Soluciones urgentes para un escenario que empeora cada día

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Ante el mayor shock global en cien años, el fantasma de una crisis de deuda amenaza a la mayoría de los países de América Latina, África y Asia. La caída de sus ingresos fiscales ha sido superior al 20% en 2020, mientras las necesidades sociales y financieras aumentaban. Antes de la crisis los pagos de la deuda ya superaban en monto las inversiones en salud en más de 60 países. Los impactos de la crisis por la covid-19 ha resultado en 350 millones de empleos a tiempo completo perdidos, con las mujeres sufriendo el mayor impacto, según la OIT, la caída en situaciones de pobreza extrema de más de 115 millones de personas según el Banco Mundial, 900 millones de niños y niñas sin colegio y varios cientos de millones en riesgo de desescolarización y un aumento del 80% de las personas que sufren hambrunas en situaciones de emergencia, hasta los 270 millones, según el Programa Mundial de Alimentos.

Mientras las economías más avanzadas usaban a sus Bancos Centrales y políticas fiscales expansivas por más de 11 billones de dólares solo en 2020 (más de 9,3 billones de euros), los países en desarrollo han obtenido una respuesta mucho más limitada: ayuda de emergencia en forma de créditos por parte del FMI y los bancos de desarrollo, una ayuda internacional estancada y un alivio temporal de la deuda que tan solo ha alcanzado los 5.300 millones de dólares.

G20: una iniciativa insuficiente de alivio de deuda que debe ampliarse drásticamente

Hace un año, el G20 aprobó la Iniciativa por la Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI), y en octubre pasado un nuevo Marco Común para los tratamientos de deuda. Ambas respuestas, bienvenidas en un principio, están muy lejos de la respuesta ambiciosa y sistémica que necesitábamos, al aplazar tan solo una pequeña parte de los pagos pendientes, mientras los 73 países elegibles para la iniciativa, que necesitan desesperadamente cada dólar continuaban pagaron más de 30.000 millones de dólares a bancos, fondos de inversión, organismos financieros multilaterales o agencias gubernamentales.

La DSSI, en caso de extenderse hasta finales de 2021, como parece que el G20 anunciará a principios de abril, solo aplazará hasta un 17% de los pagos de la deuda de los países en desarrollo este año, es decir, cuatro de cada cinco dólares seguirán saliendo de esos países, lastrando de facto tanto la respuesta inmediata como la recuperación. El limitado impacto previsto por la suspensión y la elevada incertidumbre ante el final de la pandemia, además de los elevados costes de la vacunación, hacen que, de no adoptarse medidas más ambiciosas, se condene a decenas de países a una nueva década perdida para el desarrollo y los derechos humanos.

La grave desigualdad en la distribución de las vacunas empeora las cosas

El nuevo marco común no ha podido hasta ahora garantizar la participación de los acreedores privados en el alivio de la deuda; ha excluido a los acreedores multilaterales del esfuerzo; ignora las necesidades de financiación para garantizar los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; no pueden frenar el papel disfuncional de las agencias de calificación de riesgo para países que necesitan una reestructuración; y excluyen a los países de renta media, en los que, según datos del Banco Mundial, viven cuatro de cada cinco personas que caerán en situación de pobreza debido a la pandemia.

Tres vías de solución: vacunas, nueva financiación y condonación de la deuda

La grave desigualdad en la distribución de las vacunas empeora las cosas: en 2021 solo se vacunará el mundo rico, quedando el resto de países en porcentajes muy bajos y para fases posteriores, hasta 2023, postergando así sus posibilidades de una verdadera recuperación.

Ante esta situación, son necesarias medidas en tres direcciones: la llegada de nuevos recursos financieros sin coste adicional a esos países, un alivio de deuda mucho más profundo y la suspensión temporal de las patentes sobre las vacunas contra la covid-19 junto con la obligatoria puesta en común del conocimiento y la tecnología para fabricarlas en el mundo entero; una propuesta de India y Sudáfrica ante la OMC, a la que se han opuesto la UE, Estados Unidos, Japón, Australia y otras potencias.

La medida más inmediata en discusión es una emisión de la divisa del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEGs), que aumenta automáticamente la base de reservas de todos sus países miembros, sin constituirse en nueva deuda. Esta semana Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI ha anunciado que su directorio va a proponer una emisión sin precedentes en la historia, por valor de 650.000 millones de dólares. Es una gran noticia porque les permite el acceso a la urgente liquidez que necesitan los países en desarrollo, aunque insuficiente, ya que la mayoría de esos recursos llegan a los países más ricos y solo un 5% de esa cantidad llegará a los de ingresos bajos y cerca de 8% a América Latina. Es fundamental por ello que la emisión, que podría llevar este verano 21.000 millones de dólares a los países de ingresos bajos y 51.545 millones de dólares a América Latina, venga acompañada de un compromiso de los países más avanzados de transferir al menos un 20% de sus nuevos DEG a los países que más los necesitan. Solo en 2021 los países bajo el paraguas de la DSSI tienen pagos previstos a acreedores privados por valor de 17.300 millones de dólares (equivalentes a un 82% de esos recursos provenientes de la emisión de DEG), lo que prueba que es imperativo un mayor volumen de transferencia de estos derechos especiales junto con un alivio de deuda adicional.

Urge activar soluciones duraderas y justas para gestionar crisis de deuda que vienen

En materia de deuda, la pregunta que nos surge es por qué se bloquean de forma sistemática soluciones estructurales, especialmente en lo referido a la necesidad de reformas a la arquitectura financiera internacional, y se ofrecen pequeños parches parciales que ayudan, sí, pero que alargan la agonía de la crisis para los más expuestos y que no proveen soluciones sostenibles.

La mayor parte de países de América Latina, África o Asia, son excluidos de la mesa de negociación del G20 y del nuevo marco común cuyo resultado aún no conocemos. Sin embargo, los líderes de los países como Argentina, México o Brasil en América Latina y España y otros miembros de la Unión Europea, tienen una oportunidad de enmendar este agravio. El encuentro de alto nivel convocado el lunes 29 de marzo por el Secretario General de Naciones Unidas sobre Arquitectura de la deuda y Liquidez Internacional, debe abrir la posibilidad de soluciones sistémicas, a ser adoptadas en el Foro de Financiación del Desarrollo de Naciones Unidas, y posteriormente aplicadas tanto en los organismos financieros como el FMI o el Banco Mundial como en foros globales de concertación como el G20 y su nuevo marco común para resolver crisis de deuda.

El mundo necesita, hoy más que nunca, un paso firme hacia el establecimiento de un mecanismo estable e inclusivo de renegociación de la deuda que reúna en la misma mesa a Gobiernos, representantes del sector privado y organizaciones financieras multilaterales para, con un mandato vinculante, resolver las situaciones de crisis de deuda a las que con seguridad nos enfrentaremos a consecuencia de la crisis. Proteger los derechos humanos y asegurar que avanzamos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezando por el ODS 3 que debe garantizar la salud pública universal y la vacunación, deben ser principios orientadores fundamentales para reorientar la manera en que se abordan a día de hoy las crisis de deuda y las soluciones a la peor pandemia en cien años.

Patricia Miranda (Latindadd), Iolanda Fresnillo (Eurodad) y Jaime Atienza (Oxfam).

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