Las víctimas que quiere el Estado son las que se rinden

Lydia Cacho tiene miedo porque Mario Marín hoy duerme en su casa, mientras ella lo hace fuera del país desde hace varios años por las amenazas que ha recibido. Pese a que las autoridades consideraban a su agresor como peligroso, una jueza federal le cambió la medida cautelar para que enfrente su proceso por tortura en libertad y ya no en prisión. Las abogadas de Lydia han anunciado que impugnarán esta decisión porque pone en riesgo a la víctima.

María Elena Ríos también ha declarado que teme por su vida. Lleva casi 5 años luchando contra la impunidad en la tentativa de feminicidio con ácido que vivió. Un juez local absolvió el miércoles a sus agresores y decidió dejarlos en libertad. Horas después, una jueza de apelación dejó sin efectos esta decisión y ordenó mantener a los acusados en prisión preventiva justificada. El proceso seguirá.

Ellas son sobrevivientes de casos emblemáticos, ampliamente difundidos por los medios y respaldados socialmente y aun así no han podido encontrar justicia. Imaginen todas aquellas víctimas que no tienen el foco mediático, que no tienen recursos y que solas se enfrentan al poder.

Por eso, no puedo dejar de pensar en la declaración que dio María Elena Ríos a este diario el 23 de enero de 2023: “Las víctimas que quiere el Estado son las que se rinden”.

Cuando habla de “el Estado”, María Elena no se equivoca: se refiere a congresistas locales y federales que ante el alza de la violencia contra las mujeres hacen absurdas reformas que suben penas para sancionar a agresores que pocas veces pisan la cárcel. En México, más del 95% de los delitos contra las mujeres nunca se resuelve y menos de un 3% recibe una sentencia condenatoria.

Se refiere a legisladores y legisladoras que impulsan una reforma judicial que deja de lado la revisión de leyes mal hechas, entre ellas la tipificación que han hecho de muchos delitos que complica la vinculación a proceso. Tampoco se les ocurre legislar para eficientar las investigaciones en las fiscalías y los recursos judiciales, para que ningún caso como el de tortura que vivió Lidya Cacho pueda extenderse durante 19 años sin que todos los involucrados estén sentenciados.

El Estado incluye también al Poder Ejecutivo, a los gobernadores como Alejandro Murat, acusado por María Elena de proteger a su principal agresor, Juan Antonio Carrizal. O Marío Marín, exgobernador de Puebla, acusado por Lydia Cacho de ser no solo cómplice de sus agresores, sino actor intelectual de los delitos cometidos en su contra por la policía estatal.

El Estado abarca desde luego al Poder Judicial local y federal. A los jueces y juezas que se corrompen, que no juzgan igual a ricos que a pobres ni a mujeres que a hombres. Las mujeres, por ejemplo, reciben sentencias más duras por los mismos delitos que los hombres y tardan más tiempo en recibir sentencia. Los ricos acceden a cambios de medidas cautelares que les permite enfrentar su proceso en libertad y no en la cárcel con mayor frecuencia que las personas pobres. Ejemplos hay muchos: los más recientes: Mario Marín y Adolfo Karam.

El Estado son los tres poderes con todos sus niveles, conformado por innumerables personas con cargos públicos que con frecuencia son corruptas o negligentes, que actúan conjunta o separadamente, algunos por intereses, otros por miedo, costumbre o ignorancia, pero que logran un mismo fin: mantener un sistema que trasciende sexenios y partidos políticos para seguir imponiendo una (in)justicia clasista, racista y machista.

Ese es el sistema que tiene que caer. Lydia Cacho y María Elena Ríos, como tantas sobrevivientes más, tienen miedo, pero no se van a rendir.

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