Ser asesinado en México a pesar de ser inocente
La justicia en nuestro país es mera entelequia: o no llega o casi nunca llega. Las madres en espera de audiencias y explicaciones para sus hijos o familiares desaparecidos lo saben
En contra de la sabiduría popular, una golondrina sí hace primavera. Claudia Sheinbaum lo debe saber. Saber obliga: proceder tras poseer determinada información exige. Sheinbaum es madre y es abuela. Su estatus le impone. Su(ex)jefe, Andrés Manuel López Obrador, también entiende la idea: es padre, tiene familia. Ni uno ni otro permanecerían en silencio si alguno de los suyos, sobre todo y por sobre todo, si se tratara de un hijo asesinado, y, de nuevo, si es una persona inocente, joven, trabajadora, comprometida, responsable. De nuevo, sobre todo, y, por sobre todo, si su familiar fue abatido sin razón por parte de su equipo, en este caso, el Ejército. ¿Son responsables Sheinbaum, AMLO y los etcéteras de sus miembros del gabinete de las acciones del (su) Ejército? La respuesta es obvia: ellos la saben.
El 17 de agosto fue victimado Armando Hernández en Nuevo Laredo. Entre esa fecha y el día de hoy el trecho es pequeño. Es pequeño por el número de homicidios que se cometen en México. No es la primera vez, ni, lamentablemente, será la última en que las fuerzas armadas se vean implicadas en estas nefandas acciones. Como en tantos otros rubros, AMLO se equivocó: tras sus afirmaciones iniciales, donde aseguraba que no sacaría al Ejército de sus cuarteles, hoy México es un país militarizado. La presencia del Ejército en nuestras calles finaliza la bella historia la cual nos hacía diferentes a regímenes sureños como Argentina o Chile, donde el Ejército era parte de la realidad. La historia universitaria de Sheinbaum es contraria a la militarización. ¿Cómo confrontará dicha contradicción?
En México, donde la injusticia “es ley” y en donde la pseudo justicia solo se aplica para quienes ostentan el poder, el número de inocentes acribillados y/o desaparecidos reportados a las autoridades debe ser mucho mayor que el real. Informar, pedir protección, exigir e investigar (casi) no tiene sentido. ¿Cuántos casos resuelve la justicia mexicana?
La triste historia de Armando Hernández (16 años), reconstruida por Beatriz Guillén en EL PAÍS, narra el asesinato del joven por una bala del Ejército. Gracias a cámaras de seguridad, entrevistas con familiares y abogados, así como audios, hoy se conoce la verdad. Armando, junto con su hermano y un amigo estaban trabajando con rastrillos, escobas y una desbrozadora para ganar unos pesos extras. Mientras laboraban se percataron de que un vehículo militar con la torreta encendida perseguía a una camioneta. Al darse cuenta de los sucesos, el joven corrió a refugiarse a un local (Servicar). Ahí fue alcanzado por una bala del Ejército la cual le perforó el abdomen. EL PAÍS acompaña la noticia con un video donde se aprecia al joven caer tras ser baleado. Se esconde tras una nevera. La dueña del local pide una ambulancia: como en otras ocasiones, nunca llega.
La familia traslada a Armando a dos hospitales del IMSS, donde no es atendido por no ser derechohabiente y porque en ese momento no contaban con cirujanos. Mentira inmensa la del IMSS Bienestar o la del IMSS sin Bienestar: ¿no atienden los fines de semana?, ¿no hay personal para salvarle la vida a un joven herido? Al batiburrillo previo se agrega otra sinrazón para no dar de alta al joven y así buscar ayuda en otro sanatorio: a pesar de haber sido ingresado le informan a la madre que no había sistema y, por extensión, no era posible egresarlo. La inoperancia es nauseabunda. No se trata de bancos, se trata de vidas.
“Tamaulipas lleva dos décadas de presencia militar en las calles, desde Vicente Fox a López Obrador ha habido decenas de civiles fallecidos o heridos por militares, marinos y Guardias Nacionales”, explica Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. De acuerdo a Ramos, en los hospitales nadie quiere curar a heridos por balas pues le temen a las Fuerzas Armadas. El joven falleció tras ser trasladado y operado en un nosocomio privado.
La familia se ha acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía de Tamaulipas y a la Fiscalía General de Justicia Militar. Hasta ahora no hay respuesta. Se sabe, en cambio, lo informado por el Ministerio Publico: localizó casquillos en el área de Servicar, los cuales, al parecer, son elaborados por la industria militar mexicana.
La justicia en nuestro país es mera entelequia. O no llega o casi nunca llega. Las madres en espera de audiencias y explicaciones para sus hijos o familiares desaparecidos lo saben. Lo mismo vive Alma Karina Gallardo, madre de Armando.
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