Cataluña no puede esperar

La larga huida de Carles Puigdemont de la justicia parece estar tocando a su fin. En el acto celebrado este sábado en la localidad francesa de Amélie-les-Bains, cerca de la frontera española, anunció su regreso coincidiendo con el pleno de investidura en el parlamento catalán o con la primera campaña electoral que se celebre, que podría preceder a unas nuevas elecciones autonómicas en caso de que no haya mayoría de gobierno antes de la fecha límite del 25 de agosto. El objetivo de Puigdemont es que Salvador Illa, vencedor en los comicios del 12 de mayo, no sea investido con los votos de Esquerra Republicana.

Poco parece importarle al líder de Junts que Cataluña se encuentre en situación de interinidad desde hace tres meses, situación que podría prolongarse hasta entrado 2025 si hay que volver a las urnas, como parece desear él. Tampoco le importó dejar en minoría al Govern de Pere Aragonès, ni alargar el trámite de la ley de amnistía, rechazar en el Congreso los objetivos de déficit o votar con PP y Vox contra la reforma de la ley de extranjería y el reparto solidario de menores migrantes. A nadie se le oculta que es su forma de subrayar el peso de sus siete diputados nacionales en la aprobación o rechazo de las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Puigdemont invoca retóricamente los intereses de Cataluña, pero lo que hace con sus actos es perjudicar a los catalanes al perpetuar la inestabilidad, además de fragilizar al Ejecutivo que ha promovido la amnistía y de obtener —se necesitan mutuamente— las irónicas sonrisas de complicidad de la derecha. Junts es, pese al radicalismo disruptivo de Puigdemont, una formación conservadora que, sobre todo, combate a Esquerra por la hegemonía soberanista mientras llama a reconstruir una unidad que él mismo rompió al dejar solos a los republicanos en la Generalitat.

Espoleado por la polémica decisión del Tribunal Supremo que le impide por ahora beneficiarse de la amnistía, su estrategia de intimidación se dirige estos días a los militantes de ERC ante la hipotética consulta sobre el acuerdo al que puedan llegar la dirección de ese partido y el PSC. Puigdemont sabe que, también para Junts, la repetición electoral es una apuesta arriesgada, dada la competencia creciente de la xenófoba Aliança Catalana desde su derecha y la vocación de gobierno de Esquerra. Pese a todo, sostiene el desafío aunque su apuesta por la vía unilateral fuera rechazada mayoritariamente por la sociedad catalana en las últimas elecciones autonómicas. Si ERC consigue un buen acuerdo fiscal en su negociación con el PSC, Junts habrá perdido además una baza clave en la disputa nacionalista.

La tradición pactista y posibilista de la que proceden los exconvergentes ha quedado rota en manos de Carles Puigdemont. Sin embargo, Cataluña no puede esperar. Necesita cuanto antes un Gobierno estable que se ponga manos a la obra para solucionar los problemas de la ciudadanía tras una década de inestabilidad. Durante la campaña electoral Puigdemot anunció que se retiraría si no salía investido president. La aritmética parlamentaria surgida de las urnas hace muy improbable, si no imposible, que se cumplan sus deseos presidenciales. Al reconocer que los partidos independentistas no tienen mayoría en el Parlament y que la sociedad catalana debe salir cuanto antes de esta larga interinidad institucional, ERC demuestra un mayor sentido de la realidad y, sin renunciar a su legítimo programa nacionalista, se consolida como factor de estabilidad política y social para Cataluña.