Las derechas y las leyes de memoria

A pesar de que sobraban razones para legislar con anterioridad, hubo que esperar hasta el año 2007 para que el Gobierno Zapatero aprobara la Ley 52/2007, primera norma legal española en materia de Memoria que, pese a sus limitaciones, fue una disposición importante e innovadora.

Tras su publicación,...

A pesar de que sobraban razones para legislar con anterioridad, hubo que esperar hasta el año 2007 para que el Gobierno Zapatero aprobara la Ley 52/2007, primera norma legal española en materia de Memoria que, pese a sus limitaciones, fue una disposición importante e innovadora.

Tras su publicación, se impulsaron actuaciones como la exhumación de restos, la supresión de nombres del callejero o la retirada de símbolos de la dictadura. Además, y esta es una cuestión que ha terminado siendo muy relevante, la ley de 2007 sirvió de acicate y referencia para que hasta 13 Comunidades Autónomas aprobaran en su ámbito normas legales en la materia. Se trata, por orden de publicación, de las de Cataluña, Navarra, País Vasco, Islas Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Islas Canarias, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja.

Por la limitación de competencias propia de las comunidades autónomas, las leyes de Memoria que aprobaron sus instituciones no pudieran resolver los problemas básicos que dejó pendientes la norma estatal de 2007. Sin embargo, estas iniciativas fueron muy útiles no solo porque aportaron disposiciones de gran calado para la legislación memorialista sino además porque sirvieron de contrapeso a las maquinaciones del Gobierno Rajoy empeñado entonces en suprimir cualquier financiación de la Ley de Memoria vigente.

En octubre de 2022, 15 años después de la publicación de la primera ley, el Gobierno de coalición constituido por PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de las fuerzas políticas que apoyaron su investidura, aprobó la nueva y actualmente vigente Ley 20/2022 de Memoria Democrática que sustituye a la de 2007 e incluye novedades de gran importancia muchas de ellas provenientes de la legislación autonómica. Trascurrido casi un año desde su aprobación, la práctica totalidad de las fuerzas progresistas coinciden en que la nueva ley da respuesta a las más importantes reivindicaciones de las víctimas de la dictadura y establece procedimientos adecuados para llevarlas a cabo. Se trata en suma de una herramienta muy útil para poner fin a la impunidad de la dictadura franquista.

Tras las últimas elecciones autonómicas, los dos partidos de la derecha han constituido coaliciones de gobierno en diversas comunidades que han hecho de la supresión de instituciones para proteger a las mujeres contra el maltrato machista y de la derogación de las Leyes Autonómicas de Memoria objetivos de urgente prioridad. Por lo que respecta a las Leyes de Memoria y aunque sus impulsores no lo mencionan, se trata de una medida completamente inútil porque la anulación de una ley autonómica no puede impedir la aplicación de la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática que se mantiene vigente y sin alteración. Resulta evidente que el proyecto de derogación formulado con la máxima urgencia por el bloque de la reacción es una mera maniobra propagandística sin contenido real.

Pretexta el bloque de derechas que la derogación de las leyes autonómicas de Memoria se debe a su naturaleza ideológica y a su pretensión de modificar el relato histórico, pero tales afirmaciones no son más que mentiras impúdicas y ofensivas para las víctimas porque las razones fundamentales para aprobar estas leyes, tal y como consta de una u otra forma en sus textos son:

• El asesinato de más de 120.000 personas en toda España, enterradas clandestinamente y cuyos cadáveres se encuentran en paraderos desconocidos y pendientes de recuperar.

• El robo a sus progenitores de miles de menores

• Los asesinatos, torturas y encarcelamientos de opositores.

• La expulsión al exilio de casi medio millón de personas.

• Las incautaciones de bienes y las cuantiosas sanciones económicas que se impusieron a los partidarios del legítimo Gobierno de la República.

La existencia de estos desmanes está acreditada más allá de cualquier duda razonable y como el bloque de derechas es incapaz de cuestionarlo recurre a la cantinela de la equivalencia resumida en la manida frase “todos hicieron lo mismo”, que aparece de forma inmediata ante cualquier reclamación de las víctimas del franquismo. Nuevamente, hay que proclamar que no existe equivalencia de ninguna clase desde el origen de la dictadura porque los responsables de la misma dieron un golpe de Estado sanguinario que terminó en una guerra de casi tres años, mientras que los partidarios de la República se limitaron a defender el régimen legalmente constituido. Tampoco la hay en el tratamiento que recibieron las víctimas y esta es la razón profunda de la Ley de Memoria Democrática: que aún hay decenas de miles de personas cuyos restos hay que descubrir, identificar y dar entierro digno, que todas ellas pertenecen al mismo bando y que hay victimarios que todavía se mantienen en la impunidad lo que representa el mayor riesgo para la convivencia y la paz futura.

En los países de referencia de la Unión Europea, la política de Memoria es una cuestión de Estado que inspira y determina la acción pública en materias básicas como la justicia, la enseñanza o la cultura y ello en el convencimiento de que es necesario impedir la impunidad y trabajar para evitar el retorno de las dictaduras. En España hay fuerzas políticas que todavía no han asumido estos estándares democráticos y hace falta continuar trabajando para que los que llevaron España al desastre sean irrelevantes social y políticamente.

A estas alturas no hay razones para esperar una reflexión de estas coaliciones reaccionarias empeñadas en volver a humillar a unas víctimas que reclaman el fin de la impunidad de la dictadura franquista. Pero como la ideología no tiene por qué ser incompatible con el razonamiento, siempre hay que mantener la esperanza de que las personas que han contribuido con su voto a la formación de estas coaliciones se pregunten y decidan si están de acuerdo con negar los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a las víctimas de la dictadura franquista.