COLUMNA
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Narcomex 2022

En el amanecer de un nuevo año es dable formular la pregunta de si en términos de seguridad el Estado mexicano es una mera entelequia, de si es ya preciso reconocer cuánto del orden de las cosas lo establecen los criminales

El Ejército mexicano custodian la escena de un homicidio múltiple en Tijuana.
El Ejército mexicano custodian la escena de un homicidio múltiple en Tijuana.Omar Martínez

De arranque hay que aclarar que es incorrecto pensar que todos los problemas de violencia e inseguridad en México se deben al narcotráfico. Hoy las bandas criminales, comúnmente llamadas cárteles, medran con mucho más que con la producción, trasiego o venta de estupefacientes; pero la diversidad de sus actos delictivos, también hay que decirlo, no excluye a los narcóticos.

El santo y seña del inicio del 2022 en la República mexicana es la demostración del poderío de los criminales, y la podredumbre –y mansedumbre– de los aparatos gubernamentales que deberían enfrentar ese flagelo.

En apenas la primera semana del año tuvimos noticia de masacres en Zacatecas y Veracruz, pero también recuentos puntuales de decenas de asesinatos en poblaciones de Estados como Jalisco, Guanajuato o Baja California, entre muchos otros.

Nadie, sin embargo, podría llamarse a sorpresa ante estos hechos, pues son todo menos novedosos: en cuanto a violencia el calendario 2022 se ha inaugurado con un signo de peligrosa continuidad.

Continuidad entendida como la imparable ola anual de asesinatos en toda la República, y lo mismo si hablamos de masacres: porque las imágenes de un montón de cuerpos sin vida, con señales de tortura, hallados el viernes en la veracruzana región del Papaloapan, así como los diez cadáveres dejados un día antes en una camioneta afuera del palacio de Gobierno zacatecano, traen a la memoria similares tiraderos de cadáveres en los últimos 15 años en México.

Porque cada uno de las ejecuciones que ocurren en México hasta acumular la cifra anual, fija en 30.000 homicidios desde hace tres años por más que la Administración quiera decir lo contrario –y eso sin contar los miles de desaparecidos–, es una muesca que recuerda a los mexicanos quién manda, y ese no es el Gobierno federal y mucho menos los estatales.

Y hablando de estos últimos, por si faltaran argumentos sobre quién es quién en eso del poder, este arranque de año nos trajo una sugestiva imagen: el diario El Sol de México publicó en la semana una fotografía donde Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, aparece abrazado de tres personas identificadas por autoridades y expertos como líderes de peligrosas bandas criminales (actualmente uno de ellos fallecido y otro en prisión).

La reacción a lo publicado va de la abulia mostrada por el Gobierno federal a explicaciones victimistas por parte del exfutbolista. En eso también hay continuidad.

De la patada

Andrés Manuel López Obrador prometió que pacificaría al país con dos grandes herramientas. Sus programas sociales harían que los pobres no fueran carne de cañón de los ejércitos criminales; y el Ejército mexicano sustituiría a la Policía Federal mediante la creación de una Guardia Nacional que pronto triplicaría en elementos a los policías de tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se desplegaría por todo el territorio con cuarteles fijos, cosa que la PF nunca tuvo. Tres años después el experimento dual no da frutos tangibles.

Desde el arranque del Gobierno, López Obrador sostiene reuniones cada mañana con su gabinete de seguridad. Tanto los indicadores de violencia –el más recurrido es el de homicidios dolosos— como el poderío evidente de los grupos armados hablan de que o esas reuniones son solo un montaje, o la estrategia ahí discutida es totalmente insustancial.

El Gobierno tiene un discurso que no empata con la realidad. La alternancia de 2018 no ha significado en forma alguna que cambien para bien la vida en distintas regiones que de tiempo atrás carecen de Gobierno legal.

