Discurso contra la reforma judicial
El ministro publica de forma íntegra su intervención en la protesta del pasado 8 de agosto en contra de la propuesta que se discutirá en el Senado
![Jueces México](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/27S7S4LBTGWSJR4IRNLIXXVFHU.jpg?auth=8e4d3d235dfc8ec2cf2a928b25a3092c6b1d7b89f7330a7059a6e199791f7d80&width=414)
El motivo de esta manifestación, pacífica e informada, es hacerle saber a los senadores de la República nuestro rechazo a la reforma judicial que comenzarán a discutir en las próximas horas.
Quienes participamos en esta reunión ciudadana hemos leído el texto aprobado por los diputados federales. Estamos convencidos de que los intentos por modificar a los poderes judiciales de nuestro país, anteponen los intereses de quienes hoy gobiernan en perjuicio de la convivencia plural de la inmensa mayoría de los mexicanos de hoy y de las generaciones por venir.
La propuesta de reforma judicial que está en marcha tiene como justificación un supuesto mandato popular proveniente de las elecciones del pasado 2 de junio. Ello no es así. Quienes votaron ese día por Morena y sus aliados, se expresaron por los candidatos que compitieron en esa jornada. No por quienes ya ocupaban un cargo público. Votaron por nuevas personas y nuevas propuestas. No por la reelección de nadie ni menos por la instauración de un nuevo Maximato nacional.
Si la propuesta de reformas efectivamente atendiera a las urnas, habría tenido que considerar que nuestra nación se compone por 130.000 millones de personas y no solo por los votantes de Morena y sus aliados. Tendría que considerar que sus partidarios y sus oponentes tienen las mismas calidades ciudadanas y que en democracia tiene que gobernarse para todos. Que una vez concluidas las elecciones, el buen gobierno tiene que ejercerse sin distingos partidistas. Que no hacerlo implica insertar el germen de la división y, tal vez, el de la guerra civil.
La propuesta de reforma judicial que está en marcha quiere justificarse en el beneficio del pueblo. En la invocación a ese cuerpo abstracto e ignorado que a lo largo de los siglos, y especialmente en estos años, ha servido para justificar atrocidades y obtener beneficios. La propuesta de reforma judicial que está en marcha no busca beneficiar a los habitantes de México. Se utiliza para centralizar el poder y minimizar los contrapesos a su desmesurado ejercicio.
Si la reforma judicial se hubiera hecho pensando en los habitantes de nuestro país, hubiera evitado invocar al pueblo y se referiría a las personas. A quienes a diario son víctimas de homicidios, extorsiones, desapariciones y las otras maneras de vejación cotidiana a la que están expuestas. Si la reforma judicial se hubiera hecho pensando en los habitantes de nuestro país, hubiera reconocido los muchos problemas de inseguridad y violencia, así como lo que no se ha hecho para evitarlos. Inclusive, y con contrición, lo que se ha hecho para incrementarlos desde las bases de la política y sus perversas alianzas.
Lejos de reconocer las faltas propias, se ha optado por la antigua medida del chivo expiatorio. Se sostiene que muchos de nuestros males se deben a los jueces. Que proviene de su corrupción, elitismo y separación del pueblo. Que es por ello que el pueblo, y solo él, puede poner fin a sus males mediante su participación directa. Con respeto a los niños, esta es una narrativa infantil. Lo es por los componentes del relato, por la subestimación del oyente y porque, como en los cuentos para niños, promete un mundo perfecto, redondo, para siempre.
Si se quisiera mejorar la condición de los mexicanos frente a la justicia, debió proponerse la modificación de sus componentes básicos. De las policías y sus labores de prevención. De los servicios periciales y sus tareas forenses. De los ministerios públicos y sus capacidades de investigación. De los juzgadores y sus formas de trabajo. Del cumplimiento de las sentencias. De la culminación de las reformas procesales en materia penal, mercantil, laboral, familiar y civil en marcha. De la multiplicación de los medios alternativos para resolver la mayor cantidad de disputas. De las condiciones carcelarias. De tantas otras cosas que sí tienen que ver con la justicia. Nada de eso quiso considerarse. De haberse hecho, y como en otro relato infantil, las desnudeces gubernamentales hubieran quedado expuestas.
