La batalla por el transitorio

La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada por la Cámara de Senadores. Tiempo pretérito.

Corregida en sus excesos más inquietantes, la norma sigue arrastrando un huésped incómodo, un invasor ausente de los planos originales: el misterioso transitorio.

Aquella sesión del Senado —congelada el pasado miércoles por la noche— puede mirarse como un simple yerro o como la fractura donde asoman los sedimentos del desgaste. En él caben sorpresas y algunas confirmaciones.

Que en el texto final de la reforma se hayan respetado cambios sustanciales sugeridos en los foros públicos es, para el partido en el poder, una rareza. Extravagante anomalía. Ocurrió en puntos clave como el interés jurídico y en la eliminación de la imposibilidad de cumplimiento del amparo.

Que los legisladores piensen en sí mismos y no en quienes los votaron, ya es rutina. La mayoría de ellos mira al pueblo como cifra electoral, no como cuerpo representado.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara —senador de Morena por Veracruz— al promover el transitorio enunció en tribuna una premisa cierta: el amparo ha sido, día sí y día también, instrumento de los poderosos. Pero de esa premisa no se siguió su posterior dislate: el mentado transitorio de ilegal retroactividad.

Para colmo, sus palabras ante el pleno —que la sugerida retroactividad solo aplicaría a sentencias en firme en materia fiscal— tampoco coincidían con el texto propuesto.

Entre lo dicho y lo escrito se abrió un hiato: un espacio en el que parece habitar el verdadero autor.

Sobran razones para dudar que Huerta —recién nombrado presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera— sea el verdadero creador de aquello que, en plural, salió a defender. Más que convicción, aquello parecía encargo.

Su transitorio reza: “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.

O, en castellano: los juicios de amparo ya iniciados no seguirán las reglas con las que comenzaron, sino que deberán ajustarse a las nuevas. Una receta modificada a medio cocinar. Una afrenta constitucional.

Que el coordinador de la bancada guinda se esfuerce en quedar bien con la presidenta tampoco sorprende. Necesita probar —qué importa el costo— su trascendencia. Lo que no advirtió es que, en la obediencia ciega a una instrucción anónima, dejó ver algo más alarmante: su comunicación con la primera no es directa.

Que quien fuera secretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel ya no representa la voz presidencial lo intuíamos desde hace tiempo. Para algunos de sus compañeros fue revelación. Y acaso en ello resida la otra extrañeza: los números de la votación.

El senador que proclama haber conducido —con éxito y sin demasiadas manchas— la reforma judicial, no logró, con la Ley de Amparo, la unanimidad que su relato exige. En la sesión, los votos en contra y las ausencias fueron más numerosas que en la iniciativa más inquietante de la anterior administración.

Que Ricardo Monreal —que salió raudo a respaldar el regaño presidencial en torno al transitorio— se monte en cualquier agenda para quedar bien, aburre. Habla de legalidad. Habla de congruencia. Y uno piensa en el burro y en las orejas.

Para evitar que el zacatecano se montara en la ola, hasta el lunes, los senadores de Morena insistían que podían corregir solos su error pasajero. Así de bien se llevan entre bomberos.

El origen del transitorio es un misterio. Aunque algunas fuentes lo atribuyen a Arturo Zaldívar —su defensa de la adición en la mañanera parece confirmarlo —, el exministro asegura que la idea vino de la cabeza de la Suprema Corte.

Ante aquella imputación, se reveló la verdadera propuesta que Hugo Aguilar, inquieto por la reforma al amparo, colocó sobre el escritorio de Ernestina Godoy. El transitorio del ministro presidente no dejaba lugar a equívocos: era leal a lo defendido por la figura presidencial.

Dice: “Las disposiciones previstas en el presente Decreto serán aplicables a los créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatarias que hayan quedado en firme”.

O, en castellano: el nuevo decreto se aplicará a deudas fiscales ya confirmadas.

Ante la aprobación del transitorio equivocado, la presidenta salió pronto a recular. Ni siquiera por el dueño de Televisión Azteca —impune máximo aludido indirectamente en su informe presidencial— tolerará una violación constitucional.

Termino con lo obvio. Quien redactó el transitorio y quienes lo avalaron, no parecen demasiado interesados en proteger a sus dos amos. Me refiero al pueblo. Me refiero al Ejecutivo Federal.