La zona caliente de Michoacán fue en 2021 una vez más escenario de enfrentamientos entre bandos delincuenciales sin que la autoridad interviniera sustancialmente. Ahí –donde en 2006 Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico— muy poco parece haber cambiado: los criminales imponen sus reglas sobre quién transita y los tributos correspondientes.

Ese poderío también se manifiesta –igual que antes– en entidades como Guerrero o el Estado de México. Pero también en los últimos 12 meses vimos balaceras en Tamaulipas –como antes–, activistas y defensores de la tierra asesinados –como antes–, periodistas violentamente silenciados –como antes— y, por supuesto y al igual que antes, políticos asesinados en las campañas electorales.

Es decir, con medio sexenio a cuestas no existen indicios de que el presidente López Obrador esté en la ruta de cumplir su promesa de pacificar el país.

Mas no todo es similar a lo de antes. En la actual Administración hay en este rubro al menos dos novedades.

La primera: en el 2021 la oposición, y detallados recuentos periodísticos, denunciaron que en las elecciones de junio pasado se padeció una intervención –hasta ahora tolerada y no castigada– de actores criminales. El común denominador de esa operación, de escala inocultable en Estados como Sinaloa, es que habría favorecido a candidatos del partido del presidente de la República.

La segunda: López Obrador no oculta su reticencia a descalificar a grupos criminales como el cartel de Sinaloa, al punto de llegar a recelar en público cuando Estados Unidos en diciembre pasado ofreció recompensa a quienes ayuden a la captura de los hijos del fundador de ese grupo, entre los que destaca, por supuesto, Ovidio Guzmán, al que López Obrador liberó un par de años atrás en medio de un desastroso operativo en Culiacán.

Estas particularidades podrían de nuevo entrar en juego en 2022, año en que habrá elecciones en seis Estados de la República, entre ellos tres donde la delincuencia organizada ha demostrado apetito y poderío.

Si por un lado la estrategia del Gobierno federal no inhibe la acción de los criminales en múltiples terrenos, y por el otro la Administración ha sido omisa a las denuncias de intervención delincuencial a favor de Morena, ¿qué ocurrirá en los venideros comicios en Quintana Roo, Durango y Tamaulipas?, por mencionar a tres entidades donde el crimen organizado ha sentado sus reales de tiempo atrás.

Si los criminales inciden en el resultado de los comicios, ¿no deberíamos empezar a llamar plazas a las entidades donde manos oscuras determinan triunfador? ¿No deberíamos incorporar el argot delincuencial al habla formal? Si a final de cuentas el triunfo tiene dueño y este no es la ciudadanía sino un poder fáctico surgido de la corrupción y la sangre, para qué seguir con la ficción de que se tienen gobiernos cuando en realidad llegan a alcaldías y gubernaturas gente que es instrumental de oscuros intereses.

Y eso por hablar de las elecciones, porque la vida cotidiana de los mexicanos se puebla con imágenes de la impunidad con que circulan caravanas de criminales, que lo mismo asesinan que patrocinan bailes o entregas de regalos en festividades o víveres en ocasión de alguna tragedia.

Frente a todas esas demostraciones, la respuesta del Gobierno de la República es una retórica tibia y hueca, una formulación de lugares comunes que no convence ni a los convencidos por más que estos disimulen que vivimos en normalidad.

En realidad, la normalidad de algunos Estados sería más parecida a lo que reveló El Sol de México el martes. Ver al gobernador Cuauhtémoc Blanco abrazado de tres individuos calificados de cabecillas de grupos criminales escandaliza no porque descubra algo, sino porque confirma lo único lógico: la inoperancia de esa Administración en la lucha anticrimen se debería fundamentalmente a la complicidad, antes que a incapacidad, si bien ésta haya quedado de suyo demostrada.

Tan reveladora es la fotografía de Blanco como su respuesta a la publicación, donde va del no me acuerdo, no me entero al me hago tonto al fin y al cabo si en algún lugar parecen no preocuparse con que haya circulado la imagen es en el Palacio Nacional, sede del Gobierno más reacio a darle importancia a la demanda de las víctimas de la violencia que haya tenido México en todo el siglo.

