El calvario de Guillermina Galván para defender su hogar y el de 51 animales

Hay algo distinto en la humanidad de las personas que, de manera desinteresada, por un profundo amor pocas veces explicable, deciden entregar su vida a rescatar animales. Conozco varios, que no permanecen indiferentes a un perro desorientado en los carriles centrales de Viaducto, un gato desnutrido que llega al edificio donde viven, o cualquier ser vivo que necesite ayuda. El vínculo de protección sucede de inmediato y atado a este, viene una carga de afecto, que a la vez se convierte en algo para siempre, al menos hasta que tengan la certeza de conseguirle un hogar donde esté sano y seguro. Mi madre y un gran amigo, Diego Martínez, son de este clan de rescatadores que no esperan nada a cambio, así que me es familiar el sentir y la conexión que tienen con los animales y lo que significan para ellos.

Cuando leí la historia de Guillermina Galván, no pude imaginar su dolor cuando llegó a su casa, ubicada en el cañón de San Carlos, en el municipio de Ensenada, el 30 de agosto pasado. En el predio donde vive se alojaba también un albergue para animales que ella misma había rescatado, principalmente perros, pero también algunos gatos y un gecko: había 62 ejemplares en el refugio esa mañana.

Aprovechando la ausencia de la rescatista, trabajadores de las empresas Pétreos del Pacífico y Amaya Curiel ingresaron al lugar con vehículos tipo pick up y maquinaria para “limpiar” el que presumían era parte de su terreno, arrasando con todo a su paso, incluida la casa de Guillermina y las jaulas de los animales, con ellos dentro. La “limpieza” mató a 22 animales: 19 perros, dos gatos y el gecko.

Al llegar y encontrar su propiedad destruida y sus animales corriendo por doquier, Galván intentó detener la agresión colocándose frente a uno de los dompes (camión de volteo) y bloqueándoles el paso con su propio carro, ya que además se estaban llevando las cosas que encontraron en la casa y algunos cuerpos de los animales, revueltos con objetos y escombro.

En medio de una obvia crisis emocional, la terapeuta y rescatista realizó transmisiones en vivo de Facebook para denunciar lo ocurrido. Al acercarse a los tractores, advirtió que tenían cartulinas pegadas en las puertas para cubrir los nombres de las empresas. Con ayuda de su asistente, rompieron las cartulinas para que en los videos pudiera quedar registrado el nombre de quien invadió su predio: Pétreos del Pacífico y Amaya Curiel, se leyó claramente en los vehículos.

Con apoyo de su abogado confrontó a los conductores de los vehículos, que permanecieron en el lugar por el bloqueo de ‘Mina’ y mientras se aclaraba por qué habían ingresado a un predio que no les pertenecía, sin permiso. Pero como es habitual en México, los autores materiales del ataque se limitaron a decir que siguen órdenes y que solo estaban haciendo su trabajo.

Más tarde llegaron policías debido al llamado de las mujeres al 911, pero la única autoridad que acudió —dos días después— fue el DIF de Ensenada. Mientras las pertenencias de Guillermina y los cuerpos de algunos animales seguían en los vehículos (los que se pudieron encontrar porque algunos dompes sí se fueron cargados), unos policías acudieron al lugar con empleados de Amaya Curiel, supuestamente para revisar los documentos de ambas partes y verificar quién era el propietario del predio.

Guillermina asegura que ella ocupa el predio legalmente porque le está pagando el terreno al propietario, de nombre Esteban Córdoba. Sin embargo, Amaya Curiel posee otro terreno a unos metros del suyo, también adquirido a los mismos dueños, por lo cual intentaba —según el testimonio de Guillermina— hacer creer que ese terreno también es suyo, aunque no son vecinos, ni siquiera están cerca. También casi una semana después del ataque, el ayuntamiento clausuró las instalaciones de Pétreos del Pacífico, pero no por este caso sino porque —a raíz de él— descubrieron que operaba sin permisos y sin dictamen de uso de suelo desde hace 22 años.

Las dos primeras semanas después de la invasión y ataque, llegaron donaciones de la población, tanto en especie como voluntariado para levantar de nuevo lo que quedó del refugio —que Mina llama santuario—, pero fue insuficiente. Ante la viralización del caso en los primeros días, los gobiernos locales le dijeron que le darían apoyos, pero han sido muy pocos y sin ninguna utilidad.

100 días después, la dirección de Ecología y Medio Ambiente del ayuntamiento la ha instado a salir de ese predio y ubicarse en otro “más seguro para ella y sus animales”, argumentando que se trata de suelo de conservación y que a pocos metros hay un polvorín que representa mucho riesgo para cualquier ser vivo, por lo cual le piden que busque otro predio dónde instalar el refugio.

Con ese objetivo de que abandone el predio, Ensenada le ofreció otro en comodato, pero ella no ha querido aceptarlo porque esa figura (el comodato) no le da seguridad de poder permanecer allí, pueden quitárselo en cualquier momento; aunque su principal motivo de rechazo es que ese terreno fue un relleno sanitario hace un par de décadas, por lo que le preocupa que la tierra pudiera ser tóxica para ella y sus animales.

Solicité a la Fiscalía de Baja California una entrevista para conocer los avances del caso a nivel judicial, ya que Mina denunció la invasión, pero no me dieron respuesta.

Todos los servicios necesarios para la recuperación son financiados por la propia Guillermina: abogados, terapia psicológica, un topógrafo para definir tipo y límites del suelo, además de que sigue pagando la manutención de los animales. Sus consultas han disminuido hasta 70% desde la agresión, por lo tanto, sus ingresos. Le llegan donaciones, pero son insuficientes y no tiene apoyo de ninguna autoridad. Cada mes convoca a una marcha para exigir justicia en Ensenada, pero llama en redes sociales al apoyo de la población en otros estados, a fin de hacer un eco mayor.

Lo único que ha recibido —y subraya que agradece mucho— es protección y vigilancia policiaca, pero eso es muy reciente, de hace unas dos o tres semanas. Esto debido a que solicitó en tres ocasiones protección ante amenazas que ha recibido: a su vida, a sus animales, e intimidación. Por la noche se ven luces apuntando a su terreno, llegan carros a merodear el terreno, todo indirecto y sutil: nadie de las dos empresas ha regresado a buscarla ni ha establecido ningún contacto con ella desde el ataque.

A la fecha, tanto Guillermina Galván como sus animales viven a la intemperie, ahí mismo en el Cañón de San Carlos, en casas de campaña improvisadas con pedacería de lo que quedó o con lo que les han donado algunas empresas que ya no usan su estantería, han ido armando puestos para resguardarse, especialmente en la noche, pues esa zona es especialmente fría.

El calor que queda lo dan los 51 animales que permanecen ahí, después del ataque adoptó un perro más; y la perra que estaba esperando cachorros tuvo ocho. Guillermina vive por y para ellos, no es manda, es una mezcla entre pasión y compasión.

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