa o verano, el teléfono en el que se gestionan las reservas empieza a fallar, relata el Ayuntamiento de Sada, que es a quien le llegan las protestas ciudadanas. “Las quejas son siempre las mismas: la imposibilidad de fijar una cita porque el teléfono está apagado o porque nadie contesta”, explica el concejal del gobierno local Francisco Montouto. Hay visitantes que han trasladado también sus críticas al contenido de los recorridos organizados por la Fundación Francisco Franco en los que se afirma que en España se produjo un "genocidio de católicos", una cuestión en la que, según la Xunta, es la Fiscalía quien debe actuar.

Las reiteradas denuncias llevaron al Ejecutivo del popular Alberto Núñez Feijóo a castigar a los Franco en 2017, seis años después de que se iniciaran las visitas tras un largo pleito de la familia contra la apertura al público impulsada en 2008 por la Xunta bipartita de PSOE y BNG. El expediente se abrió en marzo y durante su tramitación los herederos llegaron a cancelar las visitas al pazo unilateralmente. Al final, con una horquilla de entre 300 y 6.000 euros, la multa se fijó en 4.500 y su notificación le llegó a la matriarca, Carmen Franco, en noviembre. Un mes después ella falleció y la sanción se extinguió. "No se pudo cobrar porque era una multa personal a la propietaria del bien; ella falleció y no se puede cargar a los herederos", ha explicado ese martes el consejero de Cultura, Román Rodríguez.

La oposición acusó entonces al Gobierno de Feijóo de haber tramitado el asunto con “desidia”. "Se dejaron correr los plazos", ha incidido este martes el diputado autonómico del BNG Luís Bará, quien ha subrayado que los Franco se beneficiaron entre 2011 y 2012 de una subvención de 30.000 euros de la Xunta para financiar los costes derivados de la apertura del pazo al público. "Ahora pedimos agilidad, contundencia y una sanción ejemplar", ha añadido Bará sobre el nuevo expediente.

El consejero de Cultura ha advertido que las diligencias están en una fase muy inicial. Los técnicos, ha explicado Rodríguez, "estudiarán la denuncia" del Ayuntamiento de Sada para ver si los Franco "han incumplido sus deberes" y, si es así, habrá multa. Desde 2011, apunta un portavoz de la consejería, se han abierto varios expedientes a los herederos del dictador por las visitas y solo en uno se pudo demostrar que los escollos suponían un incumplimiento de la ley. Son los únicos propietarios de BIC en Galicia, añaden estas mismas fuentes, que han sido denunciados por esta razón.

La denuncia de Sada por los obstáculos de los Franco a cumplir con su obligación legal de abrir Meirás recoge “quejas documentadas, que se pueden demostrar”, explica el gobierno local. El tripartito integrado por SadaMaioría, BNG y Alternativa dos Veciños pide a la Xunta que en el nuevo expediente se tenga en cuenta la reincidencia a la hora de fijar una sanción. La ley de patrimonio cultural de Galicia prevé que las multas se agraven cuando se haya producido una conducta similar en los cinco años anteriores. Pero en este caso este artículo podría quedar sin efecto por la misma razón por la que los Franco burlaron la multa que se les impuso en 2017: porque, al haber fallecido Carmen Franco, los infractores esta vez no serían los mismos.

"Que abran todos los expedientes que quieran, es todo mentira. Este verano, como desde hace años, estamos atendiendo satisfactoriamente", responde por teléfono el representante de la fundación Franco que se encarga de dar las citas a los turistas.