Los desaparecidos no tienen un lugar en la agenda de México

El registro y los números importan para darnos cuenta del México que éramos, del que fuimos alguna vez y por supuesto del que somos. Dos datos brutales. En 2006 en los Semefos (Sistema de Identificación de Cadáveres del Servicio Médico Forense) de todo el país había 178 cuerpos no identificados, en 2020 el número de cuerpos no identificados llegó a 52.000. En 2007, se tenían registradas 8 fosas clandestinas en todo el país, en 2023 van 5.696 fosas registradas por la autoridad. Ambos datos los tengo en la memoria gracias al trabajo de los periodistas Marcela Turati y Efraín Tzuc, encargados de ponernos en la cara cómo México ha sido rebasado por sus muertos.

Con los desaparecidos sucede lo mismo, este número —con la frialdad que esto significa, sin dejar de lado la historia de cada uno— no ha dejado de crecer desde 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón emprendió una guerra contra los cárteles del narcotráfico. Si bien el país ha tenido tres gobiernos distintos desde entonces, el actual se encaminó a superar las desapariciones de sus dos predecesores desde este 2023, un año antes de concluir el mandato.

El 11 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el levantamiento de un nuevo censo de personas desaparecidas, argumentando que el registro actual está desactualizado y que los “servidores de la Nación” —este ejército de ‘ayudantes multitareas’ del gobierno que fueron promotores electorales en la campaña de AMLO, hoy concentrados en la secretaría del Bienestar— realizarían uno “confiable” acudiendo directamente a los domicilios de las personas desaparecidas para comprobar que... siguen desaparecidas. En su conferencia matutina indicó que el censo estaría listo en un mes, es decir, en julio, pero esto no ocurrió.

El 31 de julio, López Obrador fue cuestionado nuevamente sobre este ejercicio: en esa mañanera aseguró que con el nuevo censo ya se estaban “encontrando” personas que seguían reportadas como desaparecidas, en un “porcentaje considerable” pero dijo que los datos exactos los presentaría “más adelante”. Ahí renovó el plazo para concluir el censo: “yo pienso que en unos tres meses, porque ya llevamos algún tiempo en esto avanzando”, dijo.

Al día siguiente, el 1 de agosto, detalló su explicación de por qué hay más desapariciones que antes, ya que le pareció imposible que en su gobierno hubiera más personas desaparecidas que en el de Calderón (2006- 2012). “A nosotros nos llamaba la atención que había más desaparecidos que (...) en los anteriores gobiernos. Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón y lo estaban usando nuestros adversarios (...). Entonces pedí una información sobre esto y llegamos a la conclusión de que los censos no estaban actualizados y que teníamos que hacer un nuevo censo, una revisión casa por casa y lo estamos haciendo en todo el país y afortunadamente estamos encontrando a mucha gente que aparecía en los registros como ausente, desaparecida”, aseguró.

Mientras tanto, las desapariciones no cesaron, por lo que en agosto los registros confirmaron lo que adelantaba Santiago Aguirre, director del Centro Prodh: sin haber concluido aún, el Gobierno de López Obrador rebasó a todo el del priista Enrique Peña Nieto por 10.000 desapariciones; y duplicó las de Felipe Calderón, según publicó el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab con datos oficiales, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La misma fuente de la cual los ‘servidores’ extraen los datos de los desaparecidos para visitarlos en sus casas.

En ese mismo mes, el día 23, renunció quien fuera la máxima autoridad federal en la búsqueda de las más de 110.000 personas desaparecidas en México, Karla Quintana. Su dimisión se dio en el contexto de este nuevo censo y de fuertes cuestionamientos sobre la Comisión a su cargo; su argumento al presentar su renuncia fue “en virtud de los contextos actuales”. El trabajo de Quintana, abogada de alto prestigio, se vio cuestionado por el presidente, quien tras la renuncia dijo que la búsqueda de desaparecidos “no depende de una persona”.

La Comisión Nacional de Búsqueda pasó dos meses exactos sin titular, hasta el 24 de octubre pasado, cuando fue nombrada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien tiene como única experiencia para ocupar el cargo el aval presidencial.

100 días después de la promesa presidencial del “nuevo censo” de desaparecidos… NADA. El Gobierno no ha hecho ninguna presentación oficial, ni siquiera un adelanto de los estados censados; buscamos a la Secretaría del Bienestar para conocer los avances y no obtuvimos ninguna respuesta, pero lo más grave es que algunos colectivos de víctimas aseguran que ni siquiera los han contactado a ellos para censarlos. “No es verdad, no es verdad eso. Porque en Sonora hay más de 7.000 desaparecidos y en mi casa, que supuestamente somos un colectivo muy grande, que trabaja mucho, que es muy visible, nunca han ido a la casa a preguntarme los detalles sobre la desaparición de mi hijo”, me dijo Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres buscadoras de Sonora y una de las líderes de buscadoras más conocidas de México.

Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, el estado con más personas desaparecidas en México, me dijo en entrevista: “De hecho, al principio, cuando salió esta noticia, nos entrevistaron y estábamos muy felices porque dijimos ‘bueno, si va a ser un censo como los que hace el Inegi, que van casa por casa, por fin va a salir a la luz las cifras de todos los desaparecidos’, al menos en Jalisco estamos luchando desde hace años por este tema. Ya cuando nos dimos cuenta que era en base al Registro Nacional, pues... otra tomada más de pelo, ¿no? Para las víctimas y los colectivos […] Lo que no nos parece a nosotros, que se nos hace como para maquillar aún más -y más en tiempos electorales- las cifras de desaparecidos; porque al parecer el censo se va a realizar sobre el Registro Nacional. Entonces Jalisco lleva un atraso de casi dos años o más en el Registro Nacional, no están actualizados. Por ejemplo, mi hijo que está desaparecido desde el 18 de mayo del 2021, no aparece en el Registro. El hijo de la presidenta (del colectivo) tampoco aparece, él desapareció el 22 de Octubre del 2020 y tampoco aparece en el Registro. Entonces el censo al parecer, a lo que nos han comentado incluso aquí en la comisión local de búsqueda, es que no nos han buscado porque no aparecen ahí”.

Esto solo provocará que el número oficial de desaparecidos disminuya aún más porque van a depurar un registro de por sí incompleto, advierte el activista. “Van a recortar aún más las cifras de desaparecidos, van a aparecer menos de los que realmente son. No creo que sea incluso tenga mayor utilidad que demostrar una falsa realidad de lo que se está viviendo en México”.

La realización del censo no ha sido bien recibida por colectivos de búsqueda y expertos, que temen un simple intento de maquillar cifras con miras al cierre del sexenio. También se ha criticado que en el ejercicio no se haya incluido al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero principalmente, el censo ha incomodado a las familias de los desaparecidos: se sienten revictimizados, más que ayudados en su búsqueda. Y al interior impera la desorganización, igual que con otros ejercicios anteriores encargados a los ‘servidores’, como el Censo del Bienestar y la dispersión de programas sociales.

Promesa al vacío que parece burla, el presidente se hace nudos con los desaparecidos, desprecia el cara a cara con organizaciones de buscadores y quiere cambiar a través de un censo la realidad que lo golpea desde el día uno de su sexenio. Su ocurrencia le costó la renuncia de una de las personas más valiosas del gobierno federal, a un año del fin de su mandato parece que su legado estará acompañado de fosas clandestinas, semefos a reventar y desaparecidos por contar.

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