Espionaje a Gertz y lucha de poder: choque de trenes en la 4T

El cuarto año de López Obrador es escenario de disputas que amenazan no solo la estabilidad de la administración sino la gobernabilidad misma. En las últimas horas esas disputas por el poder han escalado, y sus turbulencias son impredecibles para dos de los tres poderes de la Unión.

Capítulo más reciente del descontrol que trae AMLO, y más revelador de a lo que se está dispuesto a recurrir en esta pelea, es la filtración de audios donde Alejandro Gertz Manero reniega junto con un cercano colaborador de las decisiones que ministros de la Suprema Corte están a punto de tomar en un caso que implica personalmente al fiscal general.

No se requiere hablar abogañol para discernir la gravedad de lo que estos dos máximos funcionarios de la Fiscalía General de la República tratan de dilucidar con respecto de un proyecto de sentencia del máximo cuerpo de la justicia mexicana.

La relevancia de los audios filtrados el viernes por la noche es antes que nada de forma. El fiscal Gertz es exhibido en maniobras que desprecian la autonomía de los ministros, y de la Corte misma, pero también los derechos de su contraparte en una confabulación legal de la que ya se ha dado abundante y ruidosa cuenta en la prensa (caso conocido por la defensa que han emprendido los hijos de Alejandra Cuevas, detenida por esa trama).

En los audios, Gertz y Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales, reniegan del sentido en que se perfila la sentencia de la Corte que debe resolver si Cuevas enfrenta su proceso en libertad. Si se tratara de dos personas particulares, de dos abogados estudiando los escenarios de un querellante, incluso, podría ser casi convencional lo que se escucha en la filtración, incluida, por supuesto, la fanfarronada de que ya se cuenta con la complicidad de algunos ministros.

Pero estamos ante la conversación de los dos funcionarios más poderosos de la FGR, abocados como están a resolver a favor de un individuo —el Fiscal general—, que no de la justicia, un caso que mantiene en la cárcel a una mujer, hija de la expareja del hermano fallecido de Gertz Manero.

Que el fiscal general ha dedicado en un caso personal tiempo que debería consagrar a los intereses de la República no es algo nuevo. Que ese caso haya recobrado bríos desde que él asumió tan alto puesto, tampoco por desgracia es una novedad. Pero escucharlo en su afán, y en las denostativas frases con las que exhibe su desprecio a la contraparte y al Poder Judicial mismo, obliga a los ministros de la Corte a demostrar su independencia —incluso del titular de la Corte, de cuya libre actuación incluso antes de estos audios ya se dudaba bastante—, y obliga al presidente López Obrador a resolver peleas que ahora han escalado al punto del espionaje, gravísimo, del abogado de la nación.

Porque los audios, extraídos sin remedio de forma ilegal pues es prácticamente imposible que Juan Ramos los haya filtrado o el propio Gertz saque algo benéfico de esta revelación, muestran que en torno a López Obrador poderosos intereses han decidido dirimir sus pleitos no en los tribunales ni en los corredores de Palacio, sino en los medios y en las redes sociales, un espacio donde Andrés Manuel ha perdido a últimas fechas varias batallas que ya se reflejan en su desaprobación en las encuestas.

Las conjeturas sobre lo que se pretende con la revelación de estos audios no tienen que retocerse mucho para encontrar los motivos de la misma. Gertz Manero había querido construir a últimas fechas una torre infranqueable desde la que desafiaba a toda autoridad, a toda persona. Incluido, y para empezar, el presidente de la República.

Y es que el timing de la revelación no se entiende sin tener en cuenta las acciones judiciales emprendidas por Gertz al perseguir a un grupo de abogados cercanos al exconsejero jurídico de Andrés Manuel, que es además amigo personal de éste; esas querellas han sido respondidas con este bazucazo que desnuda el talante poco o nada institucional del fiscal.

Pero en el centro de todo está López Obrador y el destino de su sexenio. Si una lectura hay que hacer de los audios subidos a Youtube desde el jueves, pero circulados el último día hábil de la semana es que suponen una alarma, no sabemos si la última, para que Andrés Manuel retome el control de gente que le había prometido lealtad, pero que ahora se enfrasca en pugnas cuya deriva amenaza la estabilidad política.

Gertz Manero es una bala perdida en el tablero del Gobierno. Sus descarados (porque son nada discretos) choques con Santiago Nieto, cuando éste era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aun cuando ya había salido de ese puesto, dieron muestra de que al fiscal le tienen sin cuidado las consecuencias de reyertas que parecen motivadas fundamentalmente por pasiones revanchistas antes que por motivos jurídicos o institucionales.

Apaciguar esa batalla, que tuvo todavía en estos meses un nuevo capítulo a periodicazos, obligó a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, empleara tiempo y oficio, con resultados magros e inciertos hasta ahora. Horas y diligencias empleadas en aplacar a quienes se supone deben privilegiar el interés del Gobierno del presidente. Sin embargo, tal antecedente hoy es un pálido recuerdo frente a la nueva cruzada de Gertz Manero.

Desde finales de año se supo que Adán Augusto había recibido la encomienda presidencial de tratar de detener una nueva embestida de Gertz Manero, ésta contra uno de los hombres que más cercanía ha tenido con López Obrador desde la frustrada campaña del 2006: Julio Scherer Ibarra era el nuevo objetivo del fiscal, en un giro digno de mentes novelescas, pues se le volteaba al exconsejero jurídico ni más ni menos que quien fue por él promovido a la Fiscalía.

Scherer Ibarra es el hombre que explica una de las maneras en que López Obrador se estableció a partir de 2018 como el poder de poderes. Fue un operador político del Gobierno del tabasqueño. Y ahora el fiscal pretende cazarlo, una jugada con la que de paso se ha dejado al descubierto la forma de negociar e incluso estrujar de AMLO.

Porque bien vistas, las maniobras del exconsejero jurídico estuvieron orientadas sobre todo a un fin: establecer que Andrés Manuel no sería adorno de nadie, que no habría poder fáctico que le impusiera temas o tiempos, cotos o costos. México tenía nuevo presidente y Julio se convirtió en el operador de distintas iniciativas jurídicas y también políticas con las que López Obrador fijó en el imaginario el estreno de una manera de tomar decisiones en Palacio, y que todos habían de ajustarse a ella.

Esos ajustes incluyeron el cobro de fortunas que, a juicio del presidente, habían sido escamoteadas indebida o ilegalmente al erario. De ahí las no pocas reformulaciones de términos económicos, en contratos y concesiones públicas, algunas multimillonarias retribuciones fiscales de empresas a la Tesorería y, sin lugar a dudas, negociaciones con quienes han sido apresados para estipular la reparación del daño, en pos de esos acuerdos la mano de Julio llegaba a tronar dedos en múltiples instancias.

Que ahora se lleguen a conocer detalles de esas operaciones implica el riesgo de duras turbulencias. Mas este no será un escándalo como el de la casa gris, que independientemente de los méritos periodísticos de la revelación logró destantear por semanas al presidente; estamos ante una pugna de golpes secos, qué duda cabe, pero de compleja apreciación por parte de las audiencias; una pelea de abogados con mensajes cifrados de y para las élites donde las resonancias, y los costos, repercutirán, primero, en la imagen del Gobierno. Un debate lleno de latinajos y verdades legales a modo que saturará el espacio de sabiondos de la opinión pública; pero, eso sí, la gente de abajo sabe perfectamente que cuando los de arriba se están peleando las pisotadas de los elefantes siempre las resienten más los que están a ras del suelo.

Pero así no haya una smoking gun sobre quién es el malo de esta pelea, así no exista una casa blanca o gris con la cual predisponer a la sociedad sobre quién es el culpable de estas denuncias en donde los acusados del sexenio van por la revancha de la mano misma del fiscal, el presidente no ha de confiarse en que esta batalla no implique grandes costos para su proyecto. Porque a final de cuentas lo que estará en entredicho es la manera en que se ha ejercido el poder en este Gobierno: las maniobras que se denuncian —la existencia de presuntos pagos de indiciados famosos al entorno de Scherer para poder librarse de las acusaciones o de la cárcel— no pudieron ocurrir sin el conocimiento de López Obrador. El exconsejero, por cierto, ha negado cualquier corrupción.

Si al ejecutar esas maniobras hubo corrupción el presidente está en un callejón sin salida, o abusaron de él o abusaron junto con él. Si no la hubo, entonces tiene a Gertz Manero desafiándole: porque Julio es AMLO, AMLO es Julio y en estos años se hermanaron más.

Por esa confianza, el presidente de la República encargó a Scherer Ibarra una forma de ejercer poder y presión en contra de adversarios y/o a favor de los intereses oficiales; eso per se no es malo, pero pocas veces es presentable. Ya se sabe: a pocos les gusta ver cómo se hacen las salchichas.

López Obrador tenía en Julio a un eficiente operador, que incluso fue el eje de un grupo de judicialización de casos importantes, un espacio de real politik donde representantes de la FGR, del Poder Judicial y de la Presidencia de la República se ponían de acuerdo sobre la priorización de los objetivos. Un esquema del que se puede reconocer su pertinencia política-estratégica si se pasa por alto que linda en la ilegalidad y compromete la autonomía de los poderes. Se sabía de ese grupo desde hace meses, pero el recuento más puntual sobre su operación lo ha publicado esta semana Raymundo Riva Palacio.

En esa mesa estuvieron en un tiempo juntos y orientados hacia el mismo objetivo personajes que ahora están enfrentados en lo que parece el choque de trenes del sexenio. La salida misma del Gobierno por parte de Scherer Ibarra en agosto pasado, justificada estos días por el presidente como una búsqueda por equilibrar y rebajar costos en su gabinete, logró justo lo contrario: empoderó al Fiscal General de la República de tal forma que incluso hace ver incapaz al actual secretario de Gobernación. Y de la nueva raya a ese tigre que acumula escándalos llamado Arturo Zaldívar no hace falta agregar más.

La posición de Gertz Manero queda comprometida con el contenido de los audios, pero la revelación del espionaje al fiscal, y la intentona de dañarle, habla de que lo que está en riesgo es el proyecto mismo del presidente. O contiene y conduce a sus colaboradores oficiales y oficiosos, o mientras unos pelean por su inocencia y el fiscal por imponer su poder a sus exfamiliares y a sus excompañeros de gabinete, el Estado mismo podría descarrilar: exhibido como está por este nuevo escándalo el presidente de la Corte, el Fiscal General de la República y el actor aún silencioso de esta trama: Andrés Manuel López Obrador.

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