Tricotar, acampar, abortar

Ha pasado un mes desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la sentencia histórica que garantizaba el derecho al aborto en ese país y las plataformas siguen sin aclarar cómo van a moderar el contenido sobre el tema. Facebook e Instagram han retirado los mensajes de usuarios que querían regalar, comprar o vender píldoras para interrumpir un embarazo. Meta, la propietaria de las dos redes sociales, insiste en que es su política: prohíbe la venta ...

Ha pasado un mes desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la sentencia histórica que garantizaba el derecho al aborto en ese país y las plataformas siguen sin aclarar cómo van a moderar el contenido sobre el tema. Facebook e Instagram han retirado los mensajes de usuarios que querían regalar, comprar o vender píldoras para interrumpir un embarazo. Meta, la propietaria de las dos redes sociales, insiste en que es su política: prohíbe la venta e intercambio de medicamentos. Lo curioso es que —la agencia AP ha hecho la prueba— si se sustituye la palabra “pastilla” por “arma” las plataformas ya no censuran el mensaje.

Las grandes tecnológicas tienen más poder que muchos Estados, pero sobre este asunto vital para millones de mujeres se permiten no dar explicaciones. Y no porque no se las hayan pedido. Una reportera del MIT Review consultó hace unas semanas a Alphabet, Meta, Reddit, TikTok y Twitter si iban a restringir contenido sobre el aborto y cómo iban a responder si las autoridades les pedían datos sobre ciertas usuarias en los Estados que prohíben abortar. Algunas empresas como Meta no han respondido. Otras lo han hecho de forma escueta y vaga, alegando básicamente que prohíben el uso de sus servicios para actividades ilegales. Mientras, Google sigue recopilando datos de ubicación, pero no dice qué hará con las llamadas órdenes de geovalla, cuando las autoridades le piden información sobre quién visita un perímetro concreto, por ejemplo, los alrededores de una clínica de planificación familiar.

Las consecuencias de esto son, en primer lugar, una inseguridad jurídica tremenda. La gente no sabe si colgar información educativa sobre la interrupción del embarazo o incluso si llevar el teléfono encima les puede acarrear consecuencias penales. Además, será cada vez más difícil acceder a información veraz porque mucha estará vetada y, en cambio, las redes seguirán repletas de desinformación. Por último, estamos viendo un tipo de activismo impensable hace unos años: en países que reconocen la libertad de expresión, centenares de miles de usuarias hablan en clave para sortear la censura online. Un ejemplo son los vídeos que cuelgan en TikTok para ofrecer alojamiento y compañía a aquellas mujeres que necesiten “tricotar”, “acampar”, o “ir a una cata de vinos”, es decir, abortar. Esto de sustituir palabras tabú por otras es habitual en China, donde los internautas llevan años empleando un ingenio admirable para poder hablar de lo que les dé la gana. Verlo también en Estados Unidos y en 2022 es descorazonador. Las compañías obviamente evitan los riesgos y quieren cumplir la ley. Pero su secretismo es incompatible con vender un discurso de respeto a la transparencia y la privacidad. @anafuentesf