Manuel Huerta y los “duendes legislativos” que cambiaron la Ley de Amparo de Sheinbaum

Un duende recorre los pasillos del Legislativo en México. Es un personaje misterioso que cambia de último momento los proyectos a votarse en el pleno y esconde su rastro. El “duende legislativo”, como lo bautizaron desde el PRI, apareció de nuevo la semana pasada, cuando el Senado tramitaba la reforma a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, un proyecto crucial para recaudar miles de millones de pesos de grandes contribuyentes atorados en los tribunales. Desde Morena se intentó llevar a buen puerto el plan de la presidenta, pero un senador del mismo partido, Manuel Huerta, cambió su propio voto e introdujo in extremis una cláusula de retroactividad inconstitucional que hizo tambalear la reforma y obligó a la presidenta a dar un golpe sobre la mesa para reconducir el proyecto. Toca a la Cámara de Diputados enmendar el error del Senado, del que nadie, en la cadena de funcionarios por cuyas manos circuló el documento, se hace responsable.

No es la primera vez que Huerta asume ese papel de caballo de Troya en su propio grupo parlamentario. El año pasado, cuando se procesaba en el Senado la peliaguda reforma judicial, propuso de último momento un cambio con el que el Gobierno pretendía hacerse con el control de los comités de evaluación que tenían la tarea de cribar las miles de candidaturas para la judicatura. Morena dio un paso atrás cuando se desató la polémica aquella ocasión y regresó al proyecto inicial. La semejanza entre ambos casos es evidente: facciones dentro del oficialismo envían globos sonda para explorar el pulso de la opinión pública. Entonces, como ahora, Huerta ha sido el conducto. Él niega ser la correa de transmisión de nadie.

El nuevo enredo, en cualquier caso, comenzó antes de que él maniobrara. El proyecto de Sheinbaum aterrizó en el Senado sin el artículo que ordenaba aplicar la nueva normativa a amparos que ya se encontraban en trámite. Ahí actuaron por primera vez los duendes, que forzaron, a espaldas de los responsables de los trabajos legislativos, la inclusión de la cláusula en el documento que discutirían las comisiones poco después. Fuentes del Congreso apuntan que miembros del equipo de la consejera jurídica de Sheinbaum, Ernestina Godoy, y del asesor del gabinete presidencial, Arturo Zaldívar, presionaron al titular de la oficina de Servicios Parlamentarios, que se sintió “sobrepasado”. Estos representantes insistían, a decir de las fuentes consultadas, en que la introducción de la cláusula era “una instrucción”, sin especificar de quién. El documento que llegó a la sesión de las comisiones conjuntas ya incluía el polémico artículo.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, intentó entonces corregir lo que él denominó “un error en términos de archivos”, una forma eufemística de referirse al cambiazo en los documentos que había tenido lugar momentos antes. “Esta redacción no es una propuesta de los presidentes de las comisiones a través de las secretarías técnicas, sino un error”, dijo, y solicitó a los senadores reunidos votar para volver a la redacción original, la presentada por Sheinbaum, “para que ese tema ya no sea motivo de discusión”. La propuesta de Corral fue aprobada con el voto a favor del senador Huerta, sentado dos asientos a su derecha, y quien más tarde contradeciría su propia posición e introduciría de nuevo el transitorio mediante una reserva al dictamen.

Corral creyó que había logrado imponerse a la maniobra. Sin embargo, horas después, Huerta, junto con el coordinador de la fracción morenista, Adán Augusto López, comenzó a cabildear con los senadores de su partido para que aprobaran en el Pleno la cláusula rechazada en comisiones. Para persuadirlos, Huerta y Adán Augusto aseguraban que se trataba de una petición de Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, y que había sido avalada por Godoy y Zaldívar, siempre según las mismas fuentes. Versiones desde el Supremo rechazan haber hecho tal petición, aunque sí reconocen haber enviado sugerencias a la Consejería Jurídica. El documento que entregaron, consultado por EL PAÍS, demuestra una radical diferencia entre su propuesta y la que se impuso en el Senado.

Huerta matiza el peso que tuvieron los asesores jurídicos del Ejecutivo en su viraje, a pesar de que su argumentación en defensa del artículo y la de Zaldívar coinciden casi palabra por palabra. “No me atrevería a hablar de esas cosas. Lo que sí puedo decir es que los poderes tenemos una coordinación institucional”, dice a este periódico por teléfono. La reserva fue aprobada por mayoría, pero con el voto en contra de 26 senadores morenistas, un rechazo sin precedentes dentro de la bancada oficialista. “Es un debate que mantuvimos todo el día y llegamos los 60 que votamos a favor a esta conclusión. Eso es lo fundamental para mí”, apuntala el senador.

El congresista arrastra polémicas más graves. En 2020, cuando era delegado de programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, fue acusado de agresión sexual, un señalamiento que Huerta negó, aunque nunca aceptó someterse a una investigación formal y su partido cerró filas con él. Tras dejar ese cargo en 2023, dio el salto al Congreso, donde ha tenido sus últimas apariciones estelares. Desde la tribuna, la semana pasada, rechazó ser un “duende”, un “niño artillero” o alguien que pretendiese “dinamitar” los acuerdos. En entrevista con este diario, se parapeta en la decisión mayoritaria: “En el Senado no hay duendes, hay senadores”.