El silencio de Pedro Sánchez

El silencio sobre la amnistía del equipo negociador socialista se interpreta en pura lógica partidista: cuánto menos ruido en la negociación, más probabilidades de llegar a un pacto. Pero desde hace semanas la controversia sobre esta ley está en el centro del debate político y, como mínimo por su actualidad, la ciudadanía merecería saber por qué el presidente del Gobierno en funciones cree que ...

El silencio sobre la amnistía del equipo negociador socialista se interpreta en pura lógica partidista: cuánto menos ruido en la negociación, más probabilidades de llegar a un pacto. Pero desde hace semanas la controversia sobre esta ley está en el centro del debate político y, como mínimo por su actualidad, la ciudadanía merecería saber por qué el presidente del Gobierno en funciones cree que explorar esa vía jurídica es bueno a medio y largo plazo para el conjunto de los españoles. Pedro Sánchez debería empezar ya a tratar de convencer. Por ahora, va imponiéndose un relato opuesto al de la concordia, el que presenta la posible aprobación de la ley como un elemento seguro de desestabilización. Con ese propósito, se han aprobado estériles mociones de repulsa en instituciones de diversos niveles administrativos o se han organizado histéricas movilizaciones de salvación nacional con una inequívoca retórica insurreccional (escúchese la rueda de prensa de esta semana de los portavoces de las asociaciones del búnker Denaes y Pie en Pared). Hoy por hoy, si nada cambia, lo esperable es que la ley sea un factor de más polarización en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura y, como sucedió con el recurso contra el Estatut, el Tribunal Constitucional podría situarse en una diana que solo puede degradar su autoridad otra vez y durante un largo periodo.

El debate sobre la amnistía ha sido planteado, aquí seguirá, y, hasta el momento, los líderes políticos se están comportando con preocupante irresponsabilidad. Esta semana, el president de la Generalitat, en el enésimo episodio de su competencia con Junts, planteó la cuestión en Madrid en una clave viejunamente procesista: la amnistía como primer paso de un recorrido que debe culminar con la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. En la misma sesión, cuando Pere Aragonès se marchaba a la francesa del Senado, los presidentes autonómicos del Partido Popular transformaron la Cámara alta en un plató para la propaganda y, a través de sus eslóganes, reforzaron la estrategia de desgaste contra los socialistas anunciando que viene el lobo de la ruptura. Mientras tanto, la dirección actual del PSOE, entre la vieja guardia que dice cruz y el expresidente Zapatero que dice cara, apenas dice nada. Y si este silencio táctico evita que se compliquen las negociaciones con los soberanistas, al mismo tiempo facilita que el debate sea cada vez más un elemento de confrontación y se esté más lejos de crear las condiciones para una deliberación que permita actuar, al fin, como un catalizador para el consenso. Porque, sin consenso, esta ley, que implica un pacto refundacional del régimen, no conseguirá aquello que le da sentido.

Las leyes de amnistía de la Transición, que fueron la concreción jurídica de la política de reconciliación predicada durante dos décadas por la oposición comunista al franquismo, constituyeron el “fundamento moral del régimen” (para decirlo con una expresión del dylaniano Josep Maria Fradera). Veinte años después de su instauración, este régimen no logró resolver de manera satisfactoria la crisis constitucional provocada por la degradación del Estado autonómico. Una dinámica antipolítica desembocó en el colapso de 2017, vivido por buena parte de sus ciudadanos como una verdadera crisis nacional que muchos de ellos no han olvidado. Enfrentarse a las consecuencias penales de esas crisis en el Congreso de los Diputados podría debilitar al Estado, aunque sea mucho más robusto de lo que muchos nos quieren hacer creer, o puede relegitimar el Estado del 78. Esta es la vía que debería defender ya el presidente Sánchez. Es necesario, para decirlo con el sabio Juan Rodríguez Teruel, que explique “en qué condiciones [la amnistía] puede operar como una legítima y efectiva herramienta para devolver el embrollo derivado de la crisis catalana a unos parámetros más aceptables para una democracia de calidad”. Ese no era el propósito de los indultos que, al fin y al cabo, comprometían únicamente al Ejecutivo y eran esencialmente un perdón. La ley de amnistía, por el contrario, nos podría ayudar a todos a poder pasar página juntos. Solo eso la justifica y así tocaría contarlo.