Blanco nunca debió gobernar un Estado como Morelos, uno donde los problemas de inseguridad son añejos y en donde se había avanzado en el combate de los mismos hasta que él llegó al poder.

Su inclusión misma en la competencia electoral de 2018 está llena de suspicacias de irregularidades e ilegalidades. Tres años después de una Administración que es un montaje –o habría que decir más puntualmente un negocio de unos cuantos— tolerado por López Obrador, tenemos un Estado en el que se puede decir todo, menos que se haya caracterizado por su beligerancia contra el crimen organizado.

A final de cuentas, el exfutbolista parece atender al pie de la letra la instrucción presidencial de que frente a la delincuencia los gobiernos deben promover los abrazos, no los balazos.

Pero el de Morelos es solo un caso más de la falta de gobernabilidad, en términos de seguridad, que priva en México.

Las Fuerzas desarmadas

Si volvemos a Zacatecas, lugar donde el jueves se dio el hallazgo de los diez cuerpos abandonados afuera del palacio de Gobierno, un desplante criminal inédito incluso en un país que en el pasado vio apilarse decenas de cadáveres en Boca del Río o en Guadalajara, sucede que el desafío del jueves ocurre semanas después de que López Obrador había anunciado en noviembre que su Gobierno fortalecería a esa entidad, desde el 2021 gobernada por alguien de su partido.

Los anuncios del Gobierno parecen no disuadir ahí, ni en otras latitudes y en forma alguna, a los criminales.

La estrategia de López Obrador ni contiene ni desarticula. El presidente es adverso a los enfrentamientos con los criminales y su estrategia de llenar de cuarteles el territorio nacional no se ha traducido en reducción de homicidios o recuperación de la paz.

Se desapareció a una Policía Federal y se ha instalado en su lugar a una Guardia Nacional que no pesa. Solo había una cosa peor que meter a las fuerzas armadas a la lucha anticrimen –tarea para la que ni están llamados ni están preparados–, y esa es ponerlos de elementos decorativos.

México es el país de las regiones capturadas por los criminales en donde estos imponen retenes mientras las policías, nacionales o locales, miran hacia otra parte; un país en el que la Secretaría de Seguridad federal es un aparato burocrático dedicado –en el mejor de los casos– a poner vacunas y la Fiscalía General de la República se ocupa de los pleitos de la agenda personal de su titular y no en perseguir a los grandes cárteles.

En este año el presidente quiere que el Congreso dé aún más poder a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de la seguridad. La falta de controles civiles de los elementos castrenses en esa tarea, además de los riesgos de violaciones a los derechos humanos, ya eran suficientes razones para considerar equivocada tal decisión. Para qué darle más poder a los que parecen no querer enfrentar, o no tener orden de enfrentar, al crimen.

En el amanecer de un nuevo año es dable formular la pregunta de si en términos de seguridad el Estado mexicano es una mera entelequia, de si es ya preciso reconocer cuánto del orden de las cosas lo establecen los criminales y no las autoridades electas.

¿Quién manda en México? ¿Quién define que tal camino o autopista es transitable de día o de noche? ¿De quién en realidad son las calles, los montes, de quién el subsuelo? ¿Para qué son las elecciones, si el sufragio efectivo en gubernaturas queda en entredicho por la operación de eso que todo mundo conoce como la maña? ¿Para tener paz debemos rendirnos al consuelo de que sea un solo grupo el que domine nuestra región, nuestra localidad? ¿Tiene sentido pagar impuestos si para construir debe darse cuota y comprar a proveedores amañados? ¿Para qué preocuparse de la inflación si el precio del pollo o la tortilla lo ponen los extorsionadores, no el mercado y menos el Gobierno? ¿Estamos en el umbral de algo llamado Narcomex 2022?

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