Lejos de enfrentar los indudables problemas de la procuración y la impartición de la justicia, lo que pretende hacerse es utilizar los problemas a los que también se ha contribuido para concentrar más poder. Para construir un movimiento dominado por unos pocos a partir de la invocación de muchos más. Para controlar a quienes, en las horas finales de un periodo de gobierno, podrían exigir la muy republicana rendición de cuentas por lo hecho y lo dejado de hacer.
Es así como se explica el que, una vez más, invocando al pueblo se quiera elegir a los juzgadores de todo el país mediante procedimientos tramposos e inoperantes. Es así como se explican los intentos por forzar la mecánica electoral para elegir a los juzgadores con el sesgo del poder proponente. Es así como se explica la vergonzosa cesión que de sus facultades legislativas quiere hacer el Congreso de la Unión para que el Instituto Nacional Electoral emita unas normas electorales de excepción. Es así como se explica que el Congreso de la Unión quiera impedir que sus propios representantes y los de los partidos políticos participen en las discusiones de tan inconstitucionales procederes.
La reforma que se propone busca que, mediante una remota y abstracta legitimación popular, los gobernantes de hoy controlen a los jueces de hoy y de mañana. Su acelerado e irreflexivo proceder les ha impedido percatarse de los riesgos en que van a colocarnos y colocarse. No han reparado en que las indebidas influencias que ya existen en las elecciones políticas habrán de presentarse en las judiciales. Que en ellas participaran delincuentes, potencias extranjeras y capitales depredadores de la economía y la convivencia nacional.
No han reparado que al asimilar la legitimación del juez con la del representante popular encargado de emitir las leyes, pondrán en riesgo la mediación de la ley, esa que sin entender que ya son gobierno suponen mera formalidad. No se han dado cuenta de que los juzgadores que pretendan ser electos o reelectos, tienen que construir sus propias bases electorales, jugar sus propios juegos políticos y satisfacer sus propios intereses y los de sus patrocinadores.
Desde el oficialismo de nuestro tiempo, no se han querido ver los problemas que implica la propuesta de reformas al sistema de justicia de México. Frente a los muchos problemas y retos generados por la iniciativa presidencial, el dictamen de la Cámara de Diputados y la minuta que habrán de discutir los senadores, es necesario preguntarnos por las motivaciones originales y actuales de estos esfuerzos.
¿Por qué razones personas inteligentes, informadas y con un pensamiento progresista y democrático, han decidido embarcarse en la aventura que están corriendo? ¿Por qué están dispuestos a arriesgar el futuro de México, su hoja de vida y mucho por lo que han luchado a lo largo de sus vidas o en lo que alguna vez creyeron? ¿Qué necesidad tienen de incorporarse a una masa en la que no es posible disentir? ¿Por qué no son capaces de tomarse un tiempo para pensar en las implicaciones de un cambio que no ha querido discutirse abiertamente? ¿Por qué no han querido sopesar lo que implica cambiar para mal el sistema de justicia del país? Más aún, ¿por qué no se animan a sí mismos para sostener su individualidad sin estridencias y sin heroísmos, fundados sólo en la convicción de lo que se tiene que ser y se tiene que hacer?
Quienes nos oponemos a la reforma no lo hacemos por contradecir a una persona, por importante que todavía lo sea. Quienes nos oponemos a la reforma lo hacemos porque hemos leído y comprendido sus alcances y, tal vez, sus motivaciones. Quienes nos oponemos a la reforma no consideramos correcto que se invoque a la colectividad “pueblo” para servirse de ella. Por el respeto que tenemos a los habitantes de nuestro país, del país de todos los mexicanos y de quienes no siéndolo han decidido asentarse en él, evitamos servirnos de una abstracción. Preferimos hablar de personas, de sujetos de derechos y de obligaciones que tienen que acceder a la justicia determinada en las leyes para vivir cotidianamente de la mejor manera posible.
Es este pensamiento respetuoso hacia el otro, hacia su propio proyecto de vida, el que ha hecho que los juzgadores del país hayan decidido levantar la voz y actuar mediante los mecanismos jurídicos y pacíficos que les otorga el derecho. Ha sido este pensamiento el que les ha dado el valor para actuar a todos los compañeros del Poder Judicial de la Federación y a los de muchos de los poderes judiciales de los estados. Unos y otros, todos ellos, han entendido que sus demostraciones son la única manera con la que cuentan para salvaguardar sus legítimos derechos laborales pero, sobre todo, los derechos a la justicia de todos los habitantes de nuestro territorio nacional.
Es la comprensión crítica de las propuestas de reforma judicial lo que ha hecho que los estudiantes y los profesores de derecho y de otras carreras hayan decidido levantar la voz para apoyar a sus juzgadores y dar a conocer sus también legitimas preocupaciones. Pensar que los estudiantes y profesores están siendo manipulados, es una falta de respeto para ellos, pero también para quienes, desde el poder, piensan que sólo gobiernan para los suyos porque coinciden con ellos.
En la comprensión critica de las propuestas se han manifestado y se están manifestando aquí y ahora, los abogados en lo individual o mediante los colegios a los que han decidido afiliarse. Sus preocupaciones han sido desdeñadas. Se les ha querido etiquetar de diversas formas a fin de descalificarlos. Lejos de escuchar y debatir con ellos, se ha supuesto que ignorarlos es negarles la razón.
En la compresión crítica de las propuestas participan también los sectores sociales que miran con preocupación las similitudes con otros momentos de nuestra historia patria. El que con la misma vehemencia y convicción, se diga hablar por el pueblo tal como en su momento se le hizo hablar sobre los fueros y los privilegios, el orden y el progreso, o el destino siempre ascendente de la Revolución mexicana. Tal como ahora, con la misma convicción y las mismas muestras de infalibilidad, quienes entonces invocaron al pueblo dijeron representarlo, tal como ahora se hace para querer reformar a la justicia nacional. Otros tiempos y otros modos con los mismos y fallidos afanes de salvación.
En las próximas horas México estará frente a una encrucijada histórica. Los 128 senadores de la República tendrán que decidir entre varias posibilidades. En el ámbito estrictamente personal, ¿cómo quieren verse ante sí mismos? ¿Como integrantes de un movimiento al que habrán de delegarle su decisión, o como individuos que, conscientemente, han decidido actuar por voluntad propia?
En el ámbito de sus responsabilidades públicas, los senadores tendrán que pensar la manera en la que su voto, individual y concreto, habrá de repercutir en el México por venir. Respetuosamente les pido que al votar no invoquen la tan manida solución del juicio de la historia para fugarse del presente en el que tienen que actuar. Con el mismo respeto les pido que no se escapen de sí mismos invocándose su mera tranquilidad de conciencia. Como ciudadano les pido que como senadores de la República se enfrenten a sí mismos, sin las mediaciones de sus líderes de hoy, sin los escapismos de las falsas conciencias, y sin posponer su propia individualidad en la fantasía de un juicio de la historia por hacerse.
Quienes estamos reunidos aquí invitamos a los senadores y a las senadoras de la actual Legislatura del Congreso de la Unión, a que sean amos de sí mismos. A que, como lo quería nuestro poeta Carlos Pellicer, a que sepan ser héroes de sí mismo. Sin estridencias y sin alardes. Los invitamos a que voten por la ambición de saberse libres. Con la conciencia de lo que por sí mismos son. En la responsabilidad que por ustedes mismos les confirió el voto popular para guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Para mirar en todo por el bien y la prosperidad de la unión de todos los mexicanos. De todos los mexicanos